Los abogados de los reconocidos almacenes Lili Pink cuestionaron el nuevo operativo de la Fiscalía, que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 45 inmuebles avaluados en más de $184.615 millones. La defensa sostiene que algunos de los bienes no tendrían relación con el caso e incluso habrían sido adquiridos antes de la existencia de la marca. La Fiscalía, por su parte, afirma que los activos estarían vinculados al conglomerado empresarial que investiga por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos.
BOGOTÁ. El denominado caso Lili Pink abrió esta semana un nuevo capítulo, esta vez alrededor del patrimonio que la Fiscalía General de la Nación considera relacionado con el conglomerado empresarial investigado y que la defensa asegura, en algunos casos, no tendría vínculo con la reconocida marca de ropa.
Los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, quienes ejercen la defensa dentro del proceso, emitieron un comunicado en el que cuestionaron las nuevas medidas cautelares adoptadas por la Fiscalía con fines de extinción del derecho de dominio.
«Nuevas medidas sobre bienes ajenos a la marca. La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según la defensa, no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia«: Defensa
El pronunciamiento se produjo después del operativo realizado por servidores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, para materializar medidas sobre otros 45 inmuebles, cuyo valor conjunto, según la Fiscalía, supera los $184.615 millones.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio informó que se trata de 17 inmuebles rurales y 28 urbanos localizados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena; Pereira; Ibagué y Cali.
Según el ente investigador, estos activos estarían relacionados con un conglomerado empresarial que presuntamente habría facilitado el ingreso a Colombia de recursos de origen ilícito y mercancías de contrabando.
La defensa rechaza esa tesis respecto de varios de los bienes afectados y asegura que la nueva actuación alcanza propiedades que, no guardan relación con Lili Pink.
Una nueva fase patrimonial del caso
No es la primera vez que la Fiscalía adopta medidas sobre activos relacionados con esta investigación.
El expediente se hizo público a gran escala el 27 de abril de 2026, cuando el CTI desplegó un operativo nacional que alcanzó cientos de establecimientos comerciales.
En esa primera fase fueron objeto de medidas cautelares con fines de extinción de dominio 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad.
La Fiscalía sostiene que detrás de las actividades comerciales investigadas habría operado durante años una estructura transnacional relacionada con el ingreso irregular de ropa femenina y accesorios al país y con operaciones de lavado de activos.
De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el supuesto movimiento de recursos objeto de investigación alcanzaría aproximadamente $730.000 millones.
¿Qué delitos investiga la Fiscalía?
El caso no se limita al proceso de extinción de dominio.
Paralelamente existe una investigación penal en la que la Fiscalía ha vinculado a varias personas que, según su hipótesis, habrían participado en el presunto entramado.
En julio, ocho investigados comparecieron ante el Juzgado 10 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.
Se trata de Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
La Fiscalía les formuló cargos, según el grado de participación atribuido a cada uno, relacionados con concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los ocho no aceptaron los cargos.
Antes de esa segunda fase también había sido judicializado Walter Martínez Martínez, a quien la Fiscalía relacionó con el supuesto entramado y señaló por delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando.
Las decisiones judiciales que cuestionaron pruebas de la Fiscalía
Durante las audiencias realizadas en los últimos meses, dos jueces de control de garantías cuestionó los procedimientos utilizados para obtener algunos elementos materiales probatorios.
El 24 de julio, el Juzgado 18 de Control de Garantías declaró ilegal parte del material obtenido durante allanamientos efectuados en abril.
Posteriormente, el Juzgado 67 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá declaró ilegal otro grupo de elementos obtenidos durante esos procedimientos.
En aquella discusión, el despacho consideró que elementos previamente declarados ilegales no podían ser sometidos nuevamente a un procedimiento dirigido a conseguir su legalización.
Juez negó enviar a prisión a los investigados
La Fiscalía solicitó privar preventivamente de la libertad a ocho de los investigados.
Sin embargo, el Juzgado 40 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá negó la solicitud.
Durante su decisión, el juez cuestionó la forma en que la Fiscalía había individualizado la participación que atribuía a cada una de las personas investigadas y consideró insuficiente la sustentación presentada para imponer la medida solicitada.
