La Cancillería declaró una nueva urgencia manifiesta para garantizar que los colombianos puedan seguir obteniendo sus pasaportes después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo. Es un nuevo capítulo de una historia que comenzó en 2023 con Thomas Greg & Sons, atravesó cambios de cancilleres, demandas, contratos de emergencia y el proyecto con Portugal y la Imprenta Nacional. Ahora el Gobierno anuncia una licitación pública para buscar una solución definitiva.
BOGOTÁ. Para el ciudadano que tiene una cita para sacar su pasaporte en Bogotá, Cali, Medellín o cualquiera de las oficinas del país, el mensaje de la Cancillería es sencillo: no la cancele, no tiene que hacer un trámite adicional y, por ahora, el servicio continúa normalmente.
Sin embargo, el Gobierno adoptó una nueva medida excepcional para evitar que uno de los trámites más importantes para los colombianos vuelva a quedar en medio de la incertidumbre contractual.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio declararon el 17 de septiembre de 2026 una nueva urgencia manifiesta para garantizar, sin interrupciones, la producción y operación asociada a los pasaportes y las visas colombianas.
La decisión comprende el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, además de las etiquetas de visa.
“La contratación que se derive de esta declaratoria tendrá carácter estrictamente transitorio y estará limitada a lo indispensable para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas”, explicó la Cancillería.
La nueva medida vuelve a poner sobre la mesa una figura excepcional que ha acompañado buena parte de la accidentada historia de los pasaportes durante los últimos años.
¿Por qué se declaró otra urgencia manifiesta?
La explicación inmediata está en una decisión judicial.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP, ordenó a comienzos de septiembre la suspensión provisional de la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes.
La decisión se produjo dentro de una acción popular y puso bajo revisión elementos relacionados con la estructuración del esquema que debía garantizar la producción de los documentos de viaje.
Entre los aspectos señalados por el Tribunal está la necesidad de acreditar completamente los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras, así como aclarar asuntos relacionados con la planeación, los cronogramas y el estado real de la operación.
La medida judicial no ordenó dejar de expedir pasaportes. Por el contrario, el Tribunal dispuso que se adoptaran inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y prestación ininterrumpida del servicio.
La Cancillería solicitó posteriormente una aclaración de la providencia. Sin embargo, el Tribunal negó esa petición y mantuvo vigente la suspensión provisional.
Fue en ese escenario en el que el Ministerio decidió acudir nuevamente a la urgencia manifiesta.
“El servicio continúa con normalidad”
La preocupación natural de miles de ciudadanos es saber qué ocurrirá con las citas que ya tienen programadas.
La Cancillería aseguró que no existe, por ahora, ningún cambio para los usuarios.
“El servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, las citas previamente programadas continúan vigentes y los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional”, señaló el Ministerio.
Esto significa que quien tenga una cita programada debe presentarse normalmente y cumplir los mismos requisitos establecidos para el trámite.
La emergencia declarada es, principalmente, contractual y administrativa: busca impedir que las decisiones judiciales sobre el nuevo modelo terminen afectando materialmente la entrega de documentos a los ciudadanos.
¿Qué debe hacer una persona que tiene cita para el pasaporte?
Ese es quizá el punto más importante para los ciudadanos en medio de un expediente contractual que puede resultar difícil de seguir.
Las citas continúan vigentes. Las oficinas de expedición siguen atendiendo. Los consulados colombianos en el exterior continúan realizando el trámite.
Y no es necesario registrarse nuevamente ni adelantar procedimientos adicionales como consecuencia de la decisión del Tribunal o de la urgencia manifiesta.
Después de tres años de contratos, controversias, cambios de modelo y decisiones judiciales, la historia de los pasaportes colombianos vuelve al punto que ha marcado buena parte del proceso: encontrar una solución temporal para que el ciudadano que necesita viajar no termine pagando las consecuencias de una disputa administrativa.
La diferencia es que esta vez la Cancillería asegura que, mientras mantiene funcionando el servicio mediante la urgencia manifiesta, comenzará a estructurar una licitación pública que debería definir de manera permanente quién y bajo qué modelo se producirán los pasaportes colombianos.
¿Qué es una urgencia manifiesta y por qué permite contratar directamente?
La figura está contemplada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.
Permite que una entidad estatal adopte mecanismos extraordinarios de contratación cuando se presentan circunstancias que exigen una actuación inmediata y que hacen imposible esperar los tiempos de un procedimiento contractual ordinario.
En este caso, la justificación es la necesidad de impedir una interrupción en un servicio público que afecta directamente la movilidad internacional de millones de colombianos.
Eso permite realizar contratación directa para atender la contingencia.
Pero la propia Cancillería dejó claro que el mecanismo no pretende convertirse en la solución definitiva.
El Ministerio asegura que cualquier contratación derivada de esta urgencia deberá ser temporal y limitarse a aquello estrictamente necesario para mantener funcionando el sistema.
Una historia que comenzó con Thomas Greg & Sons
Para entender por qué Colombia vuelve a hablar de una “urgencia manifiesta” para sus pasaportes hay que regresar a 2023.
Thomas Greg & Sons había estado durante años vinculada a la producción de los documentos de viaje colombianos.
Ese año, durante el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, la Cancillería abrió la Licitación Pública 001 de 2023, cuyo valor rondaba los $600.000 millones.
El proceso terminó convertido en una controversia nacional.
Otros interesados cuestionaron las condiciones de la licitación y sostuvieron que los requisitos favorecían al operador que ya venía prestando el servicio. Thomas Greg & Sons terminó siendo el único proponente habilitado.
El entonces canciller Álvaro Leyva decidió no adjudicar el proceso y finalmente lo declaró desierto.
La determinación generó un problema inmediato: el Estado debía encontrar la manera de seguir produciendo pasaportes mientras definía qué hacer con el contrato de largo plazo.
Ahí apareció la primera urgencia manifiesta de esta historia.
Primera urgencia: 2023
Tras declararse desierta la licitación, la Cancillería acudió a la contratación de emergencia para evitar que el país se quedara sin producción de pasaportes.
Paradójicamente, la solución temporal implicó continuar trabajando con Thomas Greg & Sons, la misma empresa alrededor de la cual se había producido la controversia contractual.
Ese contrato de emergencia fue estimado en cerca de $198.894 millones y permitió mantener el servicio hasta octubre de 2024.
La controversia no terminó allí.
Thomas Greg & Sons presentó posteriormente una demanda contra el Estado por aproximadamente $117.000 millones, argumentando que había resultado afectada por la decisión de declarar desierta una licitación en la que cumplía las condiciones establecidas.
El caso también tuvo consecuencias disciplinarias para Álvaro Leyva.
Segunda urgencia: septiembre de 2024
Cuando se acercaba nuevamente el vencimiento del esquema temporal y todavía no existía una solución definitiva, la historia se repitió.
Ya bajo la administración del canciller Luis Gilberto Murillo, el Ministerio expidió la Resolución 0943-F de 2024 y declaró otra urgencia manifiesta.
El nuevo esquema operó desde el 3 de octubre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.
El contrato 368 de 2024 fue celebrado con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025, integrada por compañías vinculadas a Thomas Greg & Sons, y tuvo un valor cercano a los $206.000 millones.
La explicación volvió a ser la misma: el Estado necesitaba tiempo para construir un nuevo modelo sin suspender la entrega de documentos.
Mientras tanto comenzó a tomar forma la alternativa que marcaría el siguiente capítulo: Portugal.
Portugal y la idea de que el Estado produzca sus pasaportes
El Gobierno Petro planteó que Colombia debía cambiar el esquema tradicional y fortalecer la capacidad estatal para producir sus propios documentos.
La fórmula contemplaba a la Imprenta Nacional de Colombia y a la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal, una entidad pública portuguesa con experiencia en documentos de seguridad.
En octubre de 2024 avanzó la cooperación entre ambos países.
La propuesta contemplaba una transferencia gradual de conocimiento, tecnología e infraestructura para que Colombia adquiriera capacidades propias.
Sin embargo, implementar un sistema de esa magnitud requería tiempo.
Y nuevamente comenzó a acercarse la fecha de vencimiento del contrato temporal.
Tercera urgencia y una nueva pelea dentro del Gobierno
En junio de 2025, cuando Laura Sarabia estaba al frente de la Cancillería, se anunció la necesidad de acudir por tercera vez a la urgencia manifiesta.
La propuesta buscaba extender durante varios meses la participación de Thomas Greg mientras se terminaba de implementar el nuevo modelo.
La decisión generó tensiones dentro del propio Gobierno.
El entonces presidente Gustavo Petro había manifestado públicamente su intención de que Thomas Greg dejara de manejar el negocio y que el país avanzara hacia el esquema con Portugal y la Imprenta Nacional.
Finalmente, mediante la Resolución 9407 del 8 de agosto de 2025, la Cancillería declaró una nueva urgencia manifiesta que permitía contratar directamente la personalización, custodia y distribución de los documentos durante el periodo de transición, con horizonte hasta el 30 de abril de 2026.
Para entonces, el expediente de los pasaportes ya había pasado por varios cancilleres, disputas internas, procesos disciplinarios, una demanda y múltiples soluciones temporales.
Y cuando parecía encaminado el nuevo modelo, llegó otra decisión judicial
Durante 2026 continuó avanzando la estructuración del esquema en el que participaban la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
En julio incluso hubo una primera decisión favorable al Gobierno.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una solicitud de medida cautelar de la Procuraduría que pretendía suspender desembolsos relacionados con el convenio de cooperación.
Pero semanas después el escenario cambió.
A comienzos de septiembre, dentro de otra actuación judicial, el Tribunal ordenó suspender provisionalmente la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo y exigió garantías para que, pese a la suspensión, los ciudadanos continuaran recibiendo el servicio.
La Cancillería intentó obtener una aclaración de la providencia, pero el Tribunal mantuvo la medida.
Y así Colombia llegó nuevamente a la figura que ha acompañado toda esta transición: la urgencia manifiesta.
Una nueva urgencia en septiembre de 2026
La declaratoria anunciada ahora busca construir un puente entre la decisión judicial y la solución definitiva.
No significa que desde este viernes dejen de funcionar las oficinas ni que los ciudadanos tengan que volver a solicitar sus citas.
Significa que el Ministerio podrá acudir a contratación directa para garantizar que existan libretas, que puedan ser personalizadas, custodiadas y distribuidas y que el servicio no se detenga mientras se resuelve el problema estructural.
Esta vez, además, la Cancillería asegura que simultáneamente está preparando una licitación pública.
Según el Ministerio, el proceso se estructurará “bajo criterios de transparencia, planeación y responsabilidad, con un cronograma definido, responsables establecidos y seguimiento mensual”.
El propósito es que la urgencia sea únicamente un puente y no vuelva a convertirse en una solución que tenga que renovarse cada vez que se aproxima el vencimiento del esquema anterior.
Los contratos serán enviados a la Contraloría
La naturaleza excepcional de la contratación también implica controles posteriores.
La Cancillería anunció que el acto administrativo mediante el cual se declaró la urgencia manifiesta, los contratos que sean celebrados bajo esa figura y sus antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República.
El organismo de control fiscal podrá revisar las condiciones en las que se realizaron las contrataciones y la utilización de los recursos públicos.
