Bogotá. La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $7.799 millones relacionado con la construcción de la nueva torre de urgencias del Hospital El Tunal, una obra que debía estar terminada en enero de 2024 y que continúa sin ser entregada.
Durante una visita de verificación, liderada por Felipe Uscátegui, director de Apoyo al Despacho del organismo de control, se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con los costos de interventoría. Según la Contraloría, se habrían pagado 28 meses adicionales por este servicio, pese a que el avance de la obra habría sido de apenas el 16 % frente al plazo inicialmente previsto.
El organismo de control también cuestionó que el contrato original no estableciera con claridad quién debía asumir las consecuencias económicas derivadas de los retrasos del contratista, situación que habría generado costos adicionales para los recursos públicos de Bogotá.
La demora en la entrega de la infraestructura afecta a los habitantes del sur de la capital, quienes siguen a la espera de una mayor capacidad de atención en urgencias, hospitalización y servicios quirúrgicos.
Con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría busca establecer si hubo un daño al patrimonio público, identificar a los posibles responsables y determinar si procede el resarcimiento de los recursos. Las presuntas irregularidades deberán ser esclarecidas durante la investigación.
