Ante los principales banqueros y empresarios del país, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió el nuevo Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones y aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella recibió unas cuentas públicas mucho más complejas de las inicialmente previstas. El funcionario anunció una reforma del Estado, reducción de entidades, estímulos a la inversión y una austeridad cercana a $17 billones. “El primero era el presupuesto de la mentira, este es el presupuesto de la verdad”, afirmó.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, escogió uno de los escenarios económicos más importantes del país para enviar un mensaje sobre lo que viene para las finanzas públicas durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella: no habrá una nueva salida basada simplemente en aumentar los impuestos y el Estado tendrá que reducir su tamaño y sus gastos.
Gómez intervino ante empresarios, presidentes de bancos, expertos económicos y dirigentes políticos reunidos en Cartagena durante la 60.ª Convención Bancaria de Asobancaria, pocos días después de que el Gobierno presentara ante el Congreso su nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.
“Este país no aguanta más impuestos”, aseguró el ministro ante los asistentes.
Su intervención se produjo después de una semana marcada por la discusión sobre las verdaderas dimensiones de las finanzas públicas que recibió la nueva administración y por la decisión del Ministerio de Hacienda de aumentar el presupuesto que inicialmente había presentado el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
El nuevo proyecto quedó establecido en $634,9 billones, cerca de $59 billones por encima del documento anterior. El Gobierno lo ha denominado el “Presupuesto de la Verdad”.
El del gobierno anterior era el «presupuesto de la mentira”
Gómez utilizó estas palabras para explicar ante los banqueros por qué el Gobierno terminó presentando un presupuesto considerablemente superior al que inicialmente había recibido.
“El primero era el presupuesto de la mentira, este es el presupuesto de la verdad”, afirmó el ministro.
Según explicó, cuando el nuevo equipo económico revisó detalladamente las cuentas encontró obligaciones que, a juicio de la actual administración, no estaban financiadas adecuadamente.
“La nómina está desfinanciada, las pensiones estaban desfinanciadas, la salud está desfinanciada. Pequeño descache, es un problema de calculadora. Este era el desorden, el caos en que estábamos, y por eso el presupuesto de 635 billones de pesos”, aseguró Gómez.
La posición coincide con la explicación que el Ministerio de Hacienda entregó esta semana al presentar el nuevo proyecto, según la cual el incremento busca reconocer obligaciones y necesidades presupuestales que no estaban completamente incorporadas en la propuesta anterior.
El Estado gasta $40 billones al mes y recibe $29 billones, según el ministro
Uno de los datos expuestos por Gómez ante el sector financiero estuvo relacionado con el flujo mensual de recursos del Estado.
De acuerdo con las cifras presentadas por el ministro, el Estado colombiano estaría gastando mensualmente alrededor de $40 billones mientras recibe aproximadamente $29 billones.
La diferencia permite dimensionar el desafío fiscal que, según el Gobierno, deberá enfrentar durante los próximos años.
Gómez insistió en que su estrategia será reconocer la situación de las finanzas públicas en lugar de intentar mostrar cifras más favorables ante los mercados internacionales.
“Yo prefiero ir a Nueva York con estas cifras, no ocultar”, aseguró.
La afirmación apunta directamente a uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno: recuperar la confianza de inversionistas, calificadoras, organismos multilaterales y mercados internacionales mostrando las obligaciones fiscales completas y, posteriormente, un programa de ajuste.
¿Por qué pasó el presupuesto de $575,6 billones a $634,9 billones?
El contexto de la intervención es clave.
El Gobierno anterior había dejado presentado un proyecto de presupuesto para 2027 cercano a los $575,6 billones. Tras la llegada de la administración De la Espriella, inicialmente se había planteado la posibilidad de reducir el tamaño del presupuesto.
Sin embargo, la revisión realizada por el nuevo Ministerio de Hacienda terminó produciendo el efecto contrario.
Las comisiones económicas del Congreso devolvieron el proyecto anterior y el Gobierno presentó esta semana un nuevo texto por $634,9 billones, es decir, aproximadamente $59 billones adicionales.
Según el Ministerio de Hacienda, el ajuste responde, entre otros factores, a obligaciones que no habrían quedado completamente financiadas en áreas como nómina, pensiones y salud, así como a las mayores necesidades fiscales surgidas después del terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto.
El vicepresidente José Manuel Restrepo también defendió públicamente la modificación y aseguró que las nuevas cifras buscan mostrar la situación real con la que comienza la administración.
Así se repartirían los $634,9 billones
El proyecto presentado ante el Congreso contempla que aproximadamente el 62 % de los recursos corresponda a gastos de funcionamiento, el 24 % al servicio de la deuda y el 14 % a inversión.
Según explicó el ministro durante la radicación, la apropiación destinada al servicio de la deuda alcanzaría un nivel histórico.
Precisamente esa composición del gasto explica parte del estrecho margen que enfrenta el Gobierno para realizar el ajuste fiscal sin afectar inversión y programas esenciales.
Reforma del Estado: Gobierno anuncia reducción y cierre de entidades
Pero el mensaje de Gómez ante los banqueros no se limitó al diagnóstico.
El ministro anticipó que el Plan Nacional de Desarrollo de la administración De la Espriella incluirá una transformación del aparato estatal.
“Va en el Plan de Desarrollo del Gobierno, que es proempresa. Vamos a enviar un mensaje claro: estímulos a la inversión, reforma del Estado. Tenemos que reducir el Estado”, señaló.
Y agregó: “Vamos a tener normas para reducir entidades, cerrar otras entidades. Esto se debe hacer en seis meses”.
El anuncio anticipa una de las discusiones políticas y económicas más importantes que enfrentará el nuevo Gobierno: determinar cuáles entidades podrían ser fusionadas, reducidas o eliminadas y cuál será el impacto de esas decisiones sobre el gasto público.
El Gobierno pretende acompañar esta estrategia con políticas destinadas a mejorar las condiciones para la inversión privada.
Austeridad por $17 billones
Gómez también anunció que el Gobierno proyecta una austeridad cercana a los $17 billones.
El objetivo será reducir gastos mientras se adelanta la reorganización institucional anunciada por la administración.
El desafío será considerable porque una parte importante del presupuesto está comprometida en funcionamiento, deuda y obligaciones que no pueden reducirse inmediatamente.
Precisamente por eso el ministro insistió en que la solución fiscal no puede consistir simplemente en trasladar la carga a los contribuyentes.
“Este país no aguanta más impuestos”, reiteró.
El mensaje representa una señal importante para el sector empresarial, que durante los últimos años ha advertido sobre los efectos de sucesivas reformas tributarias en las decisiones de inversión.
Gobierno pide apoyo de empresarios, gremios y Congreso
El ministro también reconoció que la transformación económica que plantea la nueva administración no podrá adelantarse únicamente desde el Ejecutivo.
“Nosotros no podemos dejar que siga creciendo la brecha. El Gobierno necesita los gremios, empresarios y Congreso para que puedan pasar las cosas”, manifestó.
El mensaje fue pronunciado precisamente frente a uno de los gremios empresariales con mayor peso económico del país.
El sector financiero tendrá un papel fundamental en los objetivos de reactivación, crédito, vivienda, infraestructura e inversión que pretende impulsar la nueva administración.
Los grandes protagonistas de la Convención Bancaria
La intervención del ministro ocurrió durante la edición número 60 de la Convención Bancaria, organizada por Asobancaria entre el 26 y el 28 de agosto en el Centro de Convenciones de Cartagena.
Durante tres días han pasado por sus escenarios académicos, economistas, empresarios, congresistas, funcionarios del Gobierno, representantes de organismos internacionales y dirigentes del sistema financiero.
Uno de los invitados internacionales más destacados fue Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, quien participó en la sesión denominada “Crecimiento: la vía probada para el desarrollo”.
