La exaspirante a un cargo en el Ministerio de Igualdad y Equidad fue acusada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía sostiene que presentó documentos académicos que no cumplían los requisitos legales para su expedición.
La Fiscalía General de la Nación anunció que llamará a juicio a Juliana Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José, dentro de un proceso penal relacionado con la presunta expedición y utilización de títulos académicos irregulares para acceder a un cargo de alto nivel en el Gobierno nacional.
La audiencia de acusación quedó programada para el próximo 5 de agosto de 2026, en un caso que ha generado una amplia controversia política y jurídica por involucrar una presunta falsificación de credenciales académicas utilizadas para respaldar una aspiración dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad.
Los procesados deberán responder por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, cargos que fueron formulados previamente por el ente acusador y que ninguno de los implicados aceptó.
¿Quién es Juliana Guerrero?
Juliana Guerrero es una dirigente política del departamento del Cesar que alcanzó notoriedad pública por su activismo social y su participación en procesos vinculados a sectores alternativos y comunitarios.
Su nombre adquirió mayor visibilidad nacional luego de ser considerada para ocupar una posición de relevancia dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad, entidad creada durante el actual modelo de gobierno para coordinar políticas de inclusión social, equidad de género y atención de poblaciones vulnerables.
Sin embargo, su trayectoria quedó bajo escrutinio luego de que surgieran cuestionamientos sobre la validez de algunos títulos académicos presentados en su hoja de vida durante el proceso de selección para dicho cargo.
La tesis de la Fiscalía
De acuerdo con la investigación, Guerrero habría anexado a su postulación documentos que acreditaban títulos de Contaduría Pública y de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, pese a que, según la Fiscalía, no cumplía los requisitos legales exigidos para haber obtenido dichas certificaciones.
Durante la audiencia de imputación, el fiscal encargado expuso que la procesada tenía pleno conocimiento de las inconsistencias presentes en los documentos académicos utilizados.
Según la teoría del caso, Guerrero habría decidido presentar esos títulos para acreditar una formación profesional que le permitiera cumplir con los requisitos exigidos para acceder al cargo público al que aspiraba.
La Fiscalía sostuvo que la investigada conocía que no había cumplido las exigencias normativas para la obtención de los grados académicos, pero aun así los incorporó a la documentación presentada ante la administración pública.
De acuerdo con la acusación, la conducta habría tenido como finalidad inducir en error a los funcionarios encargados de evaluar su nombramiento.
El supuesto fraude no dependía del nombramiento
Uno de los aspectos jurídicos más relevantes planteados por la Fiscalía es que el presunto delito de fraude procesal se habría consumado desde el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma oficial del proceso de selección.
El ente investigador explicó que no era necesario que el nombramiento se concretara para que existiera relevancia penal.
Según el fiscal del caso, el simple hecho de introducir documentación presuntamente falsa en un procedimiento administrativo tenía la capacidad de inducir en error a los servidores públicos encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos.
La acusación señala que los documentos presentaban apariencia de legalidad y autenticidad, circunstancia que les habría permitido superar inicialmente los controles documentales dentro del proceso.
El papel de la Fundación Universitaria San José
La investigación no solo involucra a Juliana Guerrero. La Fiscalía también atribuye responsabilidades a Luis Carlos Gutiérrez, quien ejercía como secretario general de la Fundación Universitaria San José en la época en que habrían sido expedidos los documentos cuestionados. Según el ente acusador, Gutiérrez habría certificado hechos que no correspondían a la realidad académica de Guerrero.
La Fiscalía sostiene que el exdirectivo universitario habría consignado información falsa en documentos públicos al señalar que la aspirante cumplía todos los requisitos reglamentarios para obtener los títulos académicos.
Dentro de las irregularidades identificadas por los investigadores aparece la presunta ausencia de las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para la obtención del título profesional en Colombia.
De acuerdo con la acusación, pese a no existir evidencia del cumplimiento de esa exigencia legal, se habrían emitido certificaciones que daban cuenta de una situación académica distinta.
Las pruebas que presentará la Fiscalía
Aunque la etapa de juicio aún no comienza, la Fiscalía ha indicado que cuenta con diferentes elementos materiales probatorios, documentos académicos, certificaciones institucionales y registros administrativos que respaldarían su teoría del caso.
Durante la fase oral del proceso, el ente investigador buscará demostrar que los títulos presentados para respaldar la aspiración de Guerrero carecían de sustento legal y que los documentos fueron utilizados para acreditar formación profesional ante el Estado.
La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas y presentar sus propios elementos de descargo para demostrar la legalidad de los estudios y certificaciones cuestionadas.
La audiencia de acusación prevista para el 5 de agosto marcará el inicio formal de la etapa de juicio, donde la Fiscalía intentará demostrar la responsabilidad penal de los procesados y donde un juez deberá determinar, con base en las pruebas presentadas por ambas partes, si existieron o no las conductas investigadas.
