La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició el estudio de una denuncia basada en las declaraciones de Deicy Jiménez, quien aseguró que existía una supuesta estructura en la que se ofrecían contratos y cargos públicos a cambio de favores sexuales. La exsenadora María José Pizarro y el expresidente Gustavo Petro rechazan los señalamientos.
La Corte Suprema admite denuncia contra María José Pizarro y Gustavo Petro en una decisión que abre una fase preliminar de análisis judicial sobre hechos denunciados por Deicy Jiménez, una mujer que aseguró haber conocido presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de contratos y cargos públicos a cambio de favores sexuales.
La actuación fue asumida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en actuaciones adicionales o si, por el contrario, la denuncia carece de soporte probatorio.
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La decisión de la Corte y el alcance del proceso
La denuncia fue admitida para estudio debido a que los hechos señalados estarían relacionados con una época en la que Gustavo Petro ejercía funciones como congresista, lo que otorga competencia a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
El caso será conocido por el magistrado Javier Fernando Fonseca, quien tendrá la responsabilidad de revisar el material allegado, valorar la consistencia de los testimonios y definir las actuaciones procesales pertinentes.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, explicó que la denuncia se encuentra en una etapa inicial y que cualquier decisión futura dependerá de la solidez de las pruebas que lleguen al expediente.
En términos jurídicos, la admisión para estudio de una denuncia no implica responsabilidad penal ni constituye una acusación formal, sino el inicio de una evaluación para establecer si existen méritos para profundizar la investigación.
¿Qué dijo la denunciante Deicy Jiménez?
La denuncia surge a partir de las declaraciones entregadas por Deicy Jiménez, quien afirmó que habría sido vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces senadora María José Pizarro.
Según su versión, algunos contratos y oportunidades laborales habrían sido otorgados a mujeres que previamente habrían sostenido encuentros con Gustavo Petro. Jiménez aseguró que recibió un contrato por aproximadamente 34 millones de pesos para apoyar labores relacionadas con la Primera Vicepresidencia del Senado, responsabilidad que en ese momento ejercía Pizarro.
La denunciante manifestó además que su llegada al equipo legislativo habría ocurrido por recomendación de Petro, afirmaciones que ahora forman parte del material que será valorado por la Corte.
Hasta el momento, estas declaraciones corresponden exclusivamente a los señalamientos realizados por la denunciante y deberán ser contrastadas dentro del proceso judicial.
La respuesta de María José Pizarro
La exsenadora y dirigente política del Pacto Histórico rechazó las acusaciones y aseguró que jamás respaldaría conductas contrarias a los derechos de las mujeres.
Pizarro sostuvo que los señalamientos carecen de fundamento y que forman parte de una estrategia destinada a afectar su imagen pública y su actividad política.
En sus pronunciamientos públicos también defendió su trayectoria en temas relacionados con la protección de los derechos de las mujeres y reiteró que su compromiso con esas causas «no se negocia».
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¿Qué puede ocurrir ahora?
Tras la admisión de la denuncia, el magistrado instructor podrá determinar distintas actuaciones dentro de la etapa preliminar, entre ellas:
- Solicitar documentos y elementos materiales probatorios.
- Ordenar verificaciones sobre contratos y nombramientos mencionados.
- Escuchar nuevas declaraciones o ampliaciones de testimonios.
- Evaluar si existe mérito para una vinculación formal de personas al proceso.
- Archivar las diligencias si no encuentra soporte suficiente.
Expertos consultados en distintos procesos judiciales han reiterado que esta etapa tiene como objetivo verificar la credibilidad y consistencia de la información aportada, garantizando el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
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Contexto político y judicial
La decisión se conoce en medio de un ambiente de alta polarización política y de múltiples investigaciones que involucran denuncias sobre posibles irregularidades en procesos de contratación estatal durante los últimos años.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación adelanta otras indagaciones relacionadas con presuntas irregularidades contractuales mencionadas en distintos testimonios que han surgido en escenarios judiciales recientes. [focusnoticias.com]
Por ahora, la admisión de la denuncia representa únicamente el inicio de una evaluación judicial cuyo resultado dependerá de las pruebas que logren incorporarse al expediente y del análisis que realice la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
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