El Representante a la Cámara, Wadith Manzur uno de los congresistas señalados en el creciente escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), culminó este martes su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. En una diligencia clave, Manzur decidió acogerse a su derecho a guardar silencio, mientras persisten las investigaciones por el presunto direccionamiento de millonarios contratos en su departamento,
El expresidente de la Comisión de Acusaciones de Cámara de Representantes Wadith Manzur, asistió a la indagatoria, pero se acogió al derecho de guardar silencio en el marco del escándalo de corrupción.
La comparecencia de Manrique ante el magistrado Misael Rodríguez ocurre en medio de una tormenta política que ha salpicado a varios congresistas y exfuncionarios. Según el expediente, Manzur habría participado en la designación de municipios que serían beneficiados con recursos presuntamente desviados de la UNGRD, a través de un entramado en el que, según el exdirector de la entidad, Olmedo López, el tuvo un papel central.
La diligencia, presidida por el magistrado instructor Misael Rodríguez, duró poco más de una hora. A la salida, Manzur estuvo acompañado por su abogado, Luis Carlos Torregroza, quien justificó la decisión de su defendido. «Guardar silencio es una prerrogativa constitucional, amparada en el marco del proceso penal, y estamos esperando e insistiendo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que el señor Olmedo López concurra y declare en el marco de este proceso», afirmó Torregroza, señalando que López, exdirector de la UNGRD, sería una pieza clave en la investigación.
Contexto de la Investigación
Según el auto que dio inicio a la investigación, existen indicios de que Wadith Alberto Manzur Imbett, junto con Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, habrían aceptado los términos de un acuerdo negociado con funcionarios de alto nivel del Gobierno Nacional. Este entramado de corrupción está relacionado con irregularidades en la gestión de la UNGRD, según declaraciones de Olmedo López.
El caso se sostiene en parte sobre las declaraciones de Olmedo López, quien denunció la existencia de un entramado corrupto dentro de la UNGRD. Según López, los implicados habrían aceptado beneficios a cambio de favorecer la adjudicación irregular de contratos y el desvío de fondos públicos.
En medio de las investigaciones, Wadith Manzur anunció su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En una declaración, explicó que su decisión fue motivada por la necesidad de evitar que el ejercicio de sus funciones interfiera con la investigación en curso. “Simplemente lo hice para que el ejercicio de mis funciones no interfiera en la investigación de la Corte sobre todo en el marco de la situación fiscal tan compleja que tiene el país”, afirmó Manzur.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema está a la espera de la declaración de Olmedo López, cuya participación podría ser crucial para el avance del caso.
Manzur, por su parte, mantiene una postura en su inocencia, asegurando que las acusaciones son parte de una persecución política en su contra.
Wadith Manzur es Representante a la Cámara por el departamento de Córdoba. Militante del Partido Conservador, obtuvo más de 70 mil votos en las últimas elecciones y hace parte de la comisión de investigaciones que investiga al Presidente Gustavo Petro.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó las fechas para las indagatorias de cinco congresistas y un excongresista involucrados en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las diligencias se llevarán a cabo entre el 2 y el 11 de diciembre de 2024 en la Sala Penal del Palacio de Justicia, en Bogotá.
El cronograma de las diligencias
El primer turno fue para Karen Astrith Manrique Olarte, quien compareció este lunes 2 de diciembre a las 9:00 a. m. Le seguirá Wadith Alberto Manzur Imbett, citado para el 3 de diciembre a la misma hora. El 4 de diciembre será el turno de Liliana Esther Bitar Castilla. Tras un receso de algunos días, Julián Peinado Ramírez asistirá el 9 de diciembre, Juan Pablo Gallo Maya el 10, y, finalmente, el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera comparecerá el 11 de diciembre.
Los hechos bajo investigación
Según la Corte, los investigados habrían utilizado sus posiciones como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) para emitir conceptos favorables a operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de recibir dádivas. Estas, presuntamente, se materializaron en contratos gestionados por la UNGRD en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
La decisión de avanzar en el proceso se fundamentó en más de 50 pruebas documentales, 10 testimonios y una serie de videos de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda que captaron a los congresistas entrando y saliendo de la entidad. Un elemento clave fue una reunión sostenida el 27 de noviembre de 2023 en el Dapre, en la que, según declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, se habrían acordado los detalles de los intercambios.
Los registros de las sesiones de la CICP muestran que, en los últimos 18 días de actividad legislativa de 2023, se aprobaron 13 de los 18 conceptos presentados por el Ministerio de Hacienda. Este contexto reforzó la hipótesis de presuntos acuerdos ilegales entre los congresistas investigados y funcionarios del Ejecutivo.
Aunque la investigación se centra en los seis mencionados, el senador Julio Elías Chagüi Flórez también fue objeto de señalamientos. Sin embargo, la Corte decidió que su caso se remitirá a un magistrado diferente, al tratarse de hechos no relacionados con este proceso en particular.
La Corte Suprema busca esclarecer si los investigados infringieron la ley penal y determinar las responsabilidades correspondientes en uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos años.
Las diligencias de indagatoria se realizan en una de las salas de audiencias de la Sala Penal de esta corporación, en el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá.