Abogados exigen cambios en Colombia: piden autonomía disciplinaria y regulación de la IA

Bogotá. Con la participación de 34 delegaciones provenientes de diferentes departamentos del país, el Colegio de la Abogacía Colombiana (Corpoabocol) realiza en el centro de Bogotá el Encuentro Nacional de Abogacía, un espacio de discusión sobre los principales desafíos que enfrenta el ejercicio del derecho y el funcionamiento del sistema judicial colombiano.

Durante el evento, Ernesto Amézquita, magistrado del Tribunal de Honor del Colegio de la Abogacía Colombiana, explicó que las discusiones se concentran en tres asuntos fundamentales: la congestión y morosidad judicial, la necesidad de fortalecer la autonomía disciplinaria de los profesionales del derecho y los efectos de la inteligencia artificial en la administración de justicia.

Abogados reclaman autonomía para ejercer su propio control disciplinario

Uno de los principales planteamientos del encuentro es la necesidad de impulsar una ley de colegiatura que permita a los abogados asumir mayores responsabilidades en la vigilancia ética y disciplinaria de su profesión.

Amézquita cuestionó que, a diferencia de otros sectores profesionales, los abogados no cuenten con un sistema de autorregulación gremial equivalente al de disciplinas como la medicina, la ingeniería o la economía.

Según el magistrado, actualmente los profesionales del derecho son tenidos en cuenta principalmente cuando se trata de imponer sanciones o excluirlos del ejercicio profesional, pero no cuentan con una participación suficiente en los mecanismos de control de su propia actividad.

En ese sentido, planteó que el Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana pueda asumir funciones relacionadas con la expedición de tarjetas profesionales y la vigilancia de la conducta ética de sus integrantes, una propuesta que requeriría modificaciones al marco normativo vigente.

Inteligencia artificial y virtualidad generan preocupación en el sector judicial

Otro de los asuntos que despertó preocupación entre los participantes fue el avance acelerado de la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias para el ejercicio de la abogacía.

Amézquita advirtió sobre la necesidad de establecer reglas claras para el uso de estas herramientas tecnológicas, especialmente frente a sus implicaciones en la actividad profesional, la protección de los derechos fundamentales y la administración de justicia.

El magistrado también expresó reparos frente a la implementación de mecanismos virtuales en los procesos judiciales, al considerar que determinadas prácticas podrían afectar las garantías de los ciudadanos y el acceso efectivo a la justicia.

«La inteligencia artificial debe estar al servicio de la justicia y del ser humano, y no al revés», enfatizó Amézquita, al insistir en que los avances tecnológicos deben contribuir al fortalecimiento del sistema judicial y no convertirse en obstáculos para el ejercicio de los derechos.

Preocupación por recortes presupuestales a la JEP

La financiación del sistema judicial también ocupó un lugar importante en las discusiones del encuentro.

Amézquita cuestionó los recortes presupuestales que, según señaló, han afectado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.

El magistrado calificó de «aberrante» la reducción de recursos y aseguró que las limitaciones financieras ponen en riesgo el desarrollo de la justicia restaurativa, precisamente cuando la jurisdicción avanza en procesos relacionados con el esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades derivadas del conflicto.

Sus declaraciones reflejan la preocupación de sectores de la abogacía por la disponibilidad de recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones judiciales y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.