El alto tribunal determinó que se configuró la causal de libertad por vencimiento de términos contemplada en el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000. Según la providencia, la resolución de acusación quedó en firme el 7 de octubre de 2025 y, aunque el plazo legal inicial era de seis meses, este fue ampliado a un año debido a la práctica de pruebas en el exterior.
Al cumplirse el término máximo el 7 de octubre de 2026 sin que concluyera la audiencia de juzgamiento, la Corte consideró procedente otorgar la libertad provisional a los excongresistas.
Investigación sigue en curso
La decisión judicial no representa una absolución ni el cierre del proceso. Tanto Name como Calle continuarán vinculados a la investigación mientras avanza la etapa de juzgamiento.
La Corte también indicó que durante el trámite del proceso se practicaron múltiples pruebas y declaraciones, y que no encontró maniobras dilatorias atribuibles a los procesados o a sus equipos de defensa que justificaran prolongar la medida de aseguramiento más allá de los límites establecidos por la ley.
En consecuencia, el tribunal ordenó expedir las respectivas boletas de libertad dirigidas a la cárcel La Picota de Bogotá, donde ambos permanecían recluidos.
El origen del caso
La investigación contra los dos expresidentes del Congreso está relacionada con el denominado escándalo de la UNGRD, uno de los casos de presunta corrupción más sonados de los últimos años.
De acuerdo con la resolución de acusación, en septiembre de 2023 habría existido un acuerdo para entregar recursos económicos a quienes ocupaban la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes, presuntamente a cambio de apoyar el trámite de proyectos legislativos impulsados por el Gobierno nacional, entre ellos las reformas pensional y de salud.
Según las autoridades judiciales, el monto presuntamente comprometido ascendía a 4.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones habrían sido destinados a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle.
Las pesquisas se apoyan, entre otros elementos, en los testimonios entregados por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han relatado ante las autoridades cómo se habrían realizado las supuestas entregas de dinero dentro del entramado de corrupción investigado.
Un proceso que continuará en los tribunales
Aunque la libertad provisional modifica la situación jurídica de los excongresistas, el proceso penal sigue activo. La Corte Suprema deberá continuar con el análisis de las pruebas y el desarrollo de la fase de juzgamiento para determinar si existe responsabilidad penal en los hechos investigados.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en uno de los procesos más relevantes derivados del escándalo de la UNGRD, un caso que continúa generando repercusiones políticas y jurídicas en el país.