A solo tres días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda sobre la realización de la ceremonia prevista para el próximo 7 de agosto en Cali. Aunque el alto tribunal no suspendió el acto, sí admitió una acción popular con la que se cuestiona el traslado de la sede del Congreso a la capital vallecaucana y ordenó la entrega inmediata de información sobre costos, logística, seguridad y soporte jurídico de la decisión.
La demanda fue presentada por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera, quien sostiene que el cambio excepcional de sede podría afectar diversos derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la transparencia, la legalidad del gasto, la seguridad pública y la prevención de riesgos previsibles.
En el documento radicado ante la justicia contenciosa administrativa, el accionante argumenta que las autoridades involucradas habrían avanzado en la organización de la posesión presidencial sin que exista información pública, completa y verificable sobre aspectos fundamentales del traslado, entre ellos los costos, los estudios de seguridad, los planes de evacuación, la gestión del riesgo y el respaldo presupuestal del evento.
El Tribunal no suspendió la posesión, pero abrió la investigación
La decisión fue adoptada por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, quien admitió la acción popular y ordenó el inicio formal del expediente. Sin embargo, el Tribunal aclaró que todavía no ha tomado una decisión sobre la medida cautelar que solicita suspender el traslado de la ceremonia a Cali. Antes de pronunciarse, pidió información adicional a las entidades involucradas.
Entre las instituciones requeridas figuran la Presidencia del Congreso, los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Alcaldía de Cali. Todas deberán remitir documentación relacionada con la organización del evento y los estudios que respaldaron el traslado de la sesión solemne del Congreso.
El despacho judicial fijó como plazo máximo las 5:00 de la tarde del 4 de agosto para la entrega de la información solicitada. Posteriormente evaluará si existen fundamentos suficientes para decretar o rechazar la medida cautelar solicitada por el demandante.
Además, el Tribunal vinculó al presidente electo Abelardo De La Espriella como tercero con interés directo dentro del proceso, debido a que la decisión judicial podría afectar la ceremonia prevista para su investidura.
¿Qué pide concretamente la demanda?
Según el expediente, la acción popular no busca impedir la posesión presidencial como acto constitucional, sino verificar que el traslado de la sede legislativa cuente con todos los soportes jurídicos, presupuestales, técnicos y logísticos exigidos por la ley.
El ciudadano solicitó que se hagan públicos los acuerdos y proposiciones mediante los cuales Senado y Cámara aprobaron el traslado del Congreso a Cali, así como las actas, los registros de votación, las certificaciones de quórum y los documentos que respaldaron la decisión. También pidió que se revelen los costos reales de la ceremonia y los recursos adicionales comprometidos por el cambio de sede.
Igualmente, solicitó que las autoridades aporten estudios sobre seguridad, movilidad, salubridad, evacuación, atención de emergencias, manejo de protestas y gestión del riesgo para determinar si la ciudad y el escenario seleccionado cumplen con las condiciones requeridas para un evento de esta magnitud.
El Congreso ya había aprobado el traslado a Cali
La controversia surge después de que el Congreso autorizara oficialmente el traslado de su sede para la posesión presidencial. El pasado 29 de julio, el Senado aprobó la propuesta con 58 votos a favor, sumándose a la decisión adoptada previamente por la Cámara de Representantes.
La iniciativa fue promovida por el presidente electo, quien ha defendido la realización de la ceremonia fuera de Bogotá como un símbolo de descentralización y una muestra de su propósito de gobernar desde las regiones.
La ceremonia está programada para realizarse en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, escenario escogido para recibir a las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán a la transmisión del mando presidencial.
Debate por los costos y el impacto económico
Mientras avanza el proceso judicial, continúa el debate sobre el costo real del evento. Abelardo De La Espriella ha señalado que la posesión será una ceremonia “austera” y que su valor será inferior al de anteriores investiduras presidenciales.
Estos argumentos son precisamente algunos de los que ahora analiza el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Por ahora, la posesión presidencial del 7 de agosto sigue en firme. No obstante, la decisión del Tribunal abrió un nuevo capítulo jurídico y político en torno a uno de los hechos más inéditos de la historia reciente del país: la realización de una investidura presidencial fuera de Bogotá, una medida que ya cuenta con aprobación del Congreso, pero que ahora enfrenta revisión judicial.
