No es una pelea por la herencia: madre y hermana de Yeison Jiménez denuncian presuntas irregularidades en empresas del cantante
En diálogo con FOCUS NOTICIAS, Romario Camargo Pizarro abogado de la familia del cantante de música popular explicó que la controversia no está centrada en la repartición de la herencia, sino en presuntas irregularidades detectadas en empresas que estaban vinculadas a su madre y a una de sus hermanas. Actas, transferencias de acciones, cambios en la administración y movimientos registrados después de la muerte del artista están ahora bajo la lupa de la Fiscalía.
A casi ocho meses de la muerte de Yeison Jiménez, el patrimonio empresarial construido alrededor de la carrera del reconocido cantante de música popular quedó en medio de una compleja controversia que ya llegó a la Fiscalía General de la Nación.
Luz Feny Galeano Patiño, madre del artista, y Laura Daniela Sarmiento Galeano, una de sus hermanas, acudieron a las autoridades para denunciar una serie de actuaciones relacionadas con sociedades, participaciones accionarias, documentos y operaciones económicas que consideran irregulares.
En entrevista con FOCUS NOTICIAS, el representante de las dos mujeres hizo una aclaración que considera fundamental para entender el caso: no se trata de una pelea por la herencia de Yeison Jiménez.
El proceso sucesoral que deberá establecer cómo se distribuyen los bienes que estaban directamente a nombre del cantante es un asunto diferente. La denuncia penal pretende establecer qué ocurrió con determinadas sociedades y participaciones empresariales que estaban vinculadas a su madre y su hermana y que, según la reclamación de la familia, posteriormente presentaron cambios que ahora son cuestionados.
El Romario Camargo Pizarro explicó que el conflicto surgió al revisar documentación societaria y encontrar decisiones administrativas, actas y movimientos que habrían modificado la estructura accionaria y el control de algunas compañías.
La Fiscalía deberá determinar si esas operaciones fueron legítimas, si contaron con la autorización de las personas que aparecen relacionadas en los documentos y si las firmas, actas y registros corresponden efectivamente a decisiones adoptadas por los accionistas.
El centro de la denuncia no es la herencia
La precisión realizada por la defensa resulta especialmente importante debido a que el caso ha sido presentado como una disputa familiar por la millonaria fortuna que dejó Yeison Jiménez.
Los abogados sostienen que son dos escenarios jurídicos diferentes.
Por un lado está la sucesión del artista, en la que deberán determinarse sus bienes, derechos, obligaciones y herederos entre los cuales estan sus dos hijos menores de edad.
Por otro están las actuaciones que ahora investiga la Fiscalía y que tienen que ver con sociedades comerciales, cambios de representación legal, transferencias o emisiones de acciones, documentos empresariales y operaciones económicas.
La representación jurídica de Luz Feny Galeano y Laura Daniela Sarmiento asegura que las actuaciones buscan “establecer la verdad de los hechos, identificar a los responsables y procurar la reparación integral de los perjuicios ocasionados”.
La investigación deberá establecer si efectivamente existieron perjuicios y quién tendría responsabilidad en ellos.
Las empresas que quedaron bajo la lupa
Dos sociedades aparecen particularmente relacionadas con la controversia: Santi Music S. A. S. y Promotora de Inversiones Yeiluz S. A. S.
Santi Music había sido constituida con Laura Daniela Sarmiento Galeano, hermana del cantante, como única accionista.
De acuerdo con la documentación societaria conocida, Laura Daniela tenía inicialmente el 100 % de las acciones de la compañía.
Sin embargo, posteriormente aparece un documento que modificaba sustancialmente esa estructura.
Se trata del acta número 7 de una asamblea extraordinaria, fechada a las 8:00 de la mañana del 2 de enero de 2026.
Esa fecha se convirtió en uno de los puntos centrales de la denuncia. Ocho antes del accidente de Yeison Jiménez.
El acta del 2 de enero
Según la documentación que está siendo cuestionada, en aquella reunión del 2 de enero se habrían tomado decisiones que modificaban tanto la administración como la composición accionaria de Santi Music.
Laura Daniela Sarmiento dejaría de ejercer como representante legal principal y para ese cargo sería designado Fabián Mauricio Cáceres Otálora, quien estuvo durante años vinculado al entorno empresarial de Yeison Jiménez y era considerado una de las personas de confianza del cantante.
El acta también contempla una operación particularmente relevante.
Laura Daniela habría renunciado al derecho de preferencia establecido en los estatutos y posteriormente habría sido autorizada una emisión de 190.000 nuevas acciones ordinarias.
Esas acciones aparecen adjudicadas a Promotora de Inversiones Yeiluz S. A. S., por un valor total de $190 millones.
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Según el documento, el dinero habría sido pagado en efectivo ese mismo 2 de enero.
La operación habría producido un cambio radical en el control de Santi Music.
Laura Daniela Sarmiento quedaría con 10.000 acciones, mientras Promotora de Inversiones Yeiluz pasaría a tener 190.000 acciones.
Es precisamente la legalidad y las circunstancias en las que se habría realizado esta operación lo que la familia pide investigar.
