Concierto para delinquir y violación al régimen de inhabilidades, son los hechos por los que más condenas o pérdidas de investidura se han proferido por parte de las altas cortes del país. La Corte Suprema de Justicia ha proferido condenas contra 92 senadores y representantes a la cámara en primera instancia y 45 en segunda. Por su parte el Consejo de Estado declaró la “muerte política” de 80 parlamentarios.
La ONG, Corporación Excelencia para la Justicia, en un informe, revela que la corrupción desde 1991 deja ha congresistas y excongresitas con procesos por los delitos de concierto para delinquir, que encabeza la lista con 42.2%, le sigue el peculado por apropiación con 13.8%, concusión con 8.6%, el constreñimiento al sufragante con 5.2%, concierto para promover grupos al margen de la ley con 5.2%, cohecho por dar u ofrecer con 4.3%, tráfico de influencias con 4.3% y por último se encuentra el enriquecimiento ilícito con 3,4% de las sentencias proferidas.
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De acuerdo con el informe, al menos el 90.2% de los 92 fallos tenían sentido condenatorio y 106 servidores públicos fueron juzgados por estos delitos ante la Sala de Casación Penal.
Entre los condenados y sancionados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia están congresistas Néstor Iván Moreno, Alirio Villamizar Afanador, Germán Olano Becerra, Luis Alfonso Hoyos, Iván Díaz Mateus y Holger Díaz, Hernández perdieron su investidura en única instancia.
Ahora bien, el informe detalla además que, en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que entró en funcionamiento en 2018 con el acto legislativo que permitió la doble instancia de aforados constitucionales, al 3 de febrero de este año se adelantaban 206 procesos penales y se han proferido, desde julio de 2018, 45 sentencias repartidas en 26 condenas (57,8%), 16 absoluciones (35,6%) y tres sentencias anticipadas (el 6,7%). Se destaca contrato sin cumplimiento de requisitos legales como el delito más juzgado por esta Sala con el 18.9%, seguido de peculado con 17,8%, prevaricato con 15,6%, concierto para delinquir con 10%, cohecho con 7.8%, falsedad ideológica en documento público con 4.4%, fraude procesal con 3.3%, tráfico de influencias de servidor público con 3.3%, enriquecimiento ilícito con 3.3% y corrupción al sufragante con 3.3%.
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Recordemos que la constitución de 1991 establece un régimen especial de investigación y sanción para Senadores, Representantes a la Cámara, que junto a otros aforados; y la competencia para estos procesos recaen de manera directa en las altas cortes y no la justicia ordinaria.
