Ernesto Amézquita.
Columnista
Gran y novedoso aporte para la historia de Colombia y el mundo es la propuesta de una paz total que considero integral. La coyuntura humanista así lo exige cómo se exige también la no exclusión del derecho fundamental de los ciudadanos que residimos en los territorios y ciudades urbanas del país.
con base en el artículo 22 de nuestra constitución política, La Paz es un derecho fundamental para todos los colombianos y colombianas. Para avanzar en el concepto de paz total e integral es necesario precisar tres vitales aspectos.
El primero, la diferencia entre el delito común y el delito político de acuerdo con la jurisprudencia y el derecho penal internacional; Segundo, la necesidad de dialogar separadamente con todos los sectores y actores en armas, sin que implique el sometimiento del uno al otro, o cualquier símbolo de impunidad frente a conductas típicas delictuales, sumariamente probadas, con respeto al debido proceso y garantías ciudadanas.
Tercero, el cambio de ese concepto categórico de sometimiento, por el de acogimiento a la justicia, que es de iniciativa voluntaria y consensual, todo lo cual requiere de un tratamiento diferencial y por supuesto, dialógico y consensuado.
Teniendo en cuenta que el “sometimiento” tradicionalmente ha sido una figura derivada del tratamiento de vencedores frente a vencidos, de origen inquisitorial; que ha fracasado en la prevención y persuasión del delito, por el contrario el acogimiento es algo de carácter bilateral, en donde se necesita en primera instancia la voluntad de quien se acoge o desea hacerlo y por tanto eso implica un tratamiento particular que bien vale la pena reglamentar por ley, lo que nos abriría un espacio muy grande para buscar el ideal y el paradigma de la Paz, no solo en los campos sino también en las ciudades, en los municipios y sectores circunvecinos, porque precisamente estamos observando cómo se está profundizando la violencia incluso con actitudes y comportamientos psicopáticos y execrables como lo sucedido en Bogotá, Cali y otras ciudades que denotan degradación en violaciones, a la vida, la dignidad y a los derechos humanos en su integridad.
Hasta ahora en Colombia, no hemos conocido una política pública tan ambiciosa y esperanzadora como la de la paz total. Solo hemos visto prácticas como de “Tierra arrasada, la paz de los sepulcros, estatutos de seguridad”, entre otros; Que avasallaron los D. Humanos, las garantías constitucionales y la paz, en anteriores gobiernos.
Por lo anterior, es hora de buscar, nuevas alternativas en políticas públicas de tratamiento a la criminalidad, no solo de orden rural, sino también urbano y de diferentes niveles de nuestra organización social.
Alternamente, prioritario compromiso debe ser la promoción de intensas campañas pedagógicas por el respeto a la vida, la integridad y dignidad humanas, por supuesto, dentro del nuevo concepto; de Justicia restaurativa; que es la Justicia del Futuro.
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