La Contraloría de Bogotá identificó nueve hallazgos con incidencia fiscal por más de $20.000 millones, como resultado de una Actuación Especial de Fiscalización a contratos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Las principales situaciones están relacionadas con el control del combustible de vehículos oficiales, la construcción del Centro Especial de Reclusión fase II (CER II) y el proyecto de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba.
Los hallazgos fiscales asociados a deficiencias en la supervisión y el control del consumo de combustible de los vehículos oficiales, por valor de $8.737 millones, evidenciaron que no se utilizaba el rendimiento de kilómetros por galón como parámetro de control. Además, se identificaron inconsistencias en los registros de kilometraje de 752 vehículos examinados, lo que dificultó verificar si el combustible suministrado correspondía a los recorridos efectivamente realizados.
- En total se consolidaron 9 hallazgos con incidencia fiscal como resultados de una Actuación Especial de fiscalización a la Secretaría de Seguridad.
- El mayor monto corresponde al control del combustible de vehículos oficiales, con hallazgos por $8.737 millones.
- También se identificaron hallazgos por $8.100 millones en la segunda fase del Centro Especial de Reclusión y por $3.146 millones en el proyecto de la URI de Suba.
En segundo lugar, la Contraloría de Bogotá identificó hallazgos fiscales por $8.100 millones en la segunda fase del Centro Especial de Reclusión, ubicado en Puente Aranda. Las situaciones tienen que ver con el reconocimiento y pago de actividades no previstas inicialmente, sobrecostos en el suministro e instalación de una reja metálica y pagos adicionales de interventoría derivados de las prórrogas de la obra.
El tercer caso corresponde al proyecto de la URI de Suba, donde se establecieron hallazgos fiscales por $3.146 millones, asociados principalmente al pago de actividades no previstas (relacionado con deficiencias en los estudios y diseños), y a pagos adicionales de interventoría por las prórrogas del proyecto.
“Los resultados evidencian la importancia de fortalecer la planeación, la supervisión y los mecanismos de control en la ejecución de los contratos públicos, para garantizar que los recursos se administren adecuadamente y que las inversiones respondan a las necesidades de la ciudad”, así lo indicó Fernando Poveda, director de Seguridad, Convivencia y Justicia.
La Contraloría de Bogotá continuará ejerciendo vigilancia sobre los recursos públicos destinados a la seguridad y la justicia, con el propósito de contribuir a una gestión contractual más eficiente y transparente.