También han participado expertos y exautoridades económicas como José Antonio Ocampo, Salomón Kalmanovitz, Juan José Echavarría y representantes del Fondo Monetario Internacional, Fitch, CAF y BID, además de presidentes de algunas de las principales instituciones financieras del país.
La agenda también abrió un espacio especial para el Congreso de la República, con participación de senadores de diferentes partidos, y para funcionarios del nuevo Gobierno.
Al frente de la Convención está Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, quien ha participado como moderador de varias de las conversaciones y en la clausura del encuentro. La edición conmemora seis décadas de la Convención Bancaria y coincide, además, con los 90 años de Asobancaria.
El mensaje final a los mercados
La presentación de Miguel Gómez adquiere especial importancia porque ocurre apenas un día después de la radicación del nuevo presupuesto ante el Congreso y mientras los mercados esperan conocer cuál será la estrategia fiscal completa del gobierno De la Espriella.
El Ejecutivo tendrá ahora que demostrar cómo piensa compatibilizar cuatro objetivos que pueden resultar difíciles de ejecutar simultáneamente: financiar un presupuesto de $634,9 billones, atender los costos extraordinarios derivados del terremoto, reducir el déficit y evitar nuevos aumentos de impuestos.
La fórmula presentada por el ministro ante los banqueros apunta hacia una reducción del tamaño del Estado, austeridad por aproximadamente $17 billones, estímulos a la inversión privada y una relación más estrecha con empresarios y gremios.
Para Gómez, el primer paso consiste en reconocer el verdadero tamaño del problema.
Por eso, frente a los principales representantes del sistema financiero colombiano, dejó planteada la filosofía con la que asegura que manejará las cuentas públicas: mostrar las cifras completas, incluso cuando sean difíciles de presentar ante los mercados internacionales.
“Yo prefiero ir a Nueva York con estas cifras, no ocultar”, concluyó.
Como precisión periodística, la agenda oficial identifica la presentación de Miguel Gómez como “Finanzas públicas: perspectivas fiscales del próximo cuatrienio” y confirma a Jonathan Malagón en la clausura. También confirma la presencia de Dani Rodrik, profesor de Harvard, y de congresistas de distintas colectividades.
Sí. Ese punto encaja muy bien después del apartado sobre “Este país no aguanta más impuestos”, porque el ministro lo utilizó para hablar de la composición del crecimiento económico y, particularmente, del volumen que están moviendo las apuestas electrónicas. Una fuente que cubrió hoy su intervención registra que Gómez habló de alrededor de $50 billones en los sistemas electrónicos de apuestas.
Los jets privados, los grandes espectáculos y los $50 billones de las apuestas en línea
En otro momento de su intervención ante los banqueros, el ministro Miguel Gómez llamó la atención sobre el fuerte crecimiento que vienen registrando las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación en Colombia. Para ilustrarlo, se refirió a la llegada de grandes espectáculos internacionales al país y aseguró que incluso los jets privados hacen fila para aterrizar cuando se realizan algunos de estos eventos. Sin embargo, Gómez aprovechó la referencia para poner el foco sobre otro fenómeno que, según dijo, está teniendo un peso considerable dentro de la economía: las apuestas electrónicas y en línea.
“Ahí están $50 billones de las cuentas de los sistemas electrónicos de apuestas”, afirmó el ministro al referirse al volumen de recursos relacionado con esta actividad, que incluye, entre otras, las apuestas asociadas a los partidos de fútbol. El comentario dejó planteada además la intención del Gobierno de revisar el comportamiento y tratamiento de este sector, en momentos en que el Ejecutivo busca ordenar las finanzas públicas y analizar de dónde proviene parte del crecimiento que muestran determinadas actividades económicas. Actualmente, los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet cuentan con un régimen tributario específico: para 2026 se estableció un impuesto nacional al consumo del 16 %, cuya base gravable corresponde a los ingresos brutos del juego —el total de las apuestas menos los premios pagados—.