¿Dónde estaba Yeison Jiménez cuando aparece fechada el acta?
La fecha del documento también abrió otro interrogante.
Yeison Jiménez había recibido el año 2026 en Cartagena, ciudad en la que cumplió uno de sus últimos compromisos musicales en la tradicional fiesta del Hotel Las Américas.
La familia ha puesto de presente que durante esos primeros días de enero el artista se encontraba en Cartagena junto a integrantes de su familia.
Esta circunstancia resulta relevante para la investigación porque obligará a reconstruir con precisión qué ocurrió el 2 de enero de 2026: quiénes participaron realmente en la reunión consignada en el acta, dónde se encontraban las personas relacionadas con ella, cuándo fue elaborado el documento y cuándo fueron incorporadas las respectivas firmas.
Por ahora, la fecha del acta, por sí sola, no demuestra la comisión de un delito ni permite concluir que el documento sea falso. Esa determinación corresponde exclusivamente a las autoridades.
Yeison falleció ocho días después
La cronología del caso es uno de los elementos que más llama la atención.
El acta aparece fechada el 2 de enero de 2026.
Ocho días después, el 10 de enero, Yeison Jiménez murió en el accidente aéreo ocurrido poco después de despegar desde Paipa, Boyacá.
Sin embargo, los movimientos societarios no terminaron allí.
Documentos relacionados con estas compañías terminaron siendo inscritos en el registro mercantil cuando el cantante ya había fallecido.
En particular, el acta número 7, que aparece fechada el 2 de enero, fue registrada el 28 de enero de 2026, es decir, 18 días después de la muerte de Yeison Jiménez.
Para ese momento el artista ya había sido despedido por su familia, compañeros y miles de seguidores.
La diferencia entre la fecha que aparece consignada en el acta y el momento de su inscripción es uno de los asuntos que las denunciantes pretenden que sea esclarecido.
La investigación deberá establecer si el documento fue elaborado y firmado en la fecha que allí aparece y si las decisiones consignadas fueron realmente adoptadas.
Otros movimientos después de la muerte del cantante
La defensa también puso la atención sobre otros movimientos societarios que aparecen formalizados después del fallecimiento.
Dentro de la documentación cuestionada figuran actuaciones relacionadas con designaciones administrativas, representación legal, modificaciones de capital y otros movimientos que habrían tenido efectos sobre el control de las sociedades.
La Fiscalía deberá reconstruir la secuencia completa y deberá verificarse la trazabilidad financiera de las operaciones.
Uno de los asuntos será establecer, por ejemplo, cómo se produjo el pago de los $190 millones correspondientes a las 190.000 acciones emitidas y adjudicadas a Promotora de Inversiones Yeiluz.
La “mano derecha” de Yeison que aparece en los documentos
Otro de los nombres que aparece dentro de la controversia es el de Fabián Mauricio Cáceres Otálora.
Cáceres estuvo vinculado durante años al entorno empresarial de Yeison Jiménez y era reconocido como una de las personas cercanas al manejo de sus negocios.
Su nombre aparece en documentación de las sociedades investigadas.
En Santi Music había ingresado como suplente de la representación legal y posteriormente aparece participando en actuaciones societarias.
En el acta del 2 de enero figura asistiendo a la reunión y ejerciendo funciones de secretario. En ese mismo documento aparece su designación como representante legal principal de Santi Music.
También aparece relacionado con Promotora de Inversiones Yeiluz S. A. S., una compañía constituida originalmente por Yeison Jiménez y su madre, Luz Feny Galeano.
La Fiscalía deberá establecer cuál fue exactamente su intervención en cada una de las operaciones investigadas.
Es importante precisar que la existencia de una denuncia no implica responsabilidad penal y que Fabián Cáceres y las demás personas que puedan resultar vinculadas a la investigación conservan plenamente su presunción de inocencia.
Firmas, actas y registros mercantiles
Durante la entrevista con FOCUS NOTICIAS, la defensa explicó que una parte importante de la investigación estará concentrada en la documentación empresarial.
Entre los puntos cuestionados están las actas de reuniones extraordinarias, modificaciones de la composición accionaria, cambios de representantes legales y registros realizados ante las cámaras de comercio.
La investigación también deberá determinar si existió consentimiento para las decisiones consignadas en esos documentos.
Por ello podrían resultar relevantes pruebas documentales y testimoniales, además de los análisis técnicos que eventualmente disponga la Fiscalía sobre firmas, documentos, movimientos bancarios y registros contables.
La defensa también plantea interrogantes alrededor de la administración financiera y la rendición de cuentas de las compañías, incluyendo dividendos, utilidades y flujos de dinero generados por las actividades empresariales relacionadas con el artista.
Una empresa con activos superiores a $5.000 millones
Santi Music no era una sociedad de poca actividad.
Según balances empresariales conocidos, al cierre de 2025 la compañía reportaba activos cercanos a los $5.220 millones, ingresos por actividades ordinarias aproximados de $3.520 millones y utilidades cercanas a $1.831 millones.
Ese tamaño financiero permite dimensionar la importancia de los cambios accionarios que ahora son objeto de controversia.
