El órgano de control alertó ante la baja de ejecución presupuestal del Ministerio de Igualdad y Equidad en el mejoramiento de las condiciones para el acceso socioeconómico de la población con discapacidad; asimismo, sobre los riesgos de la desaparición de esa entidad a partir del 20 de julio de 2026.
La Contraloría General de la República en un informe elaborado por la Delegada para Población Focalizada, señala que, en el período 2022-2025, se evidencian avances significativos en la construcción del marco normativo e institucional para la garantía de los derechos de las Personas con Discapacidad (PCD). Sin embargo, estos avances aún no se han traducido plenamente en transformaciones estructurales para dicha población.
El informe resalta que existe un marco normativo robusto pero heterogéneo: 14 leyes aprobadas con un enfoque progresivo de derechos, aunque con reglamentación pendiente en varios casos y aplicación desigual en los territorios.
Asimismo, en relación con la inestabilidad institucional, indica que los múltiples traslados de la rectoría de la política pública de discapacidad generan discontinuidad estratégica y dificultades para orientar, coordinar, controlar y exigir resultados. En particular, dicha rectoría pasó del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior; posteriormente, a la Consejería Presidencial para la Participación de las PcD y, finalmente, en 2023, al recién creado Ministerio de Igualdad y Equidad.
Esta problemática institucional se podría agravar por la posible desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad, a partir del 20 de julio de 2026, como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que lo creó. Esta decisión compromete la continuidad de la rectoría de la política pública de discapacidad, dificulta la formulación de nuevas acciones para esta población y genera incertidumbre sobre entidades estratégicas como el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para sordos (INSOR) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La Contraloría también estableció que no existe la debida trazabilidad presupuestal sobre la inversión pública en discapacidad, lo que dificulta el seguimiento y control, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en evidencia.
Para la Contraloría se presentan deficiencias en la gestión presupuestal del Ministerio de la Igualdad y Equidad. En el periodo 2024 – 2025, el proyecto de Mejoramiento de las Condiciones de Accesibilidad Socioeconómica de la Población con Discapacidad, con un presupuesto asignado de $38.494 millones de pesos, registró una ejecución de apenas el 17 %, poniendo en riesgo los objetivos de este y afectando a una población beneficiaria esperada de 2.847.000 personas. Del presupuesto asignado anual, dicho proyecto solo ejecutó el 1% en el año 2025 y el 23% en el 2024.
De acuerdo con los análisis realizados por la Contraloría a la información disponible en el Departamento Nacional de Planeación, existen avances en la garantía de derechos de las personas con discapacidad, sin embargo, persisten desafíos y brechas importantes en los siguientes temas que requieren atención por parte de las instituciones responsables: vinculación laboral, Certificación de las Personas con Discapacidad, Colocación en el Sistema Público de Empleo, Formación Profesional y Atención Accesible.
Aunque Colombia ha fortalecido su marco normativo en materia de discapacidad, pues entre 2022 y 2025 fueron expedidas 14 leyes relacionadas con educación inclusiva, accesibilidad, inclusión laboral, salud, protección social y apoyo a cuidadores entre otros asuntos, persisten retos significativos en gobernanza, gestión presupuestal y garantía efectiva de derechos para esta población. Para la Contraloría General solo a través de una institucionalidad estable, una política pública integral y una inversión sostenida será posible avanzar hacia un país plenamente incluyente, donde las personas con discapacidad participen, en igualdad de condiciones, en la vida social, económica y política del país.