Los tres habían recibido medidas de protección durante el gobierno de Gustavo Petro. La Unidad Nacional de Protección revisó nuevamente sus casos y determinó que no existían elementos suficientes para mantener los esquemas. Los afectados podrán controvertir la decisión.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar los esquemas de seguridad que tenían Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y el activista Beto Coral, tres figuras que alcanzaron notoriedad por su cercanía política con sectores del gobierno del expresidente Gustavo Petro y cuyas medidas de protección habían generado cuestionamientos durante los últimos meses.
La determinación se produjo después de una revisión de las condiciones particulares de riesgo de los beneficiarios. La entidad concluyó que no existían razones suficientes para mantener las medidas de protección que venían recibiendo.
La decisión supone un giro frente a las determinaciones adoptadas durante la anterior administración, cuando los tres recibieron protección de la UNP bajo argumentos relacionados, entre otros aspectos, con amenazas y situaciones de riesgo.
En el caso de Juliana Guerrero y Beto Coral, se ha informado además que cuentan con 10 días para presentar un recurso de revisión y controvertir la decisión adoptada por la entidad.
¿Cuánto costaban los esquemas?
El costo de estas medidas también quedó en medio de la controversia.
Fuentes del Gobierno han señalado que los esquemas implicaban un gasto cercano a 40 millones de pesos mensuales. Sin embargo, hasta el momento no se conoce públicamente un desglose oficial de la UNP que permita establecer de manera precisa cuánto correspondía individualmente al esquema de Guerrero, Muñoz y Coral.
Durante meses circularon incluso versiones mucho más elevadas sobre la protección de Juliana Guerrero. En abril, por ejemplo, se afirmó que disponía de tres camionetas blindadas y hasta nueve escoltas.
El entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez, rechazó esa versión y la calificó como una “exageración enorme”.
Documentos conocidos posteriormente mostraron que Guerrero había sido clasificada inicialmente con nivel de riesgo “extraordinario” y que su esquema estaba compuesto por un vehículo blindado y dos escoltas.
La polémica volvió a crecer en los últimos días del gobierno Petro, cuando se conoció un audio atribuido a Guerrero en el que hablaba de la posibilidad de ser reconocida como activista política o defensora de derechos humanos para conservar las medidas de protección.
“Acabo de recibir un mensaje del señor presidente que le envió Augusto Rodríguez González a Juliana que acepte su condición de activista de un partido político o activista de derechos humanos porque le vamos a tener que quitar la medida”, se escucha en la grabación divulgada por medios nacionales.
También se informó que Guerrero buscaba ampliar la protección a dos camionetas y cuatro escoltas.
Juliana Guerrero: del Ministerio del Interior al escándalo por sus estudios
Juliana Guerrero adquirió notoriedad durante el gobierno Petro y posteriormente se desempeñó como jefa de gabinete del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. Su nombre también apareció públicamente durante un consejo de ministros y llegó a ser considerada para ocupar el Viceministerio de las Juventudes.
Su trayectoria terminó rodeada de controversia después de conocerse cuestionamientos relacionados con los documentos académicos que presentó para acreditar su formación profesional.
Actualmente enfrenta un proceso de la Fiscalía relacionado con la presunta presentación de documentación académica falsa vinculada con la Fundación Universitaria San José.
A ese episodio se sumaron denuncias sobre una supuesta gestión de contratos estatales a cambio de dinero, señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades judiciales.
La protección de Guerrero había sido objeto de polémica desde meses atrás precisamente porque continuó contando con escoltas pese a que ya no desempeñaba un cargo público.
Gabriela Muñoz y la polémica de la Aerocivil
El segundo caso es el de Gabriela Muñoz Olaya, estudiante de Derecho, creadora de contenido y activista política que trabajó en la Aeronáutica Civil y posteriormente se vinculó a una Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso.
Muñoz fue nombrada como auxiliar en la Aerocivil mediante una resolución expedida el 30 de mayo de 2025.
