Ante el Juzgado 25 de Conocimiento del Circuito se cumplió la audiencia contra la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción en contratación entre 2012 y 2014 cuando ocupó el cargo de alcaldesa del municipio de Albania.
Durante la audiencia, la abogada defensora de Pinto, Valentina Blanco, indicó que no es cierto que la exmandataria se hubiese apropiado de dineros públicos, como lo señala la Fiscalía, que desde marzo de 2017 adelanta investigaciones en su contra.
“Es bien sabido que todas las actividades, se requerían personas de oficina y labores varios que desempeñen estas actividades (en la reducción de la mortalidad infantil), y que las demás personas que están ejecutando el programa lo puedan realizar. La pertinencia está en demostrar, que efectivamente sí llevó a cabo unas actividades y que la señora Oneida Pinto, en consecuencia, no se apropió de esos dineros, porque efectivamente a estos prestadores se les pagaron por las actividades desarrolladas”, señaló la penalista.
El ente acusador investiga a la exmandataria por dos contratos que buscaban la reducción de la mortalidad de niños y niñas en el municipio de Albania. “Se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio”, indicó el fiscal del caso.
La Fiscalía, ha presentado testimonios y pruebas con las que busca comprobar que Oneida Pinto generó contratos con 10 coordinadores, que a su vez subcontrataron a 1.600 personas, las cuáles debían supuestamente apoyar con su voto en campaña.
“Los subcontratados presuntamente recibieron la suma de 1 millón 200 mil pesos cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación. Entre estos últimos había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa entrante”, aseguró el fiscal del caso.
La defensa de la exmandataria se concentra en desvirtuar estas acusaciones, indicando que si hubo contratación, que hubo pagos por cumplimientos de varios requisitos y tareas dentro del programa que buscaba acabar con la mortalidad y desnutrición infantil, pero que estos no estaban direccionados a generar beneficios electorales para su clienta.
Pinto enfrenta juicio por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Por otro lado la exmandataria, también es investigada por el ente acusador por presuntas irregularidades en construcción de adoquines del municipio de Albania, que habría ocasionado pérdidas al erario por más de $5.900 millones. Proceso por el que fue imputada por los delitos por los cargos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
