El control fiscal se debe realizar de manera articulada para lograr el desarrollo de las ciudades, así lo destacó el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, durante su participación como panelista en el foro “El rol de la contratación pública en la reconstrucción de Colombia”.
Zuluaga recalcó que es fundamental que el control fiscal no sea visto únicamente como un agente controlador o castigador, sino como un articulador clave para el desarrollo de obras esenciales en la Capital del país. Subrayó que, mientras se concretaba la idea del Metro, la ciudad no se detuvo, lo que permitió la firma de contratos que transformaron la vida de los bogotanos:
“El 18 de diciembre del 2000, ante las dificultades para concretar el Metro, Bogotá puso en operación los primeros 14 buses articulados de TransMilenio en las troncales Caracas y Calle 80. Ese primer día se transportaron 18.618 personas; hoy, el flujo que moviliza el sistema en un día está alrededor de los 4 millones de personas”, señaló el contralor.
Durante su intervención, también planteó una reflexión: “¿Puede un contrato cambiarle el rumbo a una ciudad y también reconstruir un país?”.
Recordó la emergencia vivida por el sismo reciente: “Todos aquí recordamos dónde estábamos el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana. Aquí en Bogotá lo sentimos, pero en Quibdó, Cali, Pereira y muchos otros municipios del país, ese día se partió en dos la vida de miles de familias”.
Indicó que esta reflexión busca hacer evidente que el desarrollo debe ser algo real y urgente para la ciudadanía. “Hace un momento les hablé de 77 años de espera por un contrato del Metro; sin embargo, desde el sismo han pasado 78 días. Una ciudad puede esperar décadas por una obra, pero una familia que perdió su casa o su sustento diario no puede esperar”, enfatizó.
El Contralor destacó que el Estado ha respondido y debe seguir respondiendo, pero advirtió que la magnitud de la emergencia obliga a vigilar de cerca la destinación de los recursos. Citando cifras de Transparencia por Colombia, indicó que entre el 11 de agosto y el 12 de octubre de 2026 se identificaron 768 contratos vinculados a la emergencia y reconstrucción. De estos, 630 (el 82 %) se celebraron mediante contratación directa, una cifra elevada pero propia de la urgencia del proceso. Aclaró que esta modalidad, por sí sola, no implica ninguna irregularidad.
Finalmente, concluyó señalando que la Ley 80 de 1993 plantea una pregunta concreta: ¿el contrato cumplió el fin para el que se celebró?
“El artículo 23 de esa ley ordena que la contratación se rija por los principios de transparencia, economía y responsabilidad, mientras que el artículo 267 de la Constitución nos manda a ejercer un control de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales. Es decir, el control fiscal no se limita a verificar el cumplimiento formal del procedimiento, sino a evaluar si el recurso público invertido se transformó en un beneficio real para la ciudadanía”, puntualizó.
La falta de planificación: el principal obstáculo
El contralor Juan Camilo Zuluaga señaló que la mayoría de las obras con retrasos en Bogotá presentan problemas debido a deficiencias en la planificación de los diseños y a la falta de concertación previa a la ejecución contractual, lo que convierte a la débil planificación en una traba constante para la gestión pública.
Puntualizó que, con el paso de los años, «contratar bien» se convirtió erróneamente en un sinónimo de demostrar que el proceso formal fue impecable y que cuando la prioridad se reduce a cumplir en el papel y elegir la oferta más económica, se pone en riesgo el impacto y la calidad de las obras públicas.
