La Sala Especial de Primera Instancia rechazó las peticiones que buscaban frenar el proceso contra Wadith Alberto Manzur Imbett, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya y Juan Diego Muñoz Cabrera. La audiencia preparatoria avanzó este miércoles 21 de octubre con la definición de las pruebas que llegarán al juicio por el presunto intercambio de beneficios regionales a cambio de apoyar operaciones de crédito público.
El caso UNGRD contra seis excongresistas avanzó en la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala Especial de Primera Instancia continuó la audiencia preparatoria del juicio por el delito de cohecho impropio. El alto tribunal dejó en pie el proceso, rechazó solicitudes de las defensas y adoptó decisiones relevantes sobre los testimonios, documentos y elementos técnicos que podrán ser llevados al juzgamiento.
La diligencia involucra a Wadith Alberto Manzur Imbett, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya y Juan Diego Muñoz Cabrera. Los seis fueron llamados a juicio por hechos relacionados con su participación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Manzur Imbett y Manrique Olarte permanecen privados de la libertad, mientras los demás afrontan el proceso en libertad.
Todos los procesados mantienen su presunción de inocencia. Será la Sala Especial de Primera Instancia la que, tras practicar y valorar las pruebas dentro del juicio, deberá establecer si existe responsabilidad penal individual.
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La Corte negó frenar el proceso
Uno de los puntos centrales de la audiencia preparatoria fue la discusión de varias solicitudes planteadas por las defensas.
La Corte negó peticiones de nulidad y solicitudes con las que se pretendía poner fin anticipadamente a la actuación. En particular, fueron rechazadas las solicitudes de cesación de procedimiento promovidas por las defensas de Juan Pablo Gallo Maya y Juan Diego Muñoz Cabrera. El tribunal consideró que, una vez existe una acusación en firme, esta figura está sometida a causales objetivas que no encontró configuradas en este momento.
También fueron rechazados cuestionamientos relacionados con la reasignación interna del expediente, la intervención de conjueces que permitieron resolver el empate registrado previamente en la Sala de Instrucción y distintas objeciones formuladas contra elementos que sustentaron el llamado a juicio.
La Corte concluyó, además, que los cuestionamientos sobre determinados testimonios y sobre la cadena de custodia no implican automáticamente que esos elementos sean ilegales. Su alcance y credibilidad podrán ser debatidos por las partes durante el juzgamiento.
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Peritaje forense a los móviles de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides
Otra de las decisiones de mayor importancia es la práctica de un peritaje informático forense sobre los teléfonos de tres personas fundamentales para reconstruir lo sucedido: Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, y María Alejandra Benavides, quien fue asesora del Ministerio de Hacienda.
El análisis técnico independiente deberá establecer, entre otros aspectos, si resulta posible recuperar registros eliminados y verificar información almacenada en esos dispositivos. Se trata de material que podría resultar relevante para contrastar comunicaciones, contactos y las versiones entregadas durante la investigación.
Olmedo López y Sneyder Pinilla han sido dos de los principales testigos en las distintas investigaciones derivadas del escándalo de la UNGRD.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entre los testigos
El juicio también tendrá una amplia lista de declaraciones de exministros y antiguos altos funcionarios.
Entre quienes deberán declarar figuran el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Asimismo, fueron decretados los testimonios de los exministros de Hacienda Mauricio Cárdenas y Alberto Carrasquilla, quienes podrán aportar información sobre el funcionamiento histórico de las reuniones, programación y coordinación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
También aparecen entre los declarantes Carlos Ramón González, los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, el exministro Mauricio Lizcano, el exasesor Jaime Ramírez Cobo y Óscar Enrique Cárdenas.
La incorporación de estos testimonios permitirá a acusados y defensas confrontar en juicio distintas versiones sobre cómo funcionaban las gestiones gubernamentales relacionadas con los créditos públicos y los proyectos regionales bajo investigación.
¿Qué sostiene la acusación del caso UNGRD?
La hipótesis judicial se concentra en actuaciones ocurridas durante 2023, cuando los hoy acusados formaban parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia del Congreso relacionada con operaciones de endeudamiento de la Nación.
Según la acusación, habría existido un esquema mediante el cual se ofrecieron proyectos o beneficios para determinadas regiones a cambio de respaldar operaciones de crédito público promovidas por el Gobierno de entonces. Los proyectos investigados tienen conexiones con Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y El Carmen de Bolívar, Bolívar.
La investigación sitúa parte de los episodios bajo examen entre septiembre y diciembre de 2023 y analiza reuniones, ofrecimientos, contrapropuestas y eventuales aceptaciones. Los investigadores buscan determinar si beneficios tramitados mediante proyectos públicos estuvieron relacionados con los votos que necesitaba el Ejecutivo para operaciones de endeudamiento.
Informaciones conocidas sobre la acusación sitúan el valor de los proyectos regionales bajo examen por encima de 92.000 millones de pesos, mientras que las operaciones de crédito internacional cuyo respaldo se buscaba rondaban los 3.500 millones de dólares. Estas cifras corresponden a la tesis que deberá ser probada y controvertida durante el proceso y no constituyen por sí mismas una declaración de responsabilidad.
El papel del entonces ministro Ricardo Bonilla
Uno de los capítulos con mayor relevancia para el juicio es el relacionado con el Ministerio de Hacienda, entonces encabezado por Ricardo Bonilla durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la hipótesis recogida en el expediente, los congresistas habrían aceptado o negociado beneficios que tendrían como contraprestación su respaldo a operaciones de crédito público. La investigación también examina instrucciones y actuaciones relacionadas con la recepción y gestión de proyectos de obra que terminarían vinculados con la UNGRD.
Que Bonilla sea llamado a declarar permitirá confrontar directamente en juicio qué ocurrió alrededor de esas gestiones y cuál fue, si la hubo, la intervención de los distintos funcionarios involucrados.
Manzur y Manrique permanecen privados de la libertad
El proceso tuvo un giro decisivo meses atrás. El 11 de marzo de 2026, la Sala Especial de Instrucción acusó a cinco congresistas y a un excongresista por cohecho impropio y ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Manzur y Manrique.
En esa misma determinación, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz quedaron vinculados al juicio sin una medida de aseguramiento carcelaria.
La definición no había sido sencilla. Días antes, la Sala de Instrucción había quedado empatada 3-3 al discutir el llamado a juicio y las medidas de aseguramiento, situación que obligó a acudir a conjueces para destrabar la decisión.
Manzur cuestiona la actuación de los conjueces
Durante la audiencia d también tomó la palabra el hoy senador Wadith Alberto Manzur Imbett, uno de los procesados que permanece privado de la libertad. En su intervención cuestionó la manera en que se produjo la decisión que permitió avanzar con la acusación y puso el foco en el tiempo que, según su planteamiento, tuvieron los conjueces para conocer el voluminoso expediente.“¿A qué hora los conjueces han visto más de 50.000 folios?”, cuestionó Manzur ante la Sala, como parte de los argumentos con los que ha expresado reparos frente al trámite judicial. La participación del congresista resulta especialmente relevante porque la decisión de acusar se produjo después de que la Sala de Instrucción tuviera que acudir a conjueces para superar un empate en la discusión del caso.
Manzur ha defendido públicamente su inocencia desde que se ordenó su captura. Cuando se presentó ante la Fiscalía en marzo de 2026, manifestó que recibía la determinación con respeto, aseguró tener tranquilidad frente a sus actuaciones y sostuvo que esperaba demostrar su inocencia dentro del proceso. Estas manifestaciones contrastan con una etapa anterior de la investigación: en diciembre de 2024, cuando compareció a indagatoria ante la Corte Suprema, decidió acogerse a su derecho constitucional a guardar silencio, mientras su defensa reclamaba que Olmedo López compareciera dentro de la actuación. [focusnoticias.com] [focusnoticias.com]
Tras haber representado a Córdoba en la Cámara durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026, fue elegido para el Senado en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 por el Partido Conservador. Obtuvo 134.914 votos, resultado que constituyó la segunda votación más alta de esa colectividad en el país. Pocos días después de esa elección, el 11 de marzo, la Corte Suprema lo acusó por cohecho impropio y ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, decisión que también cobijó a Karen Astrith Manrique Olarte. [youtube.com] [focusnoticias.com], [youtube.com] [focusnoticias.com]
¿Qué significa la audiencia preparatoria?
La audiencia que desarrolla ahora la Corte no decide todavía si los seis acusados son culpables o inocentes.
Es una etapa esencial del proceso porque delimita el terreno sobre el que se adelantará el juicio: se determina qué testimonios serán escuchados, qué documentos y elementos técnicos podrán incorporarse y qué pruebas solicitadas por las partes serán admitidas o rechazadas.
Por eso, decisiones como el peritaje de los teléfonos y el decreto de numerosas declaraciones tienen una importancia que va más allá de un trámite formal. Serán esos elementos, sometidos a contradicción por acusación y defensas, los que posteriormente deberá valorar la Corte para adoptar una decisión de fondo.
El proceso entra así en una fase determinante para establecer judicialmente si existió un intercambio ilícito entre decisiones sobre crédito público y beneficios asociados a proyectos regionales, y cuál habría sido la responsabilidad concreta, si la hubo, de cada uno de los seis acusados.
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