Carlos Edward Osorio y Ape Cuello piden verificar los títulos de los 183 representantes tras el caso de Verónica Estrada

La solicitud busca revisar los diplomas y actas de grado de bachillerato, pregrado y posgrado que reposan en la Cámara. Los congresistas aclararon que el propósito es comprobar la autenticidad de los documentos, pues tener un título profesional no es un requisito para ocupar una curul.

Los representantes Carlos Edward Osorio Aguiar, del Centro Democrático, y Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, solicitaron a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista verificar la documentación académica de los 183 integrantes de la Cámara de Representantes.

La petición, surge en medio de la controversia por los documentos atribuidos a Luz Verónica Estrada Holguín, representante del Pacto Histórico por Antioquia, cuya formación académica ha sido desmentida por las instituciones educativas que aparecen en los certificados cuestionados.

Osorio y Cuello plantearon que la revisión abarque a todos los integrantes de la corporación y permita establecer si los soportes de sus estudios fueron expedidos legítimamente.

Qué documentos quieren revisar

La solicitud propone que la Mesa Directiva de la Comisión de Ética requiera a la oficina de Recursos Humanos de la Cámara los diplomas y las actas de grado de bachillerato, pregrado y posgrado de los representantes.

Una vez reunida la documentación, el equipo asesor de la comisión se encargaría de examinar su autenticidad y validez. Los promotores consideran que este procedimiento permitiría verificar la información académica aportada por quienes ejercen la representación ciudadana.

En la carta señalaron que la iniciativa responde al:

“Estricto deber de transparencia, probidad y comportamiento ético que deben acreditar quienes ostentan la representación popular”.

La propuesta todavía es una solicitud: su presentación no significa que la Comisión de Ética ya haya ordenado la revisión general ni que existan irregularidades en los documentos de los demás congresistas. Corresponde a esa instancia definir el trámite que dará a la petición.

Tener un título profesional no es requisito para ser representante

Los dos congresistas aclararon que no pretenden introducir nuevas exigencias educativas para ocupar una curul. Su petición se concentra en comprobar que los documentos entregados sean auténticos.

El artículo 177 de la Constitución establece que, para ser elegido representante, se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años en la fecha de la elección. La disposición no exige un diploma de bachiller ni un título universitario, sin perjuicio de las demás reglas e inhabilidades aplicables.

Por tanto, la discusión se refiere a la veracidad de la información académica presentada, no al nivel de estudios que deba tener una persona elegida al Congreso.

La Universidad Nacional desconoció el diploma de Estrada

La controversia sobre Luz Verónica Estrada incluye un documento que la presenta como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con fecha del 16 de noviembre de 2021.

La institución informó que revisó sus archivos físicos y digitales y no encontró registros que acreditaran a la congresista como egresada de ese programa. Sobre el documento examinado, señaló que:

“No fue expedida por esta Universidad y Sede”.

El secretario general de la universidad, Édgar Cortés, explicó que la verificación también permitió establecer que Estrada no figuraba como estudiante. Además, indicó que el consecutivo del diploma cuestionado correspondía a una graduación de 2011, distinta de la fecha que aparece en el documento atribuido a la representante.

Las verificaciones son anteriores a la polémica de esta semana. La Universidad Nacional recibió una consulta sobre el supuesto título en octubre de 2025 y, según la información divulgada sobre su actuación institucional, presentó una denuncia el 20 de noviembre de 2025, radicada en el sistema de la Fiscalía en diciembre de ese año.

El colegio también rechazó la autenticidad del diploma de bachiller

Los cuestionamientos se extendieron al supuesto título de bachiller de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia.

El documento conocido señala que Estrada obtuvo el grado de Bachiller de Media Técnica, especialidad Comercio, el 25 de noviembre de 2017, y menciona un acta como soporte. Sin embargo, la institución negó que la congresista se hubiera graduado allí.

María Carolina Marín, secretaria auxiliar administrativa del colegio, explicó que los registros muestran que Estrada cursó octavo en 2016 y lo reprobó. Para 2017 debía repetirlo, pero, según la funcionaria, no asistió y quedó registrada como desertora.

Marín también anunció acciones legales por la aparición de su firma en los documentos cuestionados:

“Pienso hacer un proceso porque tengo 24 años en esta institución y la legalidad es primordial en mi vida”.

La respuesta del colegio se refiere a los documentos atribuidos a esa institución. La determinación de quién los elaboró, cómo fueron utilizados y las responsabilidades que puedan derivarse corresponde a las autoridades.

La bancada del Pacto Histórico pidió su renuncia

La polémica también provocó un pronunciamiento de los representantes del Pacto Histórico, quienes respaldaron la solicitud de que Estrada deje su curul y responda ante las instancias correspondientes.

En su comunicado, la bancada expresó:

“Rechazamos de manera categórica las conductas que se le atribuyen”.

Los congresistas señalaron que presentar documentos académicos o profesionales falsos afecta la confianza de los ciudadanos, de los electores y de quienes cursan sus estudios en la universidad pública.

Al pedirle que se aparte del cargo, precisaron:

“Esta solicitud es una decisión política y ética, no una condena”.

El movimiento anunció que su Comisión Nacional de Ética sesionará el lunes 23 de noviembre para abordar el caso. La bancada también manifestó su respaldo a la revisión y verificación de diplomas.

Las denuncias y lo que sigue

El caso ha dado lugar a denuncias por presunta falsedad documental. Según la información divulgada sobre la actuación de la Fiscalía, existen noticias criminales relacionadas con estos hechos en la Dirección Seccional de Medellín. La existencia de esas actuaciones no equivale a una declaración de culpabilidad.

La petición de Osorio y Cuello amplía ahora el debate a los documentos académicos de toda la Cámara. La Comisión de Ética deberá decidir si solicita los archivos a Recursos Humanos y cómo desarrolla su verificación.

En paralelo, las autoridades y las instancias partidistas deberán esclarecer el caso de Estrada, garantizando su derecho a la defensa y diferenciando los hallazgos documentales de las responsabilidades individuales que lleguen a establecerse.