El organismo humanitario e integrante del Ministerio Público de Colombia, expuso este jueves como ha transcurrido la implementación de los acuerdos de paz logrados con la extinta guerrilla de las Farc.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo indicó que en casi 6 años desde que comenzó la implementación, se ha logrado entregar 1.442 predios a favor de 6.384 familias en zonas de conflicto, que no tenían acceso a la tierra. Además, se han invertido más de 13 billones de pesos para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.
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En el informe presentado por Camargo se señala que hay un avance del 55,35 por ciento en los procesos de alternativas para las familias que están vinculadas al Programa Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), lo que significa que ya tienen en marcha un proyecto productivo de ciclo corto.
“El reconocimiento de los logros, dificultades y desafíos constituyen un examen de conciencia en el que las autoridades públicas y los ciudadanos deberán converger en aras de continuar en la construcción de una paz estable y duradera”, dijo el Defensor del Pueblo.
En cuanto a tierras para la población excombatiente, se resalta que 10 de los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) ya cuentan con predios comprados para su consolidación y/o estabilización. Además, de los 16 Planes Nacionales Sectoriales para la reforma rural integral 14 han sido adoptados y 2 se encuentran próximos a su oficialización.
“Hay quienes ven el vaso medio lleno y otros el vaso medio vacío, sin embargo, luego de revisar los avances, poner de manifiestos las dificultades y advertir los mayores retos, desde la Defensoría del Pueblo somos optimistas en que el país avanza firme en el propósito de cumplir con las metas que el Acuerdo de Paz se propuso al finalizar la presente década”, destacó Carlos Camargo.
El informe de la Defensoría asegura que la experiencia internacionales dan cuenta de que en los países en contexto de post-conflicto el nivel de cumplimiento a los seis o siete años alcanza un 50% del total de los compromisos, siendo la tendencia alcanzar entre el 60% y el 70%.
La Defensoría destaca que han ingresado al Fondo de Tierras 1’912.839 hectáreas para entregar a campesinos sin tierra, lo cual es un avance del 63,8 por ciento, pero el 80 por ciento de la tierra se concentra en seis departamentos, por lo que para el organismo humanitario podría haber riesgo de inequidad en la distribución de terrenos rurales.
Frente a la participación política, el organismo señala que los exguerrilleros desmovilizados han podido entrar a la política mediante el partido Comunes y que se creó el Estatuto de la Oposición, pero emitió un fuerte llamado por la persistencia de la violencia contra excombatientes ya que más de 300 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, lo que llevó a la Corte Constitucional a decretar una violación masiva de los derechos de esta población.
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Del mismo modo, sobre el punto relativo al fin del conflicto, la Defensoría señala que la extinta guerrilla dejó las armas y la mayoría de excombatientes se ha mantenido fiel a sus compromisos en la vida civil. También se destacan los avances para comprar predios para que los exguerrilleros puedan desarrollar sus proyectos en los antiguos espacios territoriales para la capacitación y reincorporación. Pero ha habido dificultades para monetizar los bienes entregados por las exFarc que deben usarse para la reparación de las víctimas del conflicto.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo enumeró, varios retos que tiene el proceso de paz y su implementación por parte del Estado Colombiano. 1) En materia de acceso a tierras es necesario incrementar el porcentaje de adjudicaciones. 2) Urge la constitución de la jurisdicción o la especialidad agraria, con el concurso del Gobierno y del Congreso. 3) Se requiere un mayor esfuerzo en la implementación del catastro multipropósito en todo el territorio nacional para 2025. 4) Ya se han aprobado y adoptado 14 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales pero se requiere su implementación como quiera que ellos se relacionan con el desarrollo del sector rural en asuntos como vías, electrificación, conectividad, agua potable y saneamiento básico, entre otros. 5) En relación con la sustitución de cultivos de uso ilícito, el desafío urgente es gestionar el presupuesto faltante para culminar los componentes del programa que se acordaron con las familias beneficiarias. 6) En los PDET conviene fortalecer escenarios de participación con las organizaciones sociales en la ejecución de los proyectos y obras. 7) Urgen medidas que mitiguen la situación de violencia en algunas zonas rurales. 8) Disponer de acciones para disminuir homicidios, amenazas y hostigamientos a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y población excombatiente.
“Estamos convencidos de que las bases que se han forjado en los últimos años nos permitirán superar la dificultades y alcanzar muy pronto la meta de la Paz que tanto hemos anhelado”, agregó Carlos Camargo.
