La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $6.501.689.565 relacionado con pagos realizados por la Secretaría Distrital de Movilidad para efectuar consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) entre los años 2021 y 2024.
De acuerdo con el organismo de control, durante ese periodo la entidad realizó 5.467.476 consultas al RUNT, cuyos costos fueron asumidos con recursos públicos a través de pagos efectuados a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
La investigación preliminar determinó que parte de la información consultada a través del RUNT también se encontraba disponible en plataformas internas de la Secretaría de Movilidad, como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON, lo que genera dudas sobre la necesidad de incurrir en dichos gastos.
Según la Contraloría, los pagos realizados podrían haber vulnerado los principios de necesidad, economía y eficiencia del gasto público, razón por la cual se dio apertura formal al proceso de responsabilidad fiscal para establecer si existió una afectación al patrimonio del Distrito.
“Con la apertura de este proceso buscamos establecer si existió o no una afectación al patrimonio público y determinar las responsabilidades correspondientes. Nuestro deber es proteger los recursos de los bogotanos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de necesidad, eficiencia y legalidad”, señaló Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.
Dentro de la actuación fiscal fueron vinculados varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como un directivo de la ETB, quienes podrán ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas correspondientes durante el desarrollo del proceso.
La Contraloría de Bogotá indicó que continuará adelantando acciones de control fiscal para determinar las eventuales responsabilidades y garantizar la protección de los recursos públicos, en medio de los cuestionamientos por el uso de más de $6.500 millones destinados a consultas de información que, presuntamente, ya se encontraba disponible en sistemas internos de la administración distrital.
