La JEP imputa a Mario Montoya y otros nueve generales como máximos responsables de los ‘falsos positivos’ que dejó 2.077 víctimas

Siete generales retirados fueron llamados a reconocer responsabilidad. Los procesos de Mario Montoya, Óscar González Peña y Luis Roberto Pico pasaron a la Unidad de Investigación y Acusación, que deberá determinar si los acusa ante el Tribunal para la Paz.

Bogotá, 19 de noviembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó al general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, y a otros nueve generales retirados como máximos responsables por su contribución a la expansión de los llamados ‘falsos positivos’ en Colombia. Entre 2005 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Sala de Reconocimiento documentó 2.077 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas que integrantes del Ejército reportaron como muertes en combate. Otras 34 personas sobrevivieron.

La decisión cierra la etapa de investigación de la fase nacional del Caso 03, dirigida por el magistrado Óscar Parra Vera. La Sala examinó cómo una práctica que había documentado en distintas regiones desde al menos 2002 llegó a extenderse por el país. Para ello, reconstruyó qué información recibían los comandantes sobre las muertes, cómo evaluaban a sus unidades y qué hicieron cuando conocieron las denuncias.

  • La Sala pudo esclarecer judicialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate. Estos crímenes ocurrieron en 1.625 hechos y dejaron 44 personas sobrevivientes. De ese total, 2.077 víctimas y 34 sobrevivientes corresponden al periodo comprendido entre 2005 y 2008.
  • La Sala individualizó como máximos responsables de la escala nacional de este fenómeno criminal a 10 generales del Ejército Nacional, un ex comandante del Ejército, un Inspector General, a quien comandó el Comando Conjunto Caribe y a siete generales retirados comandantes de división.

Qué le atribuye la JEP al general Mario Montoya

Entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, Montoya ocupó sucesivamente tres cargos: comandante de la Primera División, comandante del Comando Conjunto Caribe n.º 1 y comandante del Ejército Nacional. Según la Sala, desde esas posiciones contribuyó a consolidar una “política de facto de conteo de cuerpos”. En la práctica, el número de muertos que reportaba una unidad pasó a ser el principal indicador con el que se medía su desempeño militar.

La JEP documentó que Montoya utilizó programas radiales para hacer seguimiento a los resultados de las tropas. También atribuyó al oficial la promoción de metas numéricas, clasificaciones que comparaban a las unidades entre sí e incentivos que daban mayor valor a una muerte reportada en combate que a otros resultados operacionales.

En su versión ante la JEP, Montoya sostuvo que sus subordinados lo engañaron, negó haber promovido conductas ilícitas y señaló que impartió directrices para proteger los derechos humanos y garantizar el respeto al derecho internacional humanitario. La Sala consideró que hay elementos suficientes para sostener que el oficial conoció tempranamente denuncias de ejecuciones extrajudiciales y que, aun así, mantuvo la presión para aumentar las bajas. También examinó su posible contribución al encubrimiento de los hechos y el alcance de las medidas que adoptó frente a las denuncias. jep.gov.co

Los siete generales llamados a reconocer responsabilidad

La Sala atribuyó a los siguientes oficiales retirados una contribución a la expansión de los crímenes. La investigación abarcó decisiones adoptadas en los comandos de división, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General y la Comandancia del Ejército. jep.gov.co

Grado en retiroOficiales llamados a reconocer responsabilidad
GeneralLuis Felipe Paredes Cadena
Mayores generalesCarlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiróz
Brigadier generalJosé Joaquín Cortés Franco

Por qué los procesos de Montoya, González Peña y Pico pasaron a la UIA

En actuaciones anteriores, el general Mario Montoya Uribe, el general Óscar Enrique González Peña y el mayor general Luis Roberto Pico Hernández manifestaron expresamente y en reiteradas ocasiones que no reconocerían responsabilidad por las conductas que les atribuyó la jurisdicción. Tras valorar esas intervenciones, la Sala remitió sus expedientes a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

Los tres procesos seguirán la vía adversarial. Corresponde ahora a la UIA evaluar las pruebas y decidir si presenta una acusación ante el Tribunal para la Paz. De hacerlo, los oficiales podrán controvertir los cargos en juicio.

Qué representan las cifras de 2.077 y 2.702 víctimas

Entre enero de 2002 y diciembre de 2008, la JEP logró establecer cuándo, cómo y dónde fueron asesinadas 2.702 personas que luego fueron presentadas falsamente como bajas en combate. La Sala reconstruyó 1.625 hechos y documentó, además, que 44 personas sobrevivieron. jep.gov.co

Dentro de ese balance están las 2.077 víctimas y los 34 sobrevivientes del periodo 2005-2008. La decisión sobre los diez generales se concentra en esos cuatro años porque, según la Sala, fue entonces cuando los crímenes adquirieron una dimensión nacional. jep.gov.co

Hasta la fecha, la JEP ha acreditado a 5.164 víctimas en el Caso 03, de las cuales 3.068 son mujeres, principalmente de Antioquia, Casanare y Cesar. Esta distribución guarda relación con los hallazgos de la investigación, que identificó una concentración importante de la victimización en Antioquia, Casanare, Huila, Norte de Santander y la región Caribe. Así, las cifras de acreditación y las determinaciones judiciales ofrecen perspectivas complementarias para dimensionar la magnitud de los crímenes y su impacto en distintas regiones del país.

Diferencias en la forma de seleccionar y captar a las víctimas, en las circunstancias en que fueron asesinadas

