El expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó este viernes al búnker de la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria dentro de una investigación por hechos ocurridos en Antioquia cuando era gobernador del departamento. Minutos antes de comparecer publicó una extensa declaración en la que aseguró que acudía “con tristeza”, rechazó los señalamientos en su contra y cerró con una contundente frase: “Creí que le había servido a la Nación pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez acudió al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para afrontar una de las diligencias judiciales más importantes dentro de las investigaciones que durante años han rodeado las masacres paramilitares ocurridas en Ituango, Antioquia, mientras ejercía como gobernador de ese departamento.
Uribe fue citado a indagatoria por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dentro de un expediente relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en 1996 y 1997, respectivamente, y otros hechos, entre ellos el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en Medellín en febrero de 1998.
La diligencia estaba prevista para las 9:00 de la mañana y la defensa del exmandatario había adelantado actuaciones para intentar suspenderla, en medio de una discusión sobre cuál autoridad judicial debe continuar con la investigación.
Antes de ingresar a la Fiscalía, Uribe publicó una extensa declaración en sus redes sociales.
“Acudo a esta indagatoria, con tristeza, lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia”, comenzó diciendo el expresidente.
Uribe asegura que se trata de otra acusación de sus adversarios
El exmandatario sostuvo que este nuevo proceso hace parte de una serie de señalamientos que, según él, han sido promovidos durante años por sus contradictores.
“Esta acusación se suma a las muchas que he llevado, creadas por el comité de mis adversarios”, señaló.
Uribe hizo posteriormente un recorrido por algunas de las controversias políticas y judiciales que han acompañado su carrera pública.
“Me han acusado de neoliberal porque creo que el Estado derrochador y gigante roba los recursos que la comunidad necesita en salud, educación, vivienda, en el avance del bienestar”.
También se refirió a las críticas que ha recibido por sus políticas laborales, pensionales y de salud.
“Me han acusado de enemigo de los trabajadores por vincular en la salud al sector privado con solidaridad, en las pensiones por defender el manejo privado del ahorro de los trabajadores, por preferir el salario y la jornada laboral reducida sobre las obsoletas rigideces normativas. Siempre rechazo en mi interior el odio de clases y clamo por la economía fraterna”.
“Me han acusado de relaciones con Pablo Escobar”
En otro aparte de su pronunciamiento, el expresidente se refirió a uno de los señalamientos históricos que ha enfrentado.
“Me han acusado de relaciones con Pablo Escobar quien varias veces mandó a asesinarme en represalia a mi cumplimiento del deber”.
Uribe también rechazó cualquier relación con estructuras paramilitares.
“Me han acusado de narco-paramilitar no obstante nuestros resultados en disminución del narcotráfico y en desmonte del paramilitarismo”.
Y agregó:
“Me han acusado de violación de Derechos Humanos a pesar de la política de Seguridad Democrática que sirvió a todos los colombianos y al libre ejercicio de la democracia. El término de Falsos Positivos lo acuñó alguien de mi Gobierno que mejor debió evitarlos o sancionarlos a tiempo”.
Volvió a referirse al proceso por manipulación de testigos
El exmandatario también mencionó el proceso judicial que enfrentó por presunta manipulación de testigos, uno de los expedientes que mayor impacto político y judicial ha tenido durante los últimos años.
“Me han acusado de sobornar testigos por la resuelta defensa de mi reputación”, aseguró.
Posteriormente, hizo referencia a las controversias políticas surgidas tras la salida del gobierno de Gustavo Petro.
“Ahora me acusan de Petro Uribismo para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives, leal con la Nación. Al Gbno Petro lo combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un Presidente del Senado con condiciones de patriota”.
Uribe sostuvo que, pese a considerar que algunos de los señalamientos en su contra tuvieron origen en sectores cercanos al expresidente Petro, defenderá las garantías judiciales incluso para sus adversarios.
“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del ex Presidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”.
“Hoy acudo a decir que no he sido asesino”
Uno de los apartes más personales del pronunciamiento estuvo relacionado con su hermano Santiago Uribe Vélez.
“Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un finquero básico, de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos”.
Después pronunció la frase con la que marcó su defensa antes de ingresar a la diligencia:
“Creí que le había servido a la Nación pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”.
Finalmente agregó:
“El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima de honores y dolores”.
Uribe aseguró además que su propósito continúa siendo contribuir al fortalecimiento institucional.
“Me afana contribuir a la robustez democrática y de las libertades para bien de las presentes y futuras generaciones, más allá del ciclo de mi vida”.
¿Qué pasó en la masacre de El Aro?
El Aro es un corregimiento del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. Allí se produjo, a partir del 22 de octubre de 1997, una de las incursiones paramilitares más recordadas de esa región.
La reconstrucción judicial de los hechos establece que hombres pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) recorrieron durante varios días la zona, asesinaron campesinos, saquearon propiedades, incendiaron viviendas y provocaron el desplazamiento de la población.
Las fuentes históricas presentan diferencias sobre el número exacto de muertos: la sentencia penal que condenó a varios responsables se refiere al homicidio de 15 personas, mientras reconstrucciones posteriores y registros de memoria documentan al menos 17 asesinados.
Además de los homicidios, los paramilitares obligaron a habitantes a arrear ganado robado y se apoderaron de entre 800 y 1.200 cabezas de ganado.
La incursión terminó prácticamente destruyendo el poblado y provocando un desplazamiento masivo.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 declaró internacionalmente responsable al Estado colombiano por violaciones de derechos humanos relacionadas con las masacres de Ituango.