Su nombre saltó al debate nacional después de que Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y posteriormente gerente del Fondo Adaptación, asegurara que Muñoz habría tenido una influencia considerable dentro de la Aerocivil.
“No solamente es Juliana Guerrero; es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil”, aseguró Rodríguez.
Muñoz ha rechazado categóricamente esas acusaciones.
“No nombré, no contraté, no pedí vinculaciones ni tomé decisiones directivas en la Aerocivil”, afirmó al responder a los señalamientos.
La joven sostuvo igualmente que las acusaciones en su contra eran falsas y anunció acciones legales contra quienes, según ella, afectaron su honra y buen nombre.
Su esquema de seguridad había sido otorgado por la UNP desde junio de 2026, semanas antes de terminar la administración Petro.
La controversia por las amenazas de Gabriela Muñoz
Cuando se conoció públicamente que tenía protección del Estado, Muñoz aseguró que las medidas estaban relacionadas con amenazas que había denunciado ante las autoridades.
“Desde hace meses inicié ante las autoridades el proceso correspondiente por las graves afectaciones a mi seguridad. Las amenazas están denunciadas ante la Fiscalía y fue esa institución la que solicitó medidas de protección frente al riesgo que he venido enfrentando. Esto no es una historia inventada ni surgió de un escándalo reciente”, manifestó Muñoz en un video difundido en sus redes sociales.
Posteriormente surgió una precisión importante.
Aunque se confirmó que Muñoz había presentado denuncias por amenazas, la información conocida indicó que desde la Fiscalía se había solicitado evaluar su nivel de riesgo, lo que no equivale necesariamente a ordenar directamente la asignación de un esquema de protección.
La nueva administración de la UNP anunció entonces que revisaría las condiciones bajo las cuales había sido otorgado el esquema. Esa evaluación terminó ahora con la decisión de retirarlo.
Beto Coral: protección después de regresar de Estados Unidos
El tercer caso corresponde a Franklin Coral, conocido públicamente como Beto Coral, activista político y creador de contenido identificado durante los últimos años como defensor del proyecto político de Gustavo Petro.
Coral permaneció cerca de once años en Estados Unidos y regresó a Colombia el 16 de julio de 2026, luego de desistir de su proceso de asilo.
Pocos días después de su llegada surgió una fuerte controversia porque recibió protección de la UNP con una rapidez que fue cuestionada incluso desde organizaciones sindicales de la propia entidad.
La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad, Analtraseg, denunció públicamente que el esquema habría sido otorgado de manera “exprés” y sin que previamente se hubiera completado el procedimiento ordinario de evaluación del riesgo.
Fuentes citadas entonces por medios nacionales señalaron que la protección de Coral habría estado integrada por dos escoltas y vehículos para su movilización, mientras el sindicato exigió explicaciones sobre el procedimiento empleado para aprobar las medidas.
Ante la polémica, el entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó que la entidad estaba realizando un análisis de la situación de seguridad del activista, aunque evitó inicialmente entregar detalles específicos del esquema por razones de seguridad.
La UNP revisó los tres casos
Con la llegada del nuevo Gobierno, los esquemas concedidos durante los últimos meses de la administración Petro quedaron sometidos a revisión.
El resultado conocido este viernes establece que Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral ya no reúnen, de acuerdo con la evaluación realizada por la UNP, las condiciones que justificaban mantener las medidas de protección que venían recibiendo.
La determinación no significa necesariamente que las amenazas denunciadas por alguno de ellos sean inexistentes. Técnicamente, la decisión responde a la evaluación realizada por la autoridad competente sobre si el nivel de riesgo y las circunstancias actuales justifican que el Estado mantenga un esquema especial financiado con recursos públicos.
Los afectados, además, conservan los mecanismos administrativos previstos para controvertir la determinación.
El retiro cierra, al menos por ahora, una controversia que comenzó durante los últimos meses del gobierno de Gustavo Petro y que puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre los criterios utilizados por la UNP para asignar vehículos blindados y escoltas, los costos de estos esquemas para el Estado y la necesidad de que las medidas estén respaldadas por evaluaciones técnicas de riesgo.