
El MinTIC formuló cargos por presuntos incumplimientos en la restricción de comunicaciones desde centros penitenciarios. En La Picota encontraron 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Starlink y varios operadores de telefonía móvil, para establecer si incumplieron sus obligaciones de restringir las señales de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios.
Según el comunicado de Presidencia las actuaciones se derivan de operativos y verificaciones técnicas que detectaron equipos y conexiones no autorizadas dentro de las cárceles.
De comprobarse los incumplimientos, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su equivalencia legal aplicable, así como suspensión temporal de operaciones o cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda.
La apertura de las investigaciones y la formulación de cargos no constituyen una sanción definitiva.
El expediente contra Starlink Colombia S.A.S. busca determinar si la empresa adoptó las medidas legalmente exigibles para impedir comunicaciones no autorizadas desde los centros de reclusión.
La decisión se produjo después de un operativo en La Picota, en Bogotá, donde fueron encontradas seis antenas Starlink y cientos de dispositivos de comunicación no autorizados.
Posteriormente, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones del MinTIC identificó conexiones a internet mediante redes wifi provistas por Starlink en cuatro establecimientos:
- La Picota, en Bogotá.
- Bellavista, en Bello, Antioquia.
- Acacías, en el departamento del Meta.
- Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.
“Estos hallazgos motivaron la apertura de la actuación administrativa para determinar si Starlink adoptó las medidas legalmente exigibles para impedir que sus servicios facilitaran comunicaciones no autorizadas desde centros de reclusión”, señala el comunicado.
Las investigaciones también cobijan a Partners Telecom Colombia S.A.S., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. —Comcel, operador de Claro— y la Unión Temporal Colombia Móvil–Colombia Telecomunicaciones, Tigo.
En estos casos, los cargos están relacionados con el presunto incumplimiento de las obligaciones de eliminación o restricción de señales móviles en La Picota. El Ministerio examinará si las empresas adoptaron las medidas necesarias para restringir la transmisión, recepción y control de los servicios de telecomunicaciones móviles dentro del establecimiento.
El balance divulgado por Presidencia da cuenta del hallazgo de 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, además de otros elementos electrónicos.
El Gobierno advirtió que las prisiones no pueden continuar siendo utilizadas como puntos de comunicación para coordinar extorsiones y otras actividades delictivas.
“Los operadores de telecomunicaciones deben cumplir las obligaciones que les impone la ley y adoptar las medidas técnicas que les sean exigibles para contribuir al control de las comunicaciones no autorizadas en los centros de reclusión”, expresa el documento.
Como fundamento de las actuaciones, el comunicado cita el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, sobre la obligación de atenuar las señales que cubren establecimientos penitenciarios y carcelarios.
“La ley colombiana es clara: los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tienen el deber de atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios”, sostiene Presidencia.
Junto con este anuncio, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó emplear herramientas legales y tecnológicas para impedir que las comunicaciones ilegales permitan seguir delinquiendo desde las prisiones.
“¡No más señal para los delincuentes desde las cárceles!”, manifestó el mandatario en el mensaje divulgado sobre estas medidas.
“He dado instrucciones para que se utilicen todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios”, agregó.
El presidente también hizo referencia a la desactivación de líneas y a las conexiones satelitales sin autorización: “Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida”.
El anuncio ocurre en medio de la preocupación por el papel de las comunicaciones desde las cárceles en la extorsión. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación y Asocapitales, divulgado en octubre de 2026, recoge una estimación de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía: cerca del 70 % de las llamadas extorsivas se origina en establecimientos de reclusión.
El estudio precisa que ese porcentaje corresponde al origen de las llamadas, no a la proporción total de casos de extorsión. Tampoco permite concluir que la mayoría de las estafas del país se cometa desde las cárceles.
La magnitud del ingreso de dispositivos también aparece en los balances oficiales. El Ministerio de Justicia informó en enero de 2026 que durante 2025 se realizaron más de 21.500 operativos, con la incautación de 34.800 celulares y 33.200 tarjetas SIM en el país. minjusticia.gov.co
Ahora, las actuaciones administrativas deberán establecer si existieron incumplimientos atribuibles a cada operador y cuáles serían las sanciones procedentes. El comunicado no anuncia multas ya impuestas ni identifica respuestas de las compañías a los cargos.
“Las obligaciones legales no son opcionales y ninguna empresa está exenta de responder ante las autoridades por su eventual incumplimiento”, concluyó Presidencia.