Si la emisión consignada en el acta cuestionada produjo todos sus efectos, Laura Daniela habría pasado de controlar el 100 % de la compañía a mantener una participación minoritaria frente a Promotora de Inversiones Yeiluz.
La investigación tendrá que establecer si ese movimiento fue autorizado y ejecutado conforme a la ley.
Ocho posibles conductas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía
La denuncia presentada por Luz Feny Galeano relaciona varias conductas que, según la hipótesis de sus abogados, podrían tener relevancia penal.
Entre ellas aparecen falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, fraude procesal, administración desleal, abuso de confianza, estafa o tentativa de estafa y ocultamiento de documento privado.
La calificación jurídica definitiva corresponderá a la Fiscalía.
La familia también pretende que la investigación no se limite exclusivamente a quienes aparecen directamente mencionados en determinados documentos.
Solicita revisar la actuación de representantes legales principales y suplentes, administradores, revisores fiscales, personas que participaron en las reuniones y quienes realizaron los trámites de registro, además de cualquier tercero que eventualmente hubiera intervenido en la elaboración, certificación, firma o presentación de las actas.
El impacto patrimonial y familiar
El representante legal subrayó que la decisión de acudir a los estrados judiciales no fue inmediata, sino el resultado del agotamiento de instancias internas de diálogo y conciliación. El defensor remarcó que las acciones interpuestas no buscan perjudicar la trayectoria del intérprete, sino salvaguardar el patrimonio legítimo y garantizar la transparencia en los derechos que por ley les corresponden a sus familiares directos.
La familia decidió acudir a la justicia
Según explicó la representación jurídica a FOCUS NOTICIAS, la decisión de llevar el caso ante las autoridades se produjo después de revisar la situación empresarial y los movimientos que ahora consideran necesario esclarecer.
La defensa sostiene que su propósito es proteger los derechos patrimoniales de sus representadas y conseguir claridad sobre lo ocurrido dentro de las compañías.
Por esa razón insiste en que el proceso no puede ser presentado simplemente como una confrontación entre familiares para quedarse con la fortuna del artista.
Lo que se discute en esta actuación es si existieron movimientos societarios que afectaron derechos económicos que ya pertenecían a la madre o a la hermana de Yeison Jiménez, independientemente del patrimonio personal que el cantante dejó al morir.
¿Qué tendrá que establecer ahora la Fiscalía?
La investigación tendrá varios puntos fundamentales.
Establecer la autenticidad de las actas y documentos cuestionados, reconstruir las circunstancias en las que fueron tomadas las decisiones societarias y establecer si quienes aparecen participando efectivamente estuvieron presentes y manifestaron su consentimiento, seguir el rastro del dinero.
También tendrá que establecer quién tenía el control administrativo de las compañías antes y después de cada movimiento.
El accidente que terminó con la vida de Yeison Jiménez
Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026, cuando tenía 34 años.
El cantante viajaba en una aeronave que había despegado desde el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá.
Poco después del despegue, el avión se precipitó en zona rural del municipio.
En el accidente murieron Yeison Jiménez y las demás personas que viajaban a bordo.
La tragedia terminó abruptamente con la carrera de uno de los artistas más importantes de la música popular colombiana.
De Corabastos a construir un emporio
Yeison Jiménez nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, y construyó una historia marcada por un ascenso económico y artístico extraordinario.
Antes de convertirse en una estrella trabajó en Corabastos, en Bogotá, donde realizó diferentes labores mientras buscaba una oportunidad en la música.
Con los años logró consolidar canciones como Aventurero, Ni tengo ni necesito, Por qué la envidia, Vete, Maldita traga y Ya no mi amor, entre otros éxitos.
Su crecimiento no se limitó a los escenarios.
Jiménez convirtió su carrera artística en una estructura empresarial que incluyó sociedades, inversiones, propiedades y negocios relacionados con diferentes sectores.
También era reconocido por su afición a los caballos y por las inversiones realizadas a medida que aumentaban sus ingresos provenientes de conciertos, regalías y demás actividades.
En 2025 vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse ante un estadio El Campín lleno en Bogotá.
La cronología que ahora deberá explicar la justicia
La investigación tiene varias fechas que serán fundamentales.
2 de enero de 2026: aparece fechada el acta extraordinaria que habría modificado la representación legal y la estructura accionaria de Santi Music.
10 de enero de 2026: Yeison Jiménez muere en el accidente aéreo ocurrido en Paipa.
Finales de enero de 2026: aparecen registrados diferentes movimientos societarios.
28 de enero de 2026: es inscrita el acta del 2 de enero, cuando habían transcurrido 18 días desde la muerte del artista.
Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar si esa secuencia corresponde a operaciones empresariales legítimas o si como expresan los abogados detrás de los documentos y movimientos denunciados existieron irregularidades con relevancia penal.
El caso continuará su curso ante la Fiscalía General de la Nación y las autoridades competentes, donde se espera la práctica de pruebas documentales, testimoniales y peritajes grafológicos y contables para determinar si se configuraron delitos contra el patrimonio económico o falsedades documentales.
