
Bogotá. La Contraloría de Bogotá alertó sobre un presunto detrimento patrimonial de $8.397 millones en el servicio social Comunidad de Cuidado, administrado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). El hallazgo se produjo durante una indagación preliminar que evidenció deficiencias en la verificación de los requisitos de ingreso y permanencia de adultos mayores beneficiarios del programa.
De acuerdo con el organismo de control, durante 2023 se identificaron 59 personas mayores que recibieron atención sin cumplir la totalidad de los criterios establecidos; en 2024 fueron 68, en 2025 otras 60 y, hasta junio de 2026, se registraron 62 beneficiarios en esta situación, bajo las modalidades de atención severa y moderada. Entre las inconsistencias detectadas figura la titularidad de bienes inmuebles, condición que impedía acceder al servicio según los requisitos establecidos por la entidad.
La investigación también identificó fallas en los procedimientos de verificación, focalización y seguimiento que debía aplicar la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social. Según la Contraloría, estas deficiencias habrían impedido detectar y corregir oportunamente las irregularidades, permitiendo que continuara la asignación de recursos públicos a personas que no reunían las condiciones exigidas.
Mauricio Dávila, director del Sector Integración Social de la Contraloría de Bogotá, advirtió que «el presunto detrimento patrimonial, estimado en $8.397 millones, representa una afectación a los recursos destinados al servicio Comunidad de Cuidado». El funcionario destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y validación de la información de los beneficiarios, especialmente cuando los recursos y cupos disponibles son limitados.
Finalmente, la Contraloría de Bogotá insistió en la importancia de garantizar que los recursos destinados a la protección de las personas mayores lleguen a quienes realmente cumplen las condiciones de vulnerabilidad establecidas. El organismo de control señaló que las entidades distritales deben fortalecer sus procedimientos para asegurar una administración eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las eventuales responsabilidades fiscales.