Procuraduría destituye e inhabilita por ocho años a Julián Caicedo, pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa

El Ministerio Público concluyó, en fallo de primera instancia, que Carlos Julián Caicedo Cano incurrió en una incompatibilidad al mantener vigente un contrato con una institución universitaria mientras asumía funciones como asesor del Invías.

Destitución e inhabilidad contra Carlos Julián Caicedo Cano es la nueva decisión disciplinaria que genera repercusiones en los círculos políticos y administrativos del país. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por ocho años a Carlos Julián Caicedo Cano, reconocido públicamente por ser la pareja del ex presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras encontrarlo responsable de vulnerar el régimen de incompatibilidades que rige para los servidores públicos.

La decisión se produce luego de una investigación disciplinaria relacionada con su paso por el Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad a la que ingresó como asesor mientras aún permanecía vigente un contrato de prestación de servicios suscrito con la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín.

¿Quién es Carlos Julián Caicedo Cano?

Carlos Julián Caicedo Cano es un profesional vinculado a actividades de gestión pública y desarrollo económico que adquirió notoriedad nacional por su relación sentimental con Ricardo Roa, quien dirigió Ecopetrol y anteriormente fue gerente de campaña del expresidente Gustavo Petro.

Su nombre ya había aparecido en investigaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría debido a presuntas irregularidades derivadas de su vinculación laboral y contractual con entidades públicas.

Las irregularidades que encontró la Procuraduría

Según el fallo disciplinario, Caicedo suscribió el 23 de enero de 2023 un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, cuyo objeto consistía en brindar apoyo profesional a la articulación de equipos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, dentro de un convenio interadministrativo celebrado con el Distrito de Medellín.

Sin embargo, la Procuraduría estableció que el 24 de enero de 2023, apenas un día después, tomó posesión como Asesor Código 1020, Grado 08, adscrito al despacho del Director General del Instituto Nacional de Vías.

Para el organismo de control, desde el momento de esa posesión quedó sometido al régimen constitucional y legal de incompatibilidades previsto para quienes ejercen funciones públicas, situación que resultaba incompatible con la vigencia del contrato que mantenía con la institución universitaria.

El argumento de defensa y la valoración del expediente

Durante el proceso se conoció que Caicedo manifestó su intención de retirarse del contrato con la universidad el 30 de enero de 2023, es decir, pocos días después de asumir funciones en el Invías.

No obstante, la Procuraduría advirtió que, aunque materialmente habría cesado las actividades contractuales, la relación jurídica permaneció vigente durante varios meses. El contrato solamente fue liquidado formalmente el 17 de octubre de 2023, mediante la firma del acta correspondiente.

Adicionalmente, el expediente incluyó informes de supervisión correspondientes a febrero y marzo de 2023, en los que se registraron observaciones sobre incumplimientos de actividades y ausencia de informes administrativos y técnicos relacionados con la ejecución contractual.

¿Qué significa la sanción de destitución e inhabilidad?

La sanción impuesta por la Procuraduría tiene dos efectos principales:

  • Destitución, que implica la separación del cargo público cuando la persona se encuentra ejerciéndolo.
  • Inhabilidad general por ocho años, período durante el cual no podrá ocupar cargos públicos ni celebrar determinados vínculos con el Estado conforme a las restricciones legales vigentes.

Se trata de una de las sanciones más severas contempladas dentro del régimen disciplinario colombiano por considerar que la conducta vulneró principios esenciales de transparencia y legalidad en el ejercicio de funciones públicas.

La relación con Ricardo Roa

La decisión adquiere especial relevancia pública debido a la relación de Caicedo con Ricardo Roa, ex presidente de Ecopetrol, quien también ha estado en el centro de distintos procesos judiciales y administrativos en los últimos años.

Recientemente, Roa fue llamado a juicio por la Fiscalía en un proceso relacionado con presuntas irregularidades en la adquisición de un apartamento, mientras que también se conocieron decisiones de autoridades internacionales relacionadas con restricciones migratorias.

No obstante, la investigación disciplinaria contra Caicedo corresponde a hechos independientes y relacionados exclusivamente con su ejercicio contractual y administrativo ante entidades públicas.

Fallo aún no está en firme

La Procuraduría General de la Nación aclaró que la decisión fue adoptada en primera instancia, lo que significa que todavía pueden presentarse recursos de apelación dentro del proceso disciplinario.

Será una instancia superior dentro del organismo de control la encargada de revisar la decisión antes de que quede ejecutoriada de manera definitiva.

La Procuraduría consideró que la coincidencia entre la vigencia del contrato con la Institución Universitaria Pascual Bravo y la posesión en el Invías configuró una conducta disciplinariamente reprochable, razón por la cual impuso una sanción que lo mantendrá apartado del ejercicio de cargos públicos durante los próximos ocho años si la decisión queda en firme.

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