
La audiencia fue programada para el próximo 2 de diciembre. El ente acusador sostiene que habrían sido aportados documentos con información falsa para obtener recursos por reposición de votos durante la consulta presidencial del Pacto Histórico de 2025.
Fiscalía imputará a exgerente de campaña de Carolina Corcho es uno de los nuevos procesos judiciales que involucran la financiación de campañas políticas en Colombia. La investigación apunta a presuntas irregularidades en la presentación de facturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para sustentar gastos de la campaña de la entonces precandidata presidencial Diana Carolina Corcho Mejía durante la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.
La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, una solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Nelson Emiro Linares Zárate, quien ejerció como gerente de la campaña de Corcho, y contra Héctor Ulises Ávila Cortés, funcionario con labores administrativas y contables en una empresa que prestaba servicios logísticos.
¿Qué investiga la Fiscalía?
De acuerdo con el ente investigador, los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación indican que habrían sido expedidas facturas con información presuntamente falsa para justificar servicios que, al parecer, nunca fueron ejecutados.
Según la hipótesis de la Fiscalía, estos documentos fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral con el propósito de gestionar el reconocimiento económico correspondiente a la reposición estatal de votos obtenidos en la consulta interna.
La reposición de votos es un mecanismo mediante el cual el Estado reconoce recursos a las campañas políticas de acuerdo con los resultados electorales obtenidos, previa acreditación y verificación de los gastos reportados ante las autoridades electorales.
Los delitos que serán imputados
La investigación está siendo liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien tiene previsto atribuir a los dos indiciados, de acuerdo con su posible participación individual en los hechos, los delitos de:
- Falsedad en documento privado
- Fraude procesal
- Estafa
La audiencia de formulación de imputación quedó fijada por la Judicatura para el próximo 2 de diciembre de 2026 en Bogotá.
Es importante recordar que la imputación constituye una etapa inicial del proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad. Será durante el desarrollo de la actuación judicial donde las partes presenten sus argumentos y pruebas.
¿Quién es Carolina Corcho?
Diana Carolina Corcho Mejía es médica psiquiatra, activista por el derecho a la salud y una de las figuras más visibles de la izquierda colombiana en los últimos años.
Entre agosto de 2022 y febrero de 2024 se desempeñó como ministra de Salud del gobierno del expresidente Gustavo Petro, liderando la polémica reforma al sistema de salud que generó amplios debates en el Congreso, el sector médico y las EPS.
Tras su salida del Gobierno, Corcho mantuvo protagonismo político dentro del Pacto Histórico y posteriormente lanzó una precandidatura presidencial para la consulta interna de esa coalición de cara a las elecciones de 2026.
El contexto de la consulta presidencial
La investigación tiene relación con los reportes financieros correspondientes a la consulta interna realizada por el Pacto Histórico en octubre de 2025, mecanismo mediante el cual la coalición buscó definir su candidatura presidencial.
Durante ese proceso participaron varios dirigentes del sector progresista y de izquierda, entre ellos Carolina Corcho, quien desarrolló una campaña centrada en la defensa de la reforma a la salud, la profundización de las políticas sociales y la continuidad de varios postulados impulsados por el petrismo.
La investigación conocida hasta ahora no está dirigida contra la exministra ni implica una imputación en su contra. El proceso anunciado por la Fiscalía se concentra específicamente en las actuaciones atribuidas a quienes habrían intervenido en la administración y soporte contable de la campaña.
La tesis de la Fiscalía
Según el organismo acusador, la presunta irregularidad se habría presentado durante el trámite de acreditación de gastos ante la autoridad electoral.
Las evidencias recopiladas indicarían que algunas facturas habrían sido elaboradas para demostrar la supuesta prestación de servicios logísticos inexistentes, documentación que posteriormente habría sido utilizada para respaldar solicitudes económicas derivadas de la reposición de votos.
Precisamente sobre ese punto se concentrará la imputación que realizará la Fiscalía General de la Nación en la audiencia programada para diciembre, una diligencia que podría marcar el inicio formal de un proceso judicial por presuntas irregularidades en la financiación y rendición de cuentas de campañas políticas.
Lo que viene en el proceso
Tras la audiencia de imputación, el despacho fiscal deberá definir los pasos siguientes de la investigación, mientras los procesados podrán aceptar o rechazar los cargos formulados.
El caso se suma a otras investigaciones que en los últimos años han puesto bajo la lupa los mecanismos de financiación electoral, la rendición de gastos de campaña y los controles ejercidos por el Consejo Nacional Electoral sobre los recursos invertidos durante las contiendas políticas.
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