La dirigente fue detenida en su vivienda en Canuto, provincia de Manabí, dentro del caso Laberinto, que investiga el financiamiento de su campaña presidencial de 2023. Rafael Correa y Revolución Ciudadana denunciaron persecución política.
La captura de Luisa González se produjo en la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, durante un operativo en la parroquia Canuto, cantón Chone, en la provincia ecuatoriana de Manabí. La excandidata presidencial de Revolución Ciudadana es investigada por presunto lavado de activos relacionado con las cuentas de su campaña de 2023.
Agentes de una unidad investigativa de Quito ejecutaron la detención. Posteriormente, González fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil, donde, según reportó Primicias, debía someterse a una evaluación médica antes de la formulación de cargos.
El procedimiento forma parte del denominado caso Laberinto. La Fiscalía General del Estado informó que las diligencias se realizaron en las provincias de Manabí y Pichincha y que hay siete personas investigadas, tres de ellas detenidas para comparecer ante la justicia.
¿Por qué fue detenida Luisa González?
La investigación busca determinar el origen de recursos utilizados en el financiamiento político y en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, cuando González compitió por primera vez contra Daniel Noboa.
El delito anunciado por la Fiscalía es lavado de activos. Las autoridades examinan inconsistencias en los aportes y en la justificación de la procedencia lícita del dinero empleado en esa contienda electoral. La formulación de cargos permitirá precisar la conducta individual que se atribuye a cada investigado.
En una explicación posterior del caso, la Fiscalía señaló que aproximadamente US$500.000 habrían sido canalizados mediante empresas para contratar publicidad electoral, sin transparentar el origen de los recursos. El periodo examinado comprende entre mayo y agosto de 2023, según la información institucional recogida por Metro Ecuador.
La captura y el anuncio de cargos no constituyen una sentencia condenatoria. La responsabilidad de González deberá establecerse mediante el proceso judicial, con garantías para su defensa.
El expediente surgió de una revisión de cuentas electorales
De acuerdo con información publicada por Extra, uno de los antecedentes del caso es el expediente 575-2025-TCE, remitido por el Tribunal Contencioso Electoral a la Fiscalía después de revisar las cuentas de la campaña.
Entre las observaciones figuraban US$174.930 en propaganda electoral no declarada y US$6.400 en aportes sin la documentación de respaldo requerida, además de problemas en los registros administrativos de la campaña. Estos valores corresponden a hallazgos electorales y no deben confundirse automáticamente con la totalidad de los recursos examinados en la investigación penal.
El proceso electoral derivó en una multa solidaria de US$18.000 para González, Andrés Arauz y Estefanía Molina, que fue pagada en junio de 2026. Sin embargo, el traslado de documentos a la Fiscalía abrió una actuación penal distinta para examinar el origen y manejo del dinero.
¿Quiénes más aparecen en el caso?
Además de González, los reportes sobre las órdenes de detención identifican a Estefanía Elizabeth Molina Freire, vinculada al manejo económico de la campaña, y a Joseph Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña de Revolución Ciudadana.
La Fiscalía anunció la presentación de cargos contra tres personas mediante sus iniciales. El expediente general comprende siete investigados, por lo que no todos se encuentran necesariamente en la misma situación procesal.
Correa y Revolución Ciudadana denuncian persecución
El expresidente Rafael Correa, principal referente político de González, fue uno de los primeros en informar sobre su detención.
“Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!”, escribió en X. El movimiento Revolución Ciudadana calificó la aprehensión como “arbitraria e inconstitucional”.
La organización también denunció inicialmente falta de información sobre su ubicación y dificultades para el acceso de sus abogados. Exigió garantías para su integridad y sostuvo que se está utilizando una controversia sobre cuentas electorales para perseguir a la oposición. Estas afirmaciones corresponden a la posición del movimiento político.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, defendió que los fondos de campaña fueron justificados y recordó que las sanciones económicas impuestas por la autoridad electoral ya habían sido pagadas. Correa también rechazó las acusaciones y atribuyó el procedimiento a una persecución política.
¿Quién es Luisa González?
Luisa Magdalena González Alcívar, de 48 años, es abogada y una de las figuras más reconocidas del correísmo. Fue candidata presidencial de Revolución Ciudadana en 2023 y 2025, elecciones en las que llegó a segunda vuelta y fue derrotada por Daniel Noboa.
Su formación académica incluye:
- Abogada de la Universidad Internacional del Ecuador.
- Magíster en Alta Gerencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales —IAEN—.
- Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.
Su trayectoria en el sector público estuvo estrechamente ligada al gobierno de Correa. Ocupó cargos en la Presidencia, los ministerios de Producción y Turismo y la Cancillería, incluido el consulado ecuatoriano en Valencia, España.
Fue secretaria nacional de Administración Pública, subsecretaria general del despacho presidencial y coordinadora de la agenda estratégica de Correa. Posteriormente trabajó en el Parlamento Andino y llegó a la Asamblea Nacional como representante de Manabí.
Una de las principales figuras políticas cercanas a Correa
Su cercanía con el expresidente combina años de trabajo dentro de su administración y respaldo político para sus dos candidaturas presidenciales. González se convirtió en una de las principales representantes electorales del movimiento y en una de las rivales más visibles de Noboa.
La detención ocurre después de que intentara participar como candidata a la Prefectura de Manabí. Su inscripción no pudo concretarse tras decisiones de la justicia electoral relacionadas con los requisitos para su postulación.
Al cierre de los reportes consultados, la Fiscalía había anunciado la formulación de cargos. No se había confirmado una decisión judicial de prisión preventiva, por lo que deberá conocerse el resultado de la audiencia para establecer las medidas que se impondrán a los procesados.
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