La Conferencia de las Partes número 16 (COP16), una oportunidad única para afianzar el compromiso del País en la lucha contra el cambio climático, y los paros campesinos y mineros que abarcan distintos departamentos, han sacado a la luz pública un escenario problemático.
En lugar de construir sobre el consenso, el gobierno de Gustavo Petro ha optado por el protagonismo y la imposición de decisiones que muestran una desconexión con las necesidades de las comunidades afectadas.
Una COP16 llena de incoherencias y mensajes contradictorios. La COP16 debió ser una plataforma para que Colombia mostrará su liderazgo en el ámbito ambiental. Sin embargo, el gobierno de Petro ha fallado en aprovechar el evento, prefiriendo llenarlo de mensajes contradictorios y de una narrativa que, en vez de motivar una transición ambiental ordenada, exhibe el afán ególatra del Presidente y su gabinete.
Un ejemplo claro de esto fue la visita del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, a las instalaciones de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk. El ministro Lizcano compartió una fotografía en la que aseguró que se estaba trabajando en un acuerdo para llevar internet satelital a zonas apartadas de Colombia. Sin embargo, en una muestra de la inconsistencia ideológica que caracteriza al gobierno, aprovechó la visita para criticar a Musk, diciendo que los “ricos destruyen la Tierra mientras buscan con sus cohetes irse a Marte”.
Este doble discurso refleja una incomprensión de lo que significa el desarrollo de tecnologías sostenibles, como las promovidas por Musk, entre ellas Tesla, líder en vehículos eléctricos y almacenamiento de energía limpia. Esta hipocresía, revela que el gobierno de Petro, a pesar de hablar de una transición energética, rechaza cualquier esfuerzo que provenga del sector privado, aún, si este sector ha sido más exitoso que el mismo Gobierno en sus objetivos de sostenibilidad.
El desconcierto ante el mensaje ambientalista del Gobierno también se vio reflejado durante la COP16; la destacada gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, puso en evidencia en su intervención, la desconexión entre el discurso y la práctica del gobierno de Petro. En medio de su exposición le entregaron en pleno marco de la COP16 una botella plástica de agua; Matiz resaltó, la ironía de la situación y llamó a la coherencia en las acciones diarias para reducir el uso de los plásticos de un solo uso.
Este episodio dejó en evidencia la falta de coordinación y de consistencia del Gobierno del presunto cambio del Presidente Petro en su propio mensaje ambiental. Aplicable aquella enseñanza que predica que, entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. De otra parte, Colombia tiene como meta para los próximos años la recuperación de 5 millones de hectáreas deforestadas y el crecimiento del sector ambiental, generando un impacto que nos permita pasar del 0,8 al 3% del Producto Interno Bruto PIB, como mínimo. Sin embargo, las políticas de Petro parecen ir en la dirección contraria. Uno de los pilares de su política de drogas es la compra de cultivos de coca en zonas de alta biodiversidad, como parques naturales y resguardos indígenas, lo que irónicamente amenaza las áreas protegidas. Esta política no solo daña la credibilidad del gobierno en su discurso ambientalista, sino que además ignora la realidad de los ecosistemas colombianos, perjudicando los esfuerzos de conservación y restauración. Se trata de una genuina e irónica incongruencia. Un absoluto contrasentido.
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En paralelo a la COP16, Colombia enfrenta un nuevo paro campesino y minero, a menos de dos meses del último paro de transportadores que dejó pérdidas millonarias en el País y que ya en menos de 5 días ha generado pérdidas económicas por más de 200 mil millones de pesos. El descontento se ha concentrado principalmente en las zonas rurales, donde el gobierno de Petro ha impuesto regulaciones que afectan la subsistencia de miles de familias. En Santander, los campesinos exigen cambios a la Ley 1930 que delimita las áreas de los páramos, prohibiendo las actividades agrícolas y ganaderas en estas zonas. Según la vocera Erika Ortiz, al menos 10.000 familias verán sus ingresos y su seguridad alimentaria comprometidas y afectadas por esta regulación. Además, las comunidades solicitan que el límite establecido de 2.800 metros sobre el nivel del mar se eleve a 3.600 metros, una modificación que al parecer aliviaría la presión sobre los agricultores sin comprometer la conservación ambiental de los páramos.
El caso del gremio minero es similar: denuncian incumplimientos de acuerdos alcanzados en 2023 con el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería. Los mineros han bloqueado carreteras en departamentos como Antioquia, Caldas, Risaralda y Córdoba, exigiendo formalización, destrucción de maquinaria ilegal y la emisión de licencias ambientales para la minería responsable. Estas demandas surgen de la percepción de que el gobierno no está dispuesto a cumplir con sus compromisos, imponiendo restricciones que, lejos de ofrecer alternativas de desarrollo sostenible, condenan a estas comunidades a la pobreza y al abandono estatal.
Uno de los puntos en común en las demandas de los campesinos y mineros es la falta de participación en las decisiones que los afectan, como lo ordena y lo exige, el artículo 2o de la Constitución Política de Colombia.
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Los estudios que delimitan los páramos y las zonas protegidas se realizaron entre 2010 y 2011, con metodologías obsoletas y sin la participación de las comunidades. Esto ha provocado que los límites impuestos no reflejen la realidad de las poblaciones que dependen de estos territorios para desarrollar sus actividades económicas y sociales de las cuales depende su sustento. La falta de consulta y de actualización en los estudios refleja una postura autoritaria por parte del gobierno, que parece más interesado en cumplir con un programa ideológico que en escuchar las necesidades de los colombianos.
Mientras Petro presenta una imagen al mundo de “gobierno del cambio”, lo que realmente vemos es una administración que impone su visión ideológica y sectores sin diálogo ni consenso, ignorando las repercusiones sociales y económicas de sus decisiones. En lugar de construir puentes con los sectores agrícola y minero, el gobierno se muestra intransigente, obligando a los ciudadanos a recurrir a paros y bloqueos como única herramienta para ser escuchados.
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El gobierno de Gustavo Petro prometió ser una administración que escucharía a los sectores populares, que buscaría la paz y el desarrollo equitativo. Sin embargo, lo que estamos presenciando es un gobierno que enfrenta a sus propios ciudadanos con decisiones que, lejos de mejorar su calidad de vida, los condenan al desamparo. La COP16, que debió ser un escenario para mostrar el compromiso ambiental de Colombia, se ha convertido en un espacio que expone las inconsistencias y las contradicciones del gobierno.
La realidad es que los paros en las zonas rurales, las pérdidas económicas millonarias y la desconexión del gobierno con la realidad de los colombianos rurales son pruebas de un gobierno más preocupado por su imagen que por sus resultados.
Si Petro realmente busca un cambio, necesita empezar por escuchar y construir, en lugar de imponer y dividir.
