En una decisión adoptada este miércoles 15 de abril de 2026, un juez de control de garantías de Barranquilla revocó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que pesaba desde agosto de 2023 sobre Daysuris del Carmen Vásquez Castro, conocida públicamente como Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro Burgos. Con la determinación, Vásquez recupera la posibilidad de salir del país, aunque seguirá obligada a comparecer ante la justicia cuando sea requerida y a mantener buena conducta durante el proceso.
La decisión fue tomada por el Juez 10 Penal Municipal con Control de Garantías de Barranquilla, Manuel López Noriega, quien concluyó que ya no subsisten los fines constitucionales que justificaban mantener vigente la restricción. En la audiencia, el despacho consideró que Vásquez ha venido cumpliendo los compromisos pactados dentro del principio de oportunidad suscrito con la Fiscalía, lo que debilitó las razones que en su momento llevaron a imponerle la medida.
La restricción había sido impuesta el 4 de agosto de 2023, cuando Day Vásquez fue imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, en el marco del escándalo judicial que rodea a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. En ese momento, la justicia le prohibió salir del país y le impuso otras obligaciones de control, mientras avanzaba la investigación.
Durante la audiencia de revocatoria, la defensa de Vásquez, encabezada por el abogado Alait Freja, argumentó que las circunstancias jurídicas de su clienta cambiaron de manera sustancial desde 2023. Según expuso, el cargo de lavado de activos —que había sido central para sustentar el supuesto peligro para la comunidad— dejó de ser el eje principal en su situación procesal tras la legalización del principio de oportunidad con la Fiscalía. Actualmente, el proceso en su contra sigue vinculado al delito de violación de datos personales.
La Fiscalía apoyó esa solicitud. En la audiencia de marzo de 2026, la delegada Lucy Laborde señaló que, después de más de dos años, los motivos iniciales de la medida habían perdido fuerza y que no se advertía riesgo de fuga. La fiscal también resaltó que Vásquez ha colaborado activamente con la justicia y que su compromiso pendiente más importante es rendir testimonio en el juicio oral contra Nicolás Petro. Ya en enero de 2026, otro juez había prorrogado por un año el principio de oportunidad al verificar que la exesposa del exdiputado había cumplido el 90 % de las obligaciones asumidas.
La audiencia de revocatoria había tenido varios capítulos previos. En julio de 2024, la defensa de Day Vásquez pidió por primera vez levantar la medida, insistiendo en que ya no existían las razones para mantenerla. En ese momento, el entonces fiscal del caso, Mario Burgos, también respaldó la solicitud y afirmó que Vásquez había cumplido con los compromisos adquiridos al acogerse al principio de oportunidad. La defensa de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, pidió que no se aceptara esa solicitud. En la decisión conocida este 15 de abril el juzgado tampoco reconoció a Laura Ojeda como víctima dentro de ese trámite específico.
Qué pasó en la audiencia
En la diligencia, la defensa insistió en que la medida de aseguramiento debía caer porque la situación procesal de su clienta ya no es la misma que existía cuando fue capturada e imputada. Freja sostuvo que Vásquez ha atendido los llamados judiciales, ha cumplido sus compromisos y no representa un riesgo para el proceso. La Fiscalía coincidió en que no persistían las condiciones que justificaban mantener la restricción, y el juez acogió ese análisis. Aun así, la decisión no extingue el proceso penal ni sus deberes judiciales: Day Vásquez seguirá vinculada a las actuaciones y obligada a presentarse cuando sea requerida.
Quién es Day Vásquez
Day Vásquez saltó al centro de la vida pública colombiana en 2023, cuando hizo las primeras denuncias que destaparon el caso contra Nicolás Petro. Fue pareja sentimental del hijo del presidente y, según distintos expedientes judiciales, se convirtió en testigo clave para la Fiscalía. Su colaboración fue considerada esencial por el ente acusador para conocer hechos presuntamente relacionados con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otras conductas investigadas alrededor de Nicolás Petro y de su entorno político y económico.
Fue ella quien denunció públicamente que Nicolás Petro habría recibido millonarios aportes de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, y de Gabriel Hilsaca Acosta, entre otros nombres, en un episodio que desató una tormenta política y judicial. De acuerdo con la Fiscalía y con reportes judiciales de la época, Nicolás Petro llegó a admitir que recibió altas sumas de dinero de esas personas; parte del debate judicial se concentró en establecer si esos recursos entraron a su patrimonio de forma injustificada y si alguno tuvo relación con la campaña presidencial de 2022. Hasta ahora, según los expedientes reseñados por medios judiciales, no se ha demostrado en juicio que ese dinero hubiera ingresado formalmente a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.
El contexto del caso
El caso Nicolás Petro estalló a comienzos de 2023 y se profundizó tras las declaraciones de Day Vásquez. En julio de ese año, ambos fueron capturados y luego presentados ante jueces de control de garantías. En agosto de 2023, mientras avanzaban las audiencias de imputación y solicitud de medida, la Fiscalía expuso un entramado de supuestos ingresos irregulares, movimientos de dinero y adquisiciones patrimoniales que, según el ente acusador, no correspondían a los ingresos legales reportados. Nicolás Petro fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; Day Vásquez, por lavado de activos y violación de datos personales.
Más adelante, la situación de Vásquez tomó un rumbo distinto al de Nicolás Petro. La Fiscalía le otorgó un principio de oportunidad para suspender la persecución penal respecto de varios delitos, a cambio de su colaboración como testigo. Sin embargo, en febrero de 2024 un juez dejó por fuera de ese beneficio el delito de violación de datos personales, al considerar que debía garantizarse mejor la protección de las posibles víctimas de esa conducta. Desde entonces, Vásquez quedó como una pieza central de la acusación contra su expareja, pero sin inmunidad total.