La decisión contempla el retiro de un vehículo blindado, dos hombres de protección y un chaleco antibalas. El exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro tendrá diez días para recurrir la determinación. El caso adquiere relevancia por los contactos que Lemus sostuvo con emisarios de estructuras criminales durante su paso por la inteligencia estatal.
BOGOTÁ — La Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó a Jorge Arturo Lemus Montañez, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la decisión de suspender el esquema de seguridad que le había sido asignado por el Estado.
Según reveló la Unidad Investigativa la determinación contempla retirarle al exfuncionario una camioneta blindada, dos hombres de protección y un chaleco antibalas.
Lemus tendría un plazo de diez días para presentar un recurso contra la decisión. El exfuncionario fue consultado por ese medio sobre si recurrirá la medida, pero no quiso pronunciarse.
La determinación se produce después de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunciara una revisión de los esquemas de seguridad que continúan asignados a exfuncionarios del Estado.
¿Quién es Jorge Arturo Lemus?
Lemus ocupó algunos de los cargos relacionados con inteligencia y análisis financiero de mayor importancia durante el gobierno de Gustavo Petro.
En marzo de 2025, Petro lo posesionó como director general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Antes había ejercido como director de Gestión Institucional de esa misma entidad. La propia DNI registró oficialmente su llegada a la dirección general.
Posteriormente, en enero de 2026, fue nombrado director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de labores de inteligencia financiera relacionadas, entre otros asuntos, con la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Su permanencia en la UIAF fue corta. El 1 de abril presentó su renuncia y el Gobierno la aceptó mediante el Decreto 0367 del 7 de abril de 2026.
Lemus también ha sido identificado públicamente como exintegrante del M-19 y durante años estuvo vinculado a diferentes cargos de la administración pública.
Las reuniones que pusieron su nombre bajo la lupa
La decisión sobre su seguridad adquiere especial relevancia por las reuniones que Lemus sostuvo mientras ocupaba cargos de alto nivel durante la administración Petro.
En febrero de 2026 se conoció que el entonces funcionario había participado en dos encuentros con Luis Felipe Ramírez Ospina, abogado y emisario de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado por las autoridades como uno de los principales protagonistas del contrabando en Colombia.
Las reuniones quedaron grabadas.
Posteriormente, Noticias Caracol reveló registros de esos contactos y señaló que en las conversaciones se abordaron eventuales condiciones relacionadas con una entrega de Marín a las autoridades.
Lemus entregó su propia explicación sobre esos encuentros.
El exdirector de inteligencia aseguró que fue el abogado de Marín quien llegó hasta su despacho buscando establecer contacto con el Gobierno y sostuvo que las reuniones eran conocidas por el entonces presidente Gustavo Petro.
“Yo hablé con el presidente”, aseguró Lemus al explicar el contexto de los acercamientos. También afirmó que había ordenado grabar una de las reuniones para dejar constancia de lo ocurrido.
Estas afirmaciones forman parte de la versión entregada por Lemus y no equivalen, por sí mismas, a una determinación judicial sobre las actuaciones discutidas.
Contactos en el marco de la ‘paz total’
El nombre del exdirector de inteligencia también apareció alrededor de contactos realizados con integrantes o emisarios de organizaciones criminales durante la política de ‘paz total’ impulsada por el gobierno Petro.
En ese periodo, funcionarios y delegados gubernamentales establecieron diferentes canales de comunicación con organizaciones armadas y estructuras criminales como parte de los intