
Siete generales retirados fueron llamados a reconocer responsabilidad. Los procesos de Mario Montoya, Óscar González Peña y Luis Roberto Pico pasaron a la Unidad de Investigación y Acusación, que deberá determinar si los acusa ante el Tribunal para la Paz.
Bogotá, 19 de noviembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó al general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, y a otros nueve generales retirados como máximos responsables por su contribución a la expansión de los llamados ‘falsos positivos’ en Colombia. Entre 2005 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Sala de Reconocimiento documentó 2.077 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas que integrantes del Ejército reportaron como muertes en combate. Otras 34 personas sobrevivieron.
La decisión cierra la etapa de investigación de la fase nacional del Caso 03, dirigida por el magistrado Óscar Parra Vera. La Sala examinó cómo una práctica que había documentado en distintas regiones desde al menos 2002 llegó a extenderse por el país. Para ello, reconstruyó qué información recibían los comandantes sobre las muertes, cómo evaluaban a sus unidades y qué hicieron cuando conocieron las denuncias.
- La Sala pudo esclarecer judicialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate. Estos crímenes ocurrieron en 1.625 hechos y dejaron 44 personas sobrevivientes. De ese total, 2.077 víctimas y 34 sobrevivientes corresponden al periodo comprendido entre 2005 y 2008.
- La Sala individualizó como máximos responsables de la escala nacional de este fenómeno criminal a 10 generales del Ejército Nacional, un ex comandante del Ejército, un Inspector General, a quien comandó el Comando Conjunto Caribe y a siete generales retirados comandantes de división.
Qué le atribuye la JEP al general Mario Montoya
Entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, Montoya ocupó sucesivamente tres cargos: comandante de la Primera División, comandante del Comando Conjunto Caribe n.º 1 y comandante del Ejército Nacional. Según la Sala, desde esas posiciones contribuyó a consolidar una “política de facto de conteo de cuerpos”. En la práctica, el número de muertos que reportaba una unidad pasó a ser el principal indicador con el que se medía su desempeño militar.
La JEP documentó que Montoya utilizó programas radiales para hacer seguimiento a los resultados de las tropas. También atribuyó al oficial la promoción de metas numéricas, clasificaciones que comparaban a las unidades entre sí e incentivos que daban mayor valor a una muerte reportada en combate que a otros resultados operacionales.
En su versión ante la JEP, Montoya sostuvo que sus subordinados lo engañaron, negó haber promovido conductas ilícitas y señaló que impartió directrices para proteger los derechos humanos y garantizar el respeto al derecho internacional humanitario. La Sala consideró que hay elementos suficientes para sostener que el oficial conoció tempranamente denuncias de ejecuciones extrajudiciales y que, aun así, mantuvo la presión para aumentar las bajas. También examinó su posible contribución al encubrimiento de los hechos y el alcance de las medidas que adoptó frente a las denuncias. jep.gov.co
Los siete generales llamados a reconocer responsabilidad
La Sala atribuyó a los siguientes oficiales retirados una contribución a la expansión de los crímenes. La investigación abarcó decisiones adoptadas en los comandos de división, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General y la Comandancia del Ejército. jep.gov.co
| Grado en retiro | Oficiales llamados a reconocer responsabilidad |
|---|---|
| General | Luis Felipe Paredes Cadena |
| Mayores generales | Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiróz |
| Brigadier general | José Joaquín Cortés Franco |
Por qué los procesos de Montoya, González Peña y Pico pasaron a la UIA
En actuaciones anteriores, el general Mario Montoya Uribe, el general Óscar Enrique González Peña y el mayor general Luis Roberto Pico Hernández manifestaron expresamente y en reiteradas ocasiones que no reconocerían responsabilidad por las conductas que les atribuyó la jurisdicción. Tras valorar esas intervenciones, la Sala remitió sus expedientes a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Los tres procesos seguirán la vía adversarial. Corresponde ahora a la UIA evaluar las pruebas y decidir si presenta una acusación ante el Tribunal para la Paz. De hacerlo, los oficiales podrán controvertir los cargos en juicio.
Qué representan las cifras de 2.077 y 2.702 víctimas
Entre enero de 2002 y diciembre de 2008, la JEP logró establecer cuándo, cómo y dónde fueron asesinadas 2.702 personas que luego fueron presentadas falsamente como bajas en combate. La Sala reconstruyó 1.625 hechos y documentó, además, que 44 personas sobrevivieron. jep.gov.co
Dentro de ese balance están las 2.077 víctimas y los 34 sobrevivientes del periodo 2005-2008. La decisión sobre los diez generales se concentra en esos cuatro años porque, según la Sala, fue entonces cuando los crímenes adquirieron una dimensión nacional. jep.gov.co
Hasta la fecha, la JEP ha acreditado a 5.164 víctimas en el Caso 03, de las cuales 3.068 son mujeres, principalmente de Antioquia, Casanare y Cesar. Esta distribución guarda relación con los hallazgos de la investigación, que identificó una concentración importante de la victimización en Antioquia, Casanare, Huila, Norte de Santander y la región Caribe. Así, las cifras de acreditación y las determinaciones judiciales ofrecen perspectivas complementarias para dimensionar la magnitud de los crímenes y su impacto en distintas regiones del país.