Castaño, Mancuso y Villalba fueron condenados
El expediente de El Aro tiene decisiones judiciales desde hace más de dos décadas.
El 22 de abril de 2003, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a los jefes paramilitares Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez a 40 años de prisión y a Francisco Enrique Villalba Hernández a 33 años.
Las condenas estuvieron relacionadas con el homicidio de 15 personas, concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.
La investigación también abordó la conducta de integrantes de la Fuerza Pública. Entre los militares mencionados históricamente en las actuaciones aparecen el entonces teniente Everardo —o Abelardo, según algunos registros— Bolaños Galindo y el cabo primero Germán Antonio Alzate Cardona, por presunta colaboración u omisión frente a la incursión paramilitar.
La Corte Interamericana estableció que la incursión paramilitar se produjo en un contexto de aquiescencia, tolerancia o apoyo de integrantes de la Fuerza Pública.
¿Por qué aparece Álvaro Uribe en este expediente?
Cuando ocurrieron las masacres de La Granja y El Aro, Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia.
Durante años han aparecido testimonios y decisiones judiciales que han pedido establecer si funcionarios departamentales tuvieron conocimiento previo de la incursión paramilitar o incurrieron en omisiones frente a lo sucedido.
Entre las declaraciones que forman parte de esta historia judicial están las del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y las del fallecido paramilitar Francisco Villalba.
Mancuso ha realizado señalamientos sobre el conocimiento que habría tenido Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Antioquia, acerca de la operación paramilitar. También se han investigado versiones relacionadas con el supuesto uso o presencia de un helicóptero de la Gobernación durante los hechos.
Uribe ha rechazado reiteradamente esas acusaciones y ha negado cualquier participación, conocimiento previo o colaboración con los paramilitares.
La Fiscalía debe ahora confrontar esos testimonios y el restante material probatorio con las explicaciones que entregue el expresidente durante su indagatoria.
La Granja y el asesinato de Jesús María Valle
El expediente no se circunscribe a El Aro.
El 11 de junio de 1996, aproximadamente 22 paramilitares ingresaron al corregimiento de La Granja, también en Ituango, donde fueron asesinados varios habitantes. La reconstrucción de la Corte Interamericana registra cinco víctimas mortales en esa incursión.
Posteriormente, el 27 de febrero de 1998, fue asesinado en su oficina de Medellín el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Valle había denunciado públicamente las actuaciones de los grupos paramilitares en Ituango y había advertido sobre una presunta colaboración u omisión de integrantes de la Fuerza Pública frente a las masacres.
Su homicidio también terminó convertido en uno de los capítulos fundamentales de las investigaciones sobre la violencia paramilitar en Antioquia.
¿Por qué el proceso contra Uribe se adelanta por Ley 600?
Este es uno de los aspectos jurídicos importantes del expediente.
Los hechos investigados ocurrieron entre 1996 y 1998, mucho antes de que entrara plenamente en funcionamiento el actual sistema penal acusatorio creado mediante la Ley 906 de 2004.
Por esa razón, el procedimiento se desarrolla bajo las reglas de la Ley 600 de 2000, sistema penal de tendencia inquisitiva o mixta en el que la Fiscalía concentra funciones de investigación y adopta decisiones sobre la situación jurídica del investigado durante la etapa de instrucción.
La figura de la indagatoria pertenece precisamente a ese procedimiento.
A diferencia del sistema acusatorio actual, en el que una persona puede ser vinculada mediante una audiencia de formulación de imputación ante un juez, bajo la Ley 600 la indagatoria constituye el mecanismo mediante el cual una persona queda formalmente vinculada a la investigación y tiene la posibilidad de responder frente a los hechos y las pruebas que existen en su contra.
¿Qué viene después de la indagatoria?
Una vez finalice la diligencia, la Fiscalía deberá continuar evaluando las explicaciones de Uribe, los documentos, testimonios, decisiones judiciales y demás elementos incorporados al expediente.
Posteriormente deberá resolver su situación jurídica conforme a las reglas de la Ley 600.
Eso significa que esta comparecencia no implica que Uribe haya sido declarado responsable de los hechos ni que exista automáticamente una acusación en su contra.
La Fiscalía tendrá que determinar, a partir del conjunto de pruebas, si existen elementos suficientes para adoptar decisiones que permitan que el proceso avance o si, por el contrario, procede una determinación favorable al investigado.
Más adelante, una vez concluida la etapa de instrucción, el ente investigador deberá definir si precluye la investigación o si profiere resolución de acusación, caso en el cual el expediente pasaría a la etapa de juzgamiento ante el juez competente.
Sin embargo, sobre el proceso existe actualmente otra discusión jurídica. La defensa de Uribe ha solicitado que la investigación sea remitida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al considerar que la competencia correspondería al Congreso por la condición que tuvo Uribe como presidente de la República. La Fiscalía ha rechazado esa tesis y el conflicto deberá ser definido por la Corte Constitucional.
Mientras esa controversia se resuelve, la Fiscalía mantuvo la diligencia y citó al exmandatario.
Por eso, la indagatoria de este viernes constituye un momento procesal determinante: Álvaro Uribe queda formalmente vinculado a una investigación que busca establecer si tuvo alguna responsabilidad penal en hechos ocurridos hace casi tres décadas en Antioquia, algo que él ha negado de manera reiterada y que volvió a rechazar antes de ingresar al búnker de la Fiscalía con una frase que resume su posición frente al expediente:
“Creí que le había servido a la Nación pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”.