La investigación continúa y corresponde a la Fiscalía sostener su teoría del caso en las siguientes etapas judiciales.
Ahora la controversia pasa a los bienes
En medio de ese escenario llegó el operativo de esta semana.
La Fiscalía sostiene que los nuevos 45 inmuebles afectados están relacionados con el conglomerado investigado.
La defensa sostiene algo diferente.
Según los abogados, dentro del grupo existirían propiedades que “no tienen relación con Lili Pink” e incluso bienes adquiridos antes de que existiera la marca.
También cuestionaron los efectos económicos de las medidas.
“La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”, señalaron.
El señalamiento corresponde a la posición de los abogados y deberá ser discutido mediante los mecanismos de oposición y control judicial previstos dentro del proceso de extinción de dominio.
La otra disputa: las tres millones de prendas decomisadas
La defensa volvió además sobre otro episodio que ha aparecido repetidamente durante las audiencias: el destino de aproximadamente tres millones de prendas que fueron aprehendidas por la DIAN en 2023.
Los abogados aseguran que aquella mercancía tenía un valor cercano a $54.000 millones.
La compañía ha sostenido que contaba con documentación para respaldar el ingreso de los productos y ha controvertido administrativa y judicialmente la actuación de la autoridad aduanera.
Pero en enero de 2026 apareció una nueva controversia.
Según la defensa, productos con logos de Lili Pink comenzaron a ser encontrados a la venta en establecimientos no autorizados y sin relación comercial con la compañía.
Los abogados sostienen que podría tratarse de parte de las mercancías que habían sido aprehendidas años atrás y aseguran haber presentado denuncias para que se investigue qué ocurrió con esos productos.
Corresponde a las autoridades determinar si las prendas encontradas posteriormente en el mercado informal efectivamente pertenecen al mismo lote aprehendido en 2023 y, en caso afirmativo, establecer cómo llegaron nuevamente al comercio.
“¿Y las denuncias sobre los 3 millones de prendas?”, cuestionó ahora la defensa.
Los abogados aseguran que no conocen avances sustanciales sobre esas denuncias.
Fiscalía y defensa mantienen posiciones enfrentadas
El expediente tiene actualmente dos narrativas contrapuestas.
Para la Fiscalía, existen elementos que permiten investigar un supuesto entramado transnacional que habría utilizado un conglomerado empresarial para facilitar operaciones de contrabando y el movimiento de recursos de procedencia ilícita.
Para los abogados, la evidencia no demuestra ese esquema y varias actuaciones del ente investigador ya han recibido reparos de jueces de control de garantías.
A esa controversia penal se suma ahora la discusión patrimonial: determinar si los bienes afectados esta semana tienen el vínculo con las actividades ilícitas que plantea la Fiscalía o si, como asegura la defensa, algunas propiedades no tienen relación con Lili Pink y fueron adquiridas legítimamente.
Esa discusión deberá resolverse dentro del proceso de extinción de dominio.
Este es el comunicado de la defensa
Tras el operativo de esta semana, la firma Riveros Bazzani y los abogados que ejercen la defensa difundieron el siguiente pronunciamiento:
Lili Pink denuncia que la Fiscalía incautó bienes que no tienen que ver con la marca como medida de retaliación
La defensa de Lili Pink, liderada por los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, informa:
1. Nuevas medidas sobre bienes ajenos a la marca. La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según la defensa, no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia.
2. Grave afectación patrimonial. La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia.
3. La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales. Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía. Ahora esas actuaciones vuelven a ser utilizadas para justificar nuevas medidas patrimoniales.
4. ¿Y las denuncias sobre los 3 millones de prendas? Mientras se anuncian nuevas medidas contra Lili Pink, siguen sin avances conocidos las denuncias por presuntas irregularidades en la DIAN y por la posible comercialización irregular de cerca de 3.000.000 de prendas decomisadas.
“La defensa acudirá a todas las instancias legales necesarias para impedir que los titulares sustituyan las pruebas y el debate ante los jueces”.
