La Presidencia estableció nuevas reglas para divulgar decisiones, políticas, cifras y anuncios del Ejecutivo. La Directiva Presidencial 01 del 3 de septiembre dispone que la información de interés público deberá difundirse primordialmente a través de canales institucionales y que las cuentas personales de ministros y otros funcionarios no podrán utilizarse como canal principal para anticipar decisiones oficiales.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella decidió modificar la manera como ministros, directores y demás funcionarios comunican las decisiones del Ejecutivo. La apuesta es centralizar y coordinar la información oficial para evitar anuncios contradictorios, versiones anticipadas y mensajes dispersos desde las cuentas personales de los servidores públicos.
La nueva política quedó establecida en la Directiva Presidencial 01 del 3 de septiembre de 2026, que fija lineamientos para la coordinación y divulgación de las comunicaciones del Gobierno Nacional.
“Gobernar es también informar”, señaló la Presidencia al explicar el alcance de la decisión.
Uno de los cambios más relevantes tiene que ver precisamente con las redes sociales personales de los funcionarios. A partir de estos lineamientos, esas cuentas no serán el canal primario ni la fuente oficial para anticipar o comunicar determinaciones del Ejecutivo.
Esto no significa que ministros y demás funcionarios tengan prohibido utilizar sus redes sociales o hablar públicamente. La directiva establece una diferencia entre sus espacios personales y los canales institucionales a través de los cuales deben conocerse inicialmente las decisiones oficiales.
Las decisiones deberán conocerse primero por canales institucionales
De acuerdo con el comunicado de la Presidencia, el objetivo es garantizar que cualquier ciudadano, periodista o medio de comunicación tenga acceso a la misma información oficial y que esta pueda ser identificada y verificada con claridad.
“El propósito central es que la información de interés público llegue a los colombianos de manera ordenada, clara, verificable y coherente, asegurando que las decisiones, anuncios, políticas y cifras de gestión tengan como canal primordial las plataformas institucionales de la Presidencia, la vocería, los ministerios y demás entidades competentes, de modo que el país cuente con una sola voz institucional”, explicó el Gobierno.
En la práctica, una decisión de Gobierno no debería conocerse inicialmente por una publicación realizada desde la cuenta privada de un ministro, viceministro o director de una entidad, sino a través de los canales oficiales correspondientes.
La Presidencia fue explícita:
“Asimismo, se determinó de manera taxativa que las cuentas personales de los funcionarios no serán el canal primario ni la fuente oficial para anticipar o comunicar determinaciones del Ejecutivo, garantizando que lo público permanezca accesible en igualdad de condiciones para la ciudadanía”.
María Fernanda Sandoval coordinará la estrategia
La nueva política también establece una articulación permanente entre los equipos de comunicaciones de ministerios y entidades del orden nacional.
La coordinación estará en cabeza de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, liderada por María Fernanda Sandoval.
Según la Casa de Nariño, “la norma establece una articulación permanente de los equipos de comunicación estatal bajo la coordinación de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia”.
Esto supone que las oficinas de prensa de las diferentes entidades deberán trabajar de manera articulada.
Presidencia manejará directamente la comunicación durante las crisis
La directiva incorpora una regla especial para situaciones extraordinarias.
En casos de emergencias, catástrofes, crisis o alteraciones del orden público, será la Presidencia de la República la que asuma directamente la estrategia de divulgación.
La medida cobra especial relevancia en momentos en los que circula una gran cantidad de información preliminar y pueden producirse contradicciones entre autoridades nacionales y territoriales.
El Gobierno sostiene que centralizar la comunicación en esos escenarios permitirá establecer una fuente institucional claramente identificable y combatir con mayor rapidez rumores o información falsa.
¿Los ministros podrán seguir dando entrevistas?
Sí. La propia Presidencia aclaró que la directiva no supone una prohibición para que los funcionarios hablen con periodistas, concedan entrevistas o expliquen las decisiones de sus respectivas carteras.
“Con pleno respeto a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información, los funcionarios podrán continuar concediendo declaraciones y entrevistas bajo un esquema coordinado, cerrando el paso a la especulación, a las versiones contradictorias y a la desinformación para avanzar con certezas en la construcción del país”, indicó el comunicado.
La diferencia estará en que los anuncios oficiales deberán respetar la coordinación institucional establecida por la Presidencia.
Gobierno asegura que no busca que los funcionarios “hablen menos”
La Casa de Nariño también se anticipó a posibles cuestionamientos sobre una excesiva centralización de las comunicaciones y aseguró que la medida no pretende restringir el flujo de información hacia los medios.
“Lejos de limitar la interacción informativa, la directiva busca que el Estado hable mejor y no que hable menos”, sostuvo la Presidencia.
Según el comunicado, la política también contempla fortalecer “la atención a periodistas mediante mecanismos ágiles de respuesta, facilitación de acceso a las fuentes y entrega oportuna de documentos y cifras”.
Una sola voz institucional
El fondo de la Directiva Presidencial 01 es establecer una separación más clara entre la comunicación personal de un funcionario y la comunicación oficial del Estado.
Las cuentas personales podrán continuar existiendo y los servidores públicos podrán utilizarlas, pero no deberán convertirse en el mecanismo mediante el cual se anticipen decisiones que todavía no hayan sido comunicadas institucionalmente.
La Presidencia busca así que decretos, políticas, nombramientos, decisiones administrativas, cifras de gestión y demás asuntos de interés público puedan rastrearse hasta una fuente institucional y permanezcan disponibles para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
En palabras del propio Gobierno, la finalidad es avanzar hacia una comunicación “ordenada, clara, verificable y coherente” y conseguir que, frente a las principales decisiones nacionales, “el país cuente con una sola voz institucional”.
La aplicación de la directiva será ahora responsabilidad de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades del Ejecutivo, cuyos equipos de comunicaciones deberán coordinarse con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.