Un jurado federal en Florida determinó que el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega no es civilmente responsable por las acusaciones de tortura y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien salió con vida del Palacio de Justicia durante la retoma militar de noviembre de 1985 y posteriormente apareció muerto. La demanda había sido presentada en 2022 por tres hijas del magistrado. El veredicto fue unánime después de ocho días de juicio.
MIAMI. Casi 41 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un jurado de Estados Unidos falló a favor del coronel retirado del Ejército colombiano Luis Alfonso Plazas Vega en el proceso civil que buscaba atribuirle responsabilidad por la tortura y muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas.
La decisión se conoció este jueves 17 de septiembre en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida, después de un juicio que comenzó el 8 de septiembre y durante el cual fueron escuchados testimonios, expertos y argumentos de las hijas de Urán y de la defensa del exoficial.
Después de aproximadamente tres horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime a favor de Plazas Vega, al concluir que las demandantes no demostraron con el estándar requerido en un proceso civil que el exmilitar debía responder por las reclamaciones formuladas.
Aunque algunos reportes han señalado que Plazas Vega fue “declarado inocente”, jurídicamente existe una precisión: el juicio en Estados Unidos era de naturaleza civil y no penal. Por tanto, Plazas Vega no enfrentaba una condena de prisión. El jurado debía determinar si tenía responsabilidad civil y si, en consecuencia, debía responder económicamente por los hechos denunciados.
¿Quiénes llevaron a Plazas Vega ante la justicia estadounidense?
El proceso comenzó formalmente el 15 de febrero de 2022.
Las demandantes fueron Helena Urán Bidegain, Xiomara Urán y Mairée Urán Bidegain, tres hijas del magistrado Carlos Horacio Urán.
La acción fue presentada tanto en nombre propio como en representación de la sucesión de su padre.
El expediente quedó identificado como Bidegain et al. v. Plazas Vega, caso número 22-CV-60338, y fue tramitado ante el Distrito Sur de Florida.
La demanda se sustentó en la Torture Victim Protection Act (TVPA), una legislación estadounidense que permite presentar determinadas reclamaciones civiles contra personas acusadas de tortura o ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo autoridad real o aparente de un Estado extranjero.
La justicia estadounidense podía conocer la demanda, entre otras razones, porque Plazas Vega reside en Florida.
¿De qué acusaban a Plazas Vega?
La familia Urán sostenía que el entonces teniente coronel tuvo responsabilidad en lo sucedido al magistrado después de que este saliera con vida del Palacio de Justicia.
La demanda contenía dos reclamaciones principales bajo la legislación estadounidense: una por la supuesta ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán y otra por su presunta tortura.
Según la tesis de las demandantes, Plazas Vega habría participado o tenido responsabilidad de mando sobre unidades involucradas en un supuesto sistema utilizado para identificar e interrogar a personas que salían del Palacio y eran consideradas sospechosas de pertenecer o colaborar con el M-19.
La defensa de Plazas Vega rechazó esa interpretación y negó que el oficial hubiese ordenado o participado en la tortura o muerte del magistrado.
Ese enfrentamiento de versiones llegó finalmente ante un jurado federal.
Carlos Horacio Urán: el magistrado que fue visto saliendo vivo
Carlos Horacio Urán era magistrado auxiliar del Consejo de Estado y se encontraba en el Palacio de Justicia durante la toma perpetrada por integrantes del M-19 el 6 de noviembre de 1985.
Durante décadas, uno de los aspectos más controvertidos de su muerte fue determinar exactamente qué ocurrió después de la operación militar de recuperación del edificio.
Con el paso de los años apareció material audiovisual en el que Urán fue identificado saliendo del Palacio herido pero con vida y acompañado por miembros de la Fuerza Pública.
Posteriormente, su cuerpo apareció nuevamente dentro del Palacio.
Entre los elementos conocidos alrededor del caso también figura el hallazgo de pertenencias del magistrado en instalaciones militares.
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al decidir el caso Rodríguez Vera y otros contra Colombia, concluyó que Urán salió vivo del Palacio bajo custodia estatal, fue desaparecido durante varias horas y posteriormente ejecutado.
Esa sentencia internacional estableció responsabilidad del Estado colombiano. No equivalía, sin embargo, a una condena individual contra Plazas Vega.
Precisamente esa diferencia fue uno de los elementos jurídicos relevantes dentro del litigio estadounidense: las hijas de Urán buscaban establecer una responsabilidad individual del exoficial.
¿Qué papel tenía Plazas Vega durante la retoma?
Para noviembre de 1985, Luis Alfonso Plazas Vega era teniente coronel del Ejército y comandante de la Escuela de Caballería.
Fue uno de los oficiales más visibles de la operación militar desplegada para recuperar el Palacio después de que integrantes del M-19 ingresaran al edificio y tomaran como rehenes a magistrados, empleados, visitantes y otras personas.
Las unidades bajo su mando participaron con vehículos blindados, incluidos los conocidos Cascabel y Urutu, durante la operación.
Una de las imágenes históricas más recordadas de aquellos acontecimientos muestra precisamente a Plazas Vega hablando con periodistas mientras avanzaba la retoma.
Su actuación durante esos dos días terminaría convirtiéndolo, décadas después, en uno de los militares más conocidos y controvertidos alrededor del expediente del Palacio de Justicia.
Ocho días de juicio en Miami
El juicio civil comenzó el 8 de septiembre de 2026.
Durante las audiencias, la familia del magistrado presentó testimonios y documentación con los que buscaba demostrar que existió un sistema de clasificación de sobrevivientes y que personas consideradas sospechosas fueron interrogadas y torturadas.
También fueron presentadas las imágenes relacionadas con la salida de Urán del Palacio.
La defensa sostuvo, por su parte, que las pruebas no permitían responsabilizar individualmente a Plazas Vega por la suerte del magistrado.
El estándar aplicable era diferente al de un juicio penal. Las demandantes debían probar sus reclamaciones bajo el criterio de preponderancia de la evidencia, es decir, demostrar que su versión resultaba más probable que la contraria.
Finalmente, el jurado determinó que ese estándar no se cumplió respecto de la responsabilidad atribuida a Plazas Vega.
Plazas Vega: “Juzgado y absuelto por segunda vez”
Tras conocerse el veredicto, el coronel retirado celebró la decisión.
En declaraciones a Caracol Radio aseguró que el jurado deliberó durante aproximadamente tres horas y destacó que la decisión fue unánime.
“Me siento muy contento de haber sido juzgado y absuelto por segunda vez”, manifestó Plazas Vega después de conocer el resultado.
El exmilitar sostuvo además que siempre ha comparecido ante la justicia para defender su actuación durante la retoma del Palacio.
Plazas Vega también expresó solidaridad con la familia del magistrado Urán, aunque insistió en rechazar que el Ejército y específicamente él fueran responsables de su muerte.
¿Por qué habla de una segunda absolución?
La referencia de Plazas Vega está relacionada con el proceso penal que enfrentó previamente en Colombia.
El coronel retirado fue investigado y juzgado por la desaparición forzada de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, entre ellas la guerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera.
En 2010 fue condenado en primera instancia a 30 años de prisión.
La decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Sin embargo, el 16 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia revocó la condena y absolvió a Plazas Vega al considerar que no existían elementos probatorios suficientes para atribuirle responsabilidad penal por esas desapariciones.
Después de permanecer privado de la libertad durante varios años, recuperó su libertad.
El proceso decidido ahora en Estados Unidos era diferente: no juzgaba nuevamente aquellas desapariciones ni revisaba la sentencia colombiana.
Se concentraba exclusivamente en establecer la eventual responsabilidad civil individual de Plazas Vega por la tortura y ejecución extrajudicial que las demandantes atribuían en relación con Carlos Horacio Urán.
El presidente De La Espriella había pedido acompañamiento al coronel
El proceso adquirió también dimensión política días antes de comenzar el juicio.
El presidente Abelardo De La Espriella pidió públicamente al canciller Ómar Bula y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, evaluar la situación judicial de Plazas Vega y determinar qué acompañamiento podía ofrecerle el Estado colombiano.
El mandatario expresó públicamente su respaldo al coronel retirado.
La solicitud presidencial no modificaba la naturaleza del proceso: la decisión estaba exclusivamente en manos de la justicia federal estadounidense y, concretamente, del jurado encargado de valorar las pruebas presentadas durante el juicio.
¿Qué significa el fallo de Florida?
El alcance de la decisión es específico.
El veredicto significa que el jurado no encontró a Plazas Vega civilmente responsable de las reclamaciones formuladas contra él bajo la Torture Victim Protection Act en este proceso.
No se trataba de un juicio penal y, por lo tanto, no estaba en discusión una pena de cárcel.
Tampoco representa una revisión o anulación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones ocurridas durante la retoma del Palacio.
Son escenarios jurídicos distintos: la Corte Interamericana examinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano, mientras el jurado de Florida debía determinar la responsabilidad civil individual de Plazas Vega frente a las reclamaciones presentadas por las hijas de Carlos Horacio Urán.
Con el veredicto unánime conocido este 17 de septiembre, Luis Alfonso Plazas Vega obtiene una decisión favorable en el segundo gran proceso judicial que ha enfrentado personalmente por hechos relacionados con la retoma del Palacio de Justicia.
