El gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella informó que presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación una serie de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción que, según el consolidado del denominado Empalme Anticorrupción, involucrarían recursos superiores a los $370.000 millones.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el equipo del presidente electo, las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción. Los hallazgos señalados involucran contratos y procesos en el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol.
Entre los principales casos mencionados se encuentra la contratación para la adquisición de 16 sistemas antidrones por parte del Ministerio de Defensa y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec). Según el comunicado, “el análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”.
La denuncia también hace referencia a un proceso contractual de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones. El equipo del gobierno entrante aseguró que solicitó la apertura de investigaciones debido a que la contratación habría sido adjudicada pese a la existencia de una orden judicial que suspendía el proceso de selección que le dio origen.
Otro de los expedientes señalados corresponde a Cenit, empresa filial de Ecopetrol encargada del transporte y logística de hidrocarburos. Sobre este caso, el comunicado sostiene que fueron entregados nuevos elementos relacionados con un contrato jurídico cercano a $23.000 millones. Según la denuncia, existirían indicios de “presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento”.
El gobierno electo señaló que la información presentada proviene de auditorías y revisiones realizadas durante el proceso de empalme y anunció que continuará remitiendo nuevos hallazgos a las autoridades competentes. En ese sentido, indicó que el objetivo es que los organismos de control determinen si existieron o no responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales en los casos denunciados.
“A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo reiteró que continuará entregando a los organismos competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías, para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”, señaló la comunicación oficial.
Hasta el momento, las denuncias se encuentran en etapa de conocimiento por parte de los organismos de control y las autoridades competentes serán las encargadas de verificar la información aportada y determinar la existencia de eventuales irregularidades. Entretanto, el anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión política sobre el manejo de los recursos públicos durante la administración saliente y anticipa nuevas actuaciones por parte del gobierno que asumirá funciones en los próximos días.