La Jurisdicción Especial para la Paz investiga denuncias de violencia sexual, abortos forzados y persecución por orientación sexual dentro de las extintas Farc. Mientras avanza este proceso, la entidad advirtió que una propuesta para reducir su presupuesto podría afectar gravemente su funcionamiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión voluntaria a Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’, y a los demás integrantes del último Secretariado de las extintas Farc dentro de una investigación relacionada con presuntas violencias de género cometidas contra mujeres que fueron reclutadas por esa organización armada durante el conflicto.
La diligencia hace parte del subcaso 03 del Caso 11, proceso en el que la JEP busca esclarecer hechos relacionados con violencia sexual, violencia reproductiva y violencias motivadas por prejuicios de género o diversidad sexual. La investigación recoge los testimonios de 34 víctimas acreditadas, de las cuales 30 reportaron haber sufrido directamente estas conductas, mientras que las restantes fueron reconocidas como víctimas indirectas.
Según la documentación recopilada por la magistratura, los hechos investigados habrían ocurrido entre 1990 y 2015 en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Guainía, Cauca, Antioquia, Caldas, Putumayo y Vichada.
Entre los relatos conocidos por la jurisdicción se encuentran denuncias de violencia sexual, abortos forzados, uso obligatorio de métodos anticonceptivos, procedimientos médicos realizados en condiciones inadecuadas y presiones para que madres integrantes de la organización entregaran a sus hijos para ser criados por terceros dentro de la estructura guerrillera.
La investigación también recoge testimonios de personas que aseguraron haber sufrido discriminación y violencia por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Entre las denuncias aparecen amenazas de consejos de guerra, posibles fusilamientos, ocultamiento forzado de la identidad y otras formas de castigo que las víctimas describieron como medidas correctivas.
Además de Rodrigo Londoño, fueron llamados a comparecer otros exintegrantes del último Secretariado de las Farc, con el propósito de establecer el nivel de conocimiento, control y responsabilidad que pudieron tener sobre los hechos denunciados. La JEP busca determinar si existieron órdenes, omisiones o mecanismos de control insuficientes frente a las conductas investigadas.
Dentro de este mismo proceso también fue citada la exsenadora Sandra Ramírez. La Jurisdicción pretende establecer cuál era su papel dentro de la organización y qué información tenía sobre posibles afectaciones sufridas por niños, niñas y adolescentes reclutados por la extinta guerrilla.
¿Qué hace la JEP?
La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.
Su función principal es investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado por exintegrantes de grupos guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado de manera determinante en esos hechos. También busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
La entidad adelanta actualmente macrocasos relacionados con secuestro, reclutamiento de menores, ejecuciones extrajudiciales, violencia territorial y otros crímenes ocurridos durante décadas de confrontación armada.
Propuesta de recorte presupuestal
La citación a los antiguos mandos guerrilleros ocurre en medio de un debate sobre el futuro financiero de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El senador Enrique Gómez Martínez propuso trasladar recursos del presupuesto de funcionamiento de la JEP hacia el Consejo Superior de la Judicatura con el argumento de fortalecer la justicia ordinaria y contribuir a la reducción de la congestión judicial que enfrenta el país.
La iniciativa recibió respaldo del presidente Abelardo de la Espriella, lo que generó preocupación dentro de la jurisdicción transicional.
A través de un comunicado, la JEP manifestó que una reducción de estas características pondría en riesgo la atención a las víctimas, la continuidad de las investigaciones y la seguridad jurídica de los comparecientes que participan en los procesos.
Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que la propuesta implicaría una afectación severa a la capacidad operativa de la entidad. Según explicó, la reducción contemplada podría alcanzar cerca de 185.000 millones de pesos, una cifra que, en su concepto, comprometería aspectos básicos para el funcionamiento institucional.
Ramelli sostuvo que la Jurisdicción ha producido resultados en materia de esclarecimiento de la verdad, amnistías, investigaciones y decisiones judiciales relacionadas con los principales hechos del conflicto armado. Asimismo, defendió la gestión de la entidad frente a las críticas sobre los tiempos de las investigaciones, señalando que se trata de procesos complejos que abarcan miles de víctimas y decenas de miles de hechos ocurridos durante más de medio siglo de guerra.
La discusión sobre el presupuesto de la JEP se suma al debate nacional sobre el alcance y el futuro de la justicia transicional en Colombia, justo cuando avanzan investigaciones clave sobre reclutamiento de menores, secuestro, violencia de género y otros crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
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