¿Qué sigue para la reforma pensional?
Con la votación realizada en la plenaria de la Cámara de Representantes, el Congreso cumplió el trámite ordenado por la Corte Constitucional y dejó sin modificaciones los nueve artículos que habían sido devueltos para corregir un vicio de procedimiento detectado durante la aprobación de la ley.
Durante las dos jornadas de discusión, los representantes rechazaron las proposiciones que buscaban modificar aspectos relacionados con los fondos privados, los regímenes especiales, las comisiones de administración y algunos beneficios incluidos en la reforma. Otras iniciativas fueron retiradas por sus autores antes de la votación definitiva, con el propósito de evitar que el proyecto tuviera que pasar por una conciliación entre Senado y Cámara.
Uno de los temas que generó mayor discusión fue el régimen diferencial para comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Aunque inicialmente existía interés de algunos sectores en eliminar este punto, finalmente la propuesta fue retirada y el artículo permaneció tal como fue aprobado por el Senado.
La decisión permitió mantener la integridad del texto original de la reforma pensional, una condición considerada clave para cumplir con los plazos fijados por la Corte Constitucional. De haberse aprobado cualquier modificación, el proyecto habría tenido que surtir nuevas etapas legislativas que podrían haber puesto en riesgo el cumplimiento del calendario judicial.
Ahora el expediente regresará nuevamente a la Corte Constitucional, que tendrá la responsabilidad de revisar si la Cámara subsanó correctamente el vicio de trámite señalado en el fallo emitido este año. El alto tribunal deberá emitir una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.
Si la Corte avala lo actuado por el Congreso, la reforma pensional entrará en vigencia el 1 de abril de 2027, fecha establecida para la implementación del nuevo sistema. A partir de ese momento comenzará a operar el modelo de pilares que combinará la participación de Colpensiones y los fondos privados para la administración de los aportes de los trabajadores colombianos.
Sin embargo, el debate político sobre el futuro del sistema pensional está lejos de terminar. Desde la oposición ya se anunciaron iniciativas legislativas para modificar algunos aspectos de la reforma, mientras que sectores económicos y expertos continúan evaluando su impacto fiscal y financiero en el largo plazo.
Por ahora, el Gobierno celebra la decisión de la Cámara como un paso definitivo para salvar una de las reformas más importantes impulsadas durante la administración de Gustavo Petro, mientras miles de trabajadores esperan la decisión final de la Corte Constitucional que definirá el futuro de las pensiones en Colombia.
