El magistrado José Joaquín Urbano advirtió sobre un posible riesgo para los integrantes de la Sala Penal y sus familias después de conocerse el hallazgo de un proyectil y daños en los ventanales del despacho del procurador Pedro Luis Bonilla, quien intervino en el proceso que terminó con una condena de 31 años y ocho meses de prisión contra el exgobernador de La Guajira.
Un nuevo elemento apareció en la investigación por el proyectil encontrado en el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá. El magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia José Joaquín Urbano Martínez puso en conocimiento de la presidencia de esa corporación una serie de hechos que, según advirtió, podrían representar un riesgo para los funcionarios judiciales que participaron en la condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.
La advertencia quedó consignada en el oficio JJUM-0085 del 2 de septiembre de 2026, dirigido al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano Garavito.
El documento cobra especial relevancia después de que se conocieran imágenes del despacho del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, ubicado en el piso 26 del edificio de la Procuraduría, donde funcionan dependencias de procuradores que intervienen ante la Corte Suprema de Justicia.
En las imágenes conocidas sobre el caso se aprecia uno de los grandes ventanales del despacho con un orificio en el vidrio y daños alrededor del punto de impacto. Dentro de la oficina también fue encontrado un proyectil. Las autoridades adelantan análisis balísticos y de trayectoria para determinar el arma utilizada, el lugar desde donde se produjo el disparo y las circunstancias exactas del episodio.
La Dijín de la Policía Nacional asumió la investigación y la Fiscalía General de la Nación participa en las diligencias. Entre las pruebas que deberán establecer los investigadores está precisamente el origen y la trayectoria del proyectil. Por ahora, no existe una conclusión judicial definitiva que permita afirmar que se trató de un atentado o que el episodio esté directamente relacionado con el proceso contra Gómez Cerchar.
“Existe la posibilidad de que los magistrados estemos en riesgo”
La alerta del magistrado Urbano introduce, sin embargo, un elemento especialmente delicado.
En su comunicación, el togado relata que el martes 1.º de septiembre habló con el procurador Pedro Luis Bonilla, quien había intervenido ante la Corte solicitando que fuera revocada la absolución que beneficiaba a ‘Kiko’ Gómez.
Según Urbano:
“El Procurador Primero Delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien en su intervención ante la Corte le solicitó que casara la sentencia y condenara al acusado, me comentó que la semana pasada, en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la PGN, apareció una bala disparada, lo que le generó gran preocupación”.
Pero el relato no terminó allí. El magistrado agregó:
“Además, me informó que esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”.
Precisamente, las imágenes conocidas del lugar muestran el daño sufrido por el ventanal del despacho y el elemento encontrado posteriormente dentro de la oficina.
A partir de estos acontecimientos y de otras informaciones conocidas días antes, Urbano decidió advertir formalmente a la Corte:
“Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”.
El magistrado pidió además que la situación sea conocida por la Dirección de Protección de la Policía Nacional y que se revisen las condiciones de seguridad.
“Me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias”, señaló.
La advertencia que comenzó días antes
El oficio revela que las preocupaciones de seguridad no comenzaron con el hallazgo del proyectil.
Urbano asegura que durante la semana anterior había circulado en plataformas digitales una información que advertía sobre supuestas órdenes para asesinar a tres personas atribuidas a un “poderoso asesino guajiro”.
El magistrado reprodujo en su comunicación el mensaje que había circulado:
“Un poderoso asesino guajiro -hoy preso y con varias condenas en última instancia-, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra”.
De acuerdo con Urbano, el miércoles 26 de agosto la procuradora judicial II Gloria Guzmán Duque, quien presentó una de las demandas de casación contra la absolución del exgobernador, acudió personalmente a su despacho.
“Acudió a mi oficina para compartirme la profunda preocupación que tenía por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervenimos en ese proceso”, explicó el magistrado.
Días después aparecería el proyectil en el despacho de Bonilla.
¿Qué tiene que ver ‘Kiko’ Gómez?
