La Fiscalía General de la Nación adelantó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra varios implicados en el escándalo de lavado de activos y contrabando que involucra a la cadena de ropa interior Lili Pink. La diligencia, transmitida por Focus Noticias, se realiza tras los operativos de ocupación y extinción de dominio que afectaron más de 400 establecimientos en todo el país.
Los allanamientos y bienes incautados
El operativo, ejecutado con apoyo del CTI y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyó allanamientos en 59 municipios de 25 departamentos. En total fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculados a la marca.
Entre los bienes incautados figuran predios urbanos y rurales, bodegas, locales en centros comerciales exclusivos y camionetas de alta gama como Toyota Prado y 4Runner. La Fiscalía estima que el presunto lavado de activos asciende a más de 730.000 millones de pesos, mientras que el contrabando superaría los 75.000 millones.
Delitos bajo investigación
Los delitos mencionados en el proceso son lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito y fraude tributario. Según la Fiscalía, el esquema habría operado mediante importadoras y comercializadoras de papel, facturación irregular y maniobras para evadir controles aduaneros.
La investigación se originó en hallazgos de la Dian en 2022, cuando se detectaron irregularidades en el ingreso de mercancía y en solicitudes de devolución de IVA.
Este caso lleva más de cuatro años bajo investigación.
El entramado societario
Los investigadores identificaron un complejo esquema de traspasos de propiedades entre los empresarios Max Marvin Abadi Harari y su hijo David Abadi, junto con sociedades constituidas en Panamá como Nepal Blue SA, Bestsea Blue SA, Lili Brand Inc, Mail Blue SA y Greenland Point Foundation.
Se documentaron transacciones por más de 30.000 millones de pesos en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Popayán, Yopal, Tunja y Soacha. En varios casos, propiedades de empresas colombianas como Fast Moda SAS, Innova Quality SAS y Pink Life SAS fueron transferidas a compañías panameñas, lo que para la Fiscalía constituye un intento de “borrar el rastro” de los bienes.
La audiencia y los implicados
En la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó las órdenes de captura contra varios implicados, entre ellos Walter Martínez, señalado como uno de los presuntos responsables de las maniobras de contrabando y lavado. El ente acusador busca que los procesados enfrenten cargos y se les impongan medidas restrictivas de libertad mientras avanza el proceso.
La diligencia quedó reprogramada para el próximo lunes 11 de abril a las 6:00 de la tarde, momento en el que se decidirá si el procesado será privado de la libertad.
Administración de las sedes y empleados
La SAE asumió la administración temporal de los bienes incautados. Según la Fiscalía, los locales y activos afectados seguirán funcionando mientras avanza el trámite judicial, lo que garantiza la continuidad de la operación comercial y la estabilidad laboral de los más de 3.000 empleados directos e indirectos que dependen de la marca.
La empresa, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguró que está atendiendo el proceso “de manera directa y responsable” y pidió proteger la estabilidad de sus trabajadores.
La justicia deberá definir si se imponen medidas de aseguramiento contra los implicados y avanzar en el proceso de extinción de dominio. La Fiscalía insiste en que detrás de la operación comercial existió un entramado diseñado para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos y mantener una red de distribución con presencia nacional.
