Contraloría declara de impacto nacional hallazgos en Fiduprevisora: investigación por más de $4,4 billones pasará a Unidad Anticorrupción
La Contraloría General de la República elevó al nivel de impacto nacional las investigaciones sobre presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos de la Fiduprevisora y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El organismo de control puso la lupa sobre pagos por más de $4,4 billones que, según sus hallazgos preliminares, carecen de soportes y evidencias que justifiquen la ejecución de esos recursos.
¿Qué significa la declaratoria de impacto nacional?
La decisión de la Contraloría implica que el expediente deja de ser tramitado por una dependencia ordinaria y pasa a manos de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, despacho encargado de los procesos considerados de mayor relevancia para el país.
Según explicó la contralora delegada para la Economía y las Finanzas Públicas, Jenny Lindo, esta figura busca acelerar la investigación y fortalecer la custodia de la información recopilada durante las indagaciones.
“Esta declaratoria implica que se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información”, señaló la funcionaria.
La delegada aseguró además que la medida permitirá avanzar con una revisión mucho más rigurosa sobre el destino final de los recursos públicos involucrados.
“Va a permitir que la investigación sea mucho más corta, más profunda y con una custodia de la información mucho más garantista”, afirmó.
¿Qué es la Fiduprevisora y qué papel cumple?
La Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora) es una sociedad fiduciaria estatal encargada de administrar recursos públicos a través de diferentes patrimonios autónomos y fondos especiales.
Entre sus responsabilidades se encuentra la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), entidad que financia servicios de salud, pensiones, cesantías y demás prestaciones sociales de los docentes oficiales del país.
Por esa razón, cualquier irregularidad en el movimiento de recursos administrados por la fiduciaria tiene impacto directo sobre miles de beneficiarios y sobre el presupuesto nacional.
El principal hallazgo: pagos por $4,4 billones sin soportes
La alerta más importante detectada por la Contraloría corresponde a pagos superiores a $4,4 billones realizados a proveedores de salud del Fomag durante las últimas cinco semanas del gobierno anterior.
De acuerdo con la investigación preliminar, los auditores no encontraron la documentación que permitiera reconstruir completamente la cadena presupuestal ni verificar los soportes que debían respaldar los desembolsos.
“Lo que encontramos fue el giro de $4,4 billones de pesos desde Fiduprevisora al Fomag, recursos que vienen desde el Ministerio de Hacienda, y no pudimos evidenciar la cadena presupuestal, los soportes y las evidencias que se deben tener al momento de realizar estos pagos”, explicó Lindo.
La funcionaria aclaró que la ausencia de soportes no constituye automáticamente una irregularidad definitiva, pero sí obliga al organismo de control a examinar la legalidad de las operaciones realizadas.
“Hay unos indicios de que efectivamente, como no encontramos los soportes y las evidencias, pues sin duda tenemos que entrar a verificar la legalidad de estos pagos”, sostuvo.
Otros hallazgos bajo investigación
La revisión de la Contraloría no se limita al caso del Fomag.
Durante las inspecciones realizadas en la Fiduprevisora también fueron identificadas diferencias presupuestales en las liquidaciones de contratos relacionados con la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
Adicionalmente, el organismo detectó transferencias superiores a $17.000 millones a empresas de acueducto y energía que registraban patrimonios negativos y cuyas operaciones habían sido objetadas por el propio revisor fiscal de la Fiduprevisora.
La investigación busca determinar por qué esos recursos fueron aprobados y desembolsados pese a las advertencias existentes.
Los movimientos financieros que encendieron las alarmas
Las alertas surgieron en el marco de una revisión especial sobre la ejecución presupuestal de las últimas cinco semanas del anterior Gobierno.
Según la Contraloría, durante ese periodo se registraron giros por más de $64 billones, una cifra que prácticamente duplicó el promedio histórico observado para el mismo lapso, que usualmente se ubicaba entre $30 y $35 billones.
La entidad también identificó compromisos presupuestales por más de $48 billones, lo que motivó la activación de una función de advertencia y la realización de visitas técnicas al Ministerio de Hacienda, la Fiduprevisora y otras entidades estatales.
¿Qué busca establecer la Contraloría?
La investigación pretende reconstruir toda la trazabilidad de los recursos públicos.
En particular, los investigadores están siguiendo la ruta que inicia en el Ministerio de Hacienda, continúa en la Fiduprevisora y finaliza en los contratistas y proveedores que recibieron los recursos.
El objetivo es establecer si los pagos contaban con respaldo documental, si correspondían a servicios efectivamente prestados y si existió algún tipo de detrimento patrimonial para el Estado.
La Contraloría también busca verificar denuncias relacionadas con pagos completos por servicios que presuntamente no habrían sido ejecutados en su totalidad y con anticipos equivalentes al 100 % del valor de algunos contratos.
¿Qué sigue ahora?
Con la declaratoria de impacto nacional, el caso entra en una nueva fase investigativa.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción asumirá formalmente el expediente y tendrá facultades para profundizar en las pruebas, realizar nuevas verificaciones documentales y determinar si existe responsabilidad fiscal.
La Contraloría recordó que las personas involucradas cuentan con todas las garantías procesales para presentar explicaciones, pruebas y descargos.
Asimismo, advirtió que una eventual responsabilidad fiscal no necesariamente recaería únicamente en funcionarios públicos.
“La responsabilidad fiscal puede extenderse también a particulares que hayan administrado recursos públicos”, ha señalado el organismo dentro de este tipo de actuaciones.
Por ahora, la investigación se mantiene bajo reserva legal, motivo por el cual la entidad no ha revelado los nombres de posibles responsables ni ha formulado conclusiones definitivas. El resultado de las pesquisas deberá establecer si los millonarios giros identificados correspondieron a operaciones legalmente sustentadas o si, por el contrario, existieron irregularidades que comprometieron recursos del Estado.