El punto de conexión señalado por Urbano está en una decisión adoptada por la Corte Suprema cuatro meses atrás.
Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, fue gobernador de La Guajira y ha enfrentado diferentes procesos judiciales. Uno de ellos correspondió a tres homicidios agravados y concierto para delinquir.
El Tribunal Superior de Bogotá había declarado prescrita la acción penal frente a dos de los homicidios y había absuelto a Gómez por el crimen restante, aunque mantuvo una condena por concierto para delinquir.
El caso llegó posteriormente a la Sala de Casación Penal.
Con ponencia precisamente del magistrado José Joaquín Urbano, la Corte resolvió el recurso el 29 de abril de 2026 y revocó la absolución relacionada con el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta, asesinado en 1997.
La Corte determinó que Gómez debía responder como determinador del homicidio y restableció la condena de primera instancia. La pena quedó fijada en 31 años y ocho meses de prisión.
“La Sala de Casación Penal, con ponencia de este Magistrado, conoció del recurso de casación interpuesto contra esa sentencia. Al decidirlo, el 29 de abril de 2026, revocó la absolución y condenó al acusado por el delito de homicidio agravado”, recordó Urbano.
Y agregó:
“Hasta este momento, esa sentencia dictada por unanimidad por la Sala de Casación Penal está vigente, aunque es posible que, luego, por virtud de alguna acción de tutela, quede sin efectos”.
En ese proceso tuvo participación directa la Procuraduría. Gloria Guzmán Duque presentó una de las demandas de casación y Pedro Luis Bonilla Bolaños intervino ante la Corte solicitando casar la sentencia y condenar al exgobernador. La Corte finalmente acogió los cuestionamientos formulados contra la absolución.
Un proyectil en el piso 26
El episodio comenzó a conocerse públicamente el 1.º de septiembre, cuando se informó del hallazgo de un proyectil dentro de una oficina del piso 26 de la sede de la Procuraduría, en el centro de Bogotá.
El despacho afectado corresponde a Pedro Luis Bonilla Bolaños. Las primeras inspecciones permitieron encontrar un orificio en uno de los ventanales y un proyectil en el interior de la oficina. La Dijín dispuso un equipo especializado para determinar exactamente qué ocurrió.
Las investigaciones balísticas son especialmente importantes porque existen versiones distintas sobre las características del proyectil y el arma que pudo haberlo disparado. Mientras en la carta el magistrado Urbano habla de la información recibida sobre “evidencia de dos disparos de fusil”, fuentes de la investigación citadas este miércoles señalan que los peritos todavía analizan el calibre, la trayectoria y el posible punto de origen. Por esa razón, aún no puede darse por establecido técnicamente que los impactos hayan sido producidos por un fusil.
Lo que sí está confirmado es que el lugar afectado tiene una particular sensibilidad institucional: se trata del despacho de un funcionario de la Procuraduría que interviene ante la Sala Penal de la Corte Suprema y que participó directamente en el proceso contra ‘Kiko’ Gómez.
Investigación deberá establecer si existe conexión
La carta del magistrado Urbano cambia la dimensión del episodio porque pone sobre la mesa una posible conexión entre el hallazgo del proyectil, las preocupaciones previas de funcionarios judiciales y una de las decisiones penales más sensibles adoptadas recientemente por la Corte Suprema.
Sin embargo, será la investigación de la Fiscalía, la Dijín y los expertos en balística la que deberá establecer si los daños encontrados en el piso 26 corresponden a uno o varios disparos, desde dónde fueron realizados, qué tipo de arma fue utilizada y, especialmente, si existe alguna relación con las actuaciones judiciales de Pedro Luis Bonilla, Gloria Guzmán o los magistrados de la Sala Penal.
Por ahora, la advertencia ya llegó formalmente a la Corte Suprema. El propio magistrado ponente de la condena contra ‘Kiko’ Gómez considera que el riesgo no puede ser ignorado y pidió reforzar la seguridad de los magistrados y de sus familias.