El fracking, una técnica en la que se inyecta agua a presión en el subsuelo para fragmentar rocas y sacar petróleo, sigue con panorama incierto, pese a que el Consejo de Estado este jueves 7 de julio, levantó la suspensión a la reglamentación de esta práctica de extracción petrolera, el gobierno de Gustavo Petro ha indicado que no se implementará este proceso en el país en los próximos cuatro años.
Tras su designación como nueva ministra de Ambiente, Susana Muhamad reiteró lo que Petro ha dicho en repetidas oportunidades, que en los próximos cuatro años no habrá más fracking, por ser una polémica técnica que posibilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
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Este vaivén del fracking, tendría un impacto en la industria, pues frenarlo requiere de tiempo y de procesos legales largos, asegura el actual ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
En entrevista el ministro Mesa, indicó que esta suspensión o no ejecución de la practica petrolera que propone el gobierno Petro, pone en el limbo contratos que ya venían en marcha con empresas dedicadas a la exploración de hidrocarburos.
“Revocar esos contratos expondría en un litigio bastante complicado al Estado. En el sector de hidrocarburos en Colombia,en general, uno de los activos más importantes a lo largo de la historia ha sido la estabilidad jurídica y el respeto por los acuerdos contractuales. Revocar un contrato de tajo nos pondría, como Estado, en una situaciónbastante compleja en tribunales internacionales”, dijo el alto funcionario en la entrevista radial.
Mesa indicó que en el país hay “explotaciones de carácter comercial, para yacimientos no convencionales”, que según el ministro, son diferentes a los proyectos de pilotos propuestos recientemente. Indicó, por ejemploel piloto kalé, que tiene un proceso adelantado con licencia ambiental, que es de carácter meramente investigativo.
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“Afectaba unos siete contratos firmados en el gobierno anterior a Duque; el Consejo de Estado negó la demanda, que era por tres razones, decía el demandante que se violaba el principio de precaución ambiental, se violaba el derecho a un ambiente sano y que se violaba el aprovechamiento integral y sostenible de los recursos naturales”, mencionó a Blu Radio.
El Consejo de Estado por su parte negó la demanda que pretendía tumbar las normas que reglamentaron los procedimientos de fracking en el país en yacimientos no convencionales. Las normas fueron demandas porque, supuestamente autorizan, avalan o permiten la técnica en el país.
Sin embargo, la sección tercera del alto tribunal, argumentó que las normas corresponden a un reglamento técnico y que su función como juez de legalidad se circunscribe a determinar, con fundamento en las razones jurídicas de la demanda, si este vulnera las normas de mayor jerarquía indicadas por el actor.
El Consejo de Estado aseguró en su decisión que “las autoridades administrativas tienen la atribución y el deber de escoger los medios técnicos y operativos apropiados, a la luz de las circunstancias concretas, para alcanzar la finalidad legalmente perseguida con el principio de precaución.”