El patrón no se manifestó de la misma manera en todo el territorio nacional. Hubo diferencias en la forma de seleccionar y captar a las víctimas, en las circunstancias en que fueron asesinadas, en la participación de terceros y en los mecanismos utilizados para encubrir los hechos. Las prácticas, además, cambiaron a lo largo del periodo investigado, particularmente por el uso cada vez mayor del engaño y el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas. A partir de los hallazgos territoriales y de la investigación de la Fase Nacional, se identificaron cuatro modalidades principales de ejecución:
Primera modalidad: asesinato de personas señaladas como integrantes o colaboradoras de grupos armados ilegales
Esta modalidad comprendió el asesinato y la desaparición forzada de personas que habían sido señaladas como integrantes, colaboradoras o auxiliadoras de grupos armados ilegales. Los señalamientos se basaban en información que no había sido contrastada o en prejuicios relacionados con el lugar donde vivían las personas, sus relaciones sociales o su supuesta cercanía con la insurgencia.
Esta práctica especialmente presente en las primeras manifestaciones del fenómeno respondió a una lógica de estigmatización contrainsurgente que extendió la idea de enemigo a sectores de la población civil. En diferentes territorios, las víctimas fueron seleccionadas a partir de señalamientos de informantes, integrantes de estructuras paramilitares o miembros de las propias unidades militares. Posteriormente, fueron asesinadas y presentadas como bajas legítimas en combate.
Segunda modalidad: captación de víctimas mediante engaños
En esta modalidad, las víctimas eran seleccionadas y captadas mediante falsas ofertas de trabajo, promesas de ingresos u otras oportunidades. En muchos casos se trataba de personas que atravesaban condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y que eran trasladadas lejos de sus lugares de residencia hasta sitios previamente escogidos, donde eran asesinadas y presentadas como integrantes de organizaciones armadas muertos en combate.
Se identificó la participación de militares y terceros civiles que, en determinados territorios, conformaron redes de reclutamiento y recibieron pagos por entregar a las víctimas. Esta modalidad adquirió especial relevancia durante el periodo de mayor expansión del fenómeno (2005 – 2008) y estuvo acompañada de mecanismos para simular enfrentamientos armados y dificultar la identificación de las personas asesinadas.
Tercera modalidad: asesinato de personas heridas, fuera de combate o en condiciones de indefensión
Esta modalidad comprendió el asesinato de personas que, incluso en escenarios de confrontación armada o durante operaciones militares legítimas, se encontraban protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. Se trataba de personas heridas, rendidas, capturadas o que estaban bajo el control efectivo de la tropa.
En lugar de garantizar su protección, brindarles atención médica o ponerlas a disposición de las autoridades competentes, integrantes de unidades militares las asesinaron y presentaron sus muertes como resultados de combate. Estos hechos se documentaron tanto en enfrentamientos reales como durante operaciones de rescate, procedimientos antisecuestro y otras actuaciones en las que las víctimas se encontraban indefensas o habían dejado de participar en las hostilidades.
Cuarta modalidad: aprovechamiento del control territorial para cometer los crímenes
En esta modalidad, las víctimas eran personas que transitaban o permanecían circunstancialmente en lugares donde se encontraban desplegadas unidades militares. A diferencia de otras formas de ejecución, no necesariamente habían sido seleccionadas con anterioridad, señaladas como colaboradoras de grupos armados o captadas mediante engaños.
Los responsables aprovecharon su presencia y el control que ejercían sobre determinadas zonas para retenerlas, asesinarlas y presentar posteriormente sus muertes como resultados legítimos de operaciones militares. También se documentaron alteraciones de las escenas, elaboración de informes falsos y otras prácticas destinadas a ocultar las circunstancias reales de las muertes.
La expansión de este patrón ocurrió pese a las numerosas denuncias y alertas que, desde años anteriores, habían presentado familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y distintos actores institucionales. Entre 2005 y 2008, el Estado adoptó respuestas y medidas frente a estas denuncias, pero los mecanismos de prevención, seguimiento y modificación de los indicadores de éxito operacional no lograron frenar las presiones por reportar bajas en combate ni las prácticas criminales que se desarrollaban en las unidades militares.
Un punto de inflexión ocurrió a finales de octubre de 2008, cuando se conocieron públicamente los asesinatos de jóvenes de Soacha, presentados ilegítimamente como bajas en combate, y los hallazgos de la investigación interna adelantada por la denominada Comisión Suárez. Ante esta situación, el presidente de la República de la época dispuso el retiro de 27 oficiales del Ejército Nacional. Para la JEP, esta decisión marcó un punto de quiebre en la política de facto que había favorecido la expansión y continuidad del patrón macrocriminal.
La responsabilidad determinada por la JEP de los altos mandos militares en la expansión y consolidación del patrón macrocriminal 
En la Fase Nacional del Caso 03 la Sala de Reconocimiento examinó las actuaciones de diez generales retirados del Ejército Nacional y el papel que habrían desempeñado en la expansión y consolidación del patrón macrocriminal. Para ello, analizó las funciones que ejercieron en las distintas estructuras de mando, las decisiones que adoptaron, las actuaciones que se les atribuyen y sus respuestas frente a las denuncias e irregularidades conocidas durante el periodo investigado.
Estos oficiales ocuparon algunas de las posiciones más altas de la estructura militar, desde las cuales se dirigían y coordinaban operaciones de numerosas unidades en distintas regiones del país. Un comandante de división tenía bajo su mando varias brigadas, responsables de operaciones militares en amplias zonas del territorio nacional. Un comandante de comando conjunto articulaba las operaciones de fuerzas militares de distintas ramas en una región estratégica, mientras que el comandante del Ejército ejercía la dirección de esta fuerza a escala nacional. Se trataba, por tanto, de posiciones con capacidad para impartir órdenes, establecer prioridades operacionales e incidir en la forma en que las unidades subordinadas desarrollaban sus operaciones y evaluaban sus resultados.
Este análisis permitió establecer las contribuciones individuales que sustentan su identificación como máximos responsables, por sus aportes a la expansión, consolidación y sostenimiento de los asesinatos y las desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2005 y 2008.
El general (r) Mario Montoya Uribe
La investigación encontró bases suficientes para considerarlo máximo responsable por su contribución a la consolidación e institucionalización de una política de facto de conteo de cuerpos que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional.