Miami, 9 de septiembre de 2026. Cuatro décadas después de uno de los episodios más dolorosos y controvertidos de la historia reciente de Colombia, un tribunal federal de Miami dio inicio al juicio civil contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien enfrenta una demanda relacionada con la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas durante los acontecimientos del Palacio de Justicia ocurridos en noviembre de 1985.
La primera audiencia se desarrollóante una corte federal estadounidense con la presentación formal de la demanda y de los argumentos de la acusación, integrada por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA) y el bufete Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, en representación de las hijas del magistrado Urán.
El proceso judicial busca establecer la responsabilidad civil de Plazas Vega por presuntas violaciones de derechos humanos, específicamente por supuestos actos de tortura y ejecución extrajudicial cometidos durante la retoma militar del Palacio de Justicia.
¿Qué ocurrió en la audiencia?
Durante la primera sesión, los representantes de la familia Urán expusieron ante la corte la teoría del caso que sostienen desde hace años.
Según la demanda, durante la operación militar desarrollada tras la toma guerrillera del Palacio de Justicia, miembros del Ejército colombiano habrían ejecutado un plan clandestino para identificar y separar a personas consideradas sospechosas de colaborar con el Movimiento 19 de Abril (M-19).
La acusación sostiene que varias de esas personas fueron posteriormente interrogadas, torturadas, desaparecidas o asesinadas.
De acuerdo con el documento presentado ante el tribunal, el magistrado Carlos Horacio Urán habría sido una de las víctimas de ese supuesto esquema operativo.
Las demandantes afirman que existió un sistema organizado para clasificar como «especiales» a determinados sobrevivientes que abandonaban el edificio después de la retoma militar.
«El Ejército colombiano ejecutó un plan encubierto para detener, torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas clasificadas como especiales por sospecha de estar afiliadas a un grupo guerrillero», señala la demanda.
La acusación aseguró que existen registros militares, bitácoras operacionales y comunicaciones radiales que respaldarían la existencia de dicho procedimiento.
Por su parte, la defensa de Plazas Vega ha sostenido históricamente que el oficial no es responsable de la muerte del magistrado y que las acusaciones carecen de fundamento.
¿Por qué Estados Unidos investiga este caso?
El juicio no es un proceso penal, sino una demanda civil presentada ante una corte federal estadounidense bajo la denominada Ley de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act – TVPA).
Esta legislación permite que víctimas o familiares de víctimas de presuntas torturas o ejecuciones extrajudiciales puedan acudir a tribunales estadounidenses para reclamar responsabilidades civiles contra personas acusadas de haber cometido esos hechos bajo autoridad estatal.
La demanda fue admitida por una corte de Miami hace más de dos años, permitiendo que el proceso avanzara hasta la etapa de juicio.
Los abogados de la familia Urán buscan una declaración de responsabilidad civil contra Plazas Vega y una eventual indemnización por los daños sufridos.
El caso Carlos Horacio Urán
La muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán ha sido uno de los episodios más debatidos dentro de las investigaciones sobre el Palacio de Justicia.
Durante años se sostuvo que Urán había fallecido dentro del edificio como consecuencia de los enfrentamientos entre guerrilleros y militares.
Sin embargo, investigaciones posteriores, registros audiovisuales y testimonios conocidos durante distintos procesos judiciales mostraron imágenes en las que el magistrado aparecía saliendo con vida del Palacio después de la retoma.
Esa circunstancia abrió interrogantes sobre lo que ocurrió posteriormente.
Diversas investigaciones judiciales en Colombia concluyeron que Urán fue retirado con vida y posteriormente murió en circunstancias que continúan siendo objeto de controversia jurídica e histórica.
Por esa razón, su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos relacionados con las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos derivadas de la retoma militar.
La toma del Palacio de Justicia: uno de los episodios más dramáticos del país
Los hechos que hoy vuelven a ser examinados por la justicia estadounidense ocurrieron el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando de aproximadamente 35 guerrilleros del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
En el edificio se encontraban magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consejeros de Estado, empleados judiciales, visitantes y miembros de la Fuerza Pública.
Los insurgentes tomaron como rehenes a decenas de personas y exigieron realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur.
La respuesta del Estado fue inmediata.
Las Fuerzas Militares y la Policía desplegaron una operación para recuperar el control del edificio mediante el uso de tanques, vehículos blindados y unidades especiales.
Durante los combates se produjo un incendio que consumió gran parte del inmueble y destruyó numerosos expedientes judiciales.
El saldo fue devastador.
Según los registros históricos, cerca de un centenar de personas murieron, incluyendo magistrados de la Corte Suprema, empleados judiciales, civiles, militares y guerrilleros.
Además, varias personas fueron reportadas como desaparecidas después de haber salido con vida del edificio.
La toma y retoma del Palacio de Justicia continúa siendo uno de los hechos más investigados en la historia colombiana y ha generado procesos judiciales, informes de organismos internacionales y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un caso que sigue dividiendo opiniones
El inicio del juicio en Miami reabre una discusión que durante décadas ha generado profundas divisiones en Colombia.
Mientras organizaciones de derechos humanos consideran que aún existen responsabilidades por esclarecer respecto a desapariciones y presuntas ejecuciones cometidas durante la retoma, sectores militares sostienen que las Fuerzas Armadas actuaron en medio de una situación extrema provocada por el ataque guerrillero y que muchos de sus integrantes han sido injustamente señalados.
La decisión que adopte el tribunal estadounidense podría convertirse en un nuevo capítulo de uno de los procesos más complejos relacionados con la memoria histórica, la justicia y los derechos humanos en Colombia.
¿Quién es Luis Alfonso Plazas Vega?
Luis Alfonso Plazas Vega es un oficial retirado del Ejército Nacional de Colombia que alcanzó el grado de teniente coronel y que en noviembre de 1985 comandaba la Escuela de Caballería, una de las unidades militares que participó en la retoma del Palacio de Justicia.
Durante la operación se hizo ampliamente conocido por una frase captada por las cámaras de televisión de la época:
“¡Aquí defendiendo la democracia, maestro!”
A partir de los años noventa y especialmente durante las investigaciones por las desapariciones ocurridas tras la retoma, Plazas Vega pasó a ser una de las figuras más controvertidas del caso.
En 2010 fue condenado en Colombia por desaparición forzada en relación con algunos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Sin embargo, años después la Corte Suprema de Justicia revocó esa condena y lo absolvió, argumentando que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
Desde entonces ha defendido públicamente la actuación del Ejército durante la recuperación del Palacio y sostiene que actuó en cumplimiento de su deber constitucional frente al ataque perpetrado por el M-19.
Hoy, a sus más de cuatro décadas de aquellos hechos, vuelve a estar en el centro de la atención pública debido al juicio civil que se desarrolla en Estados Unidos por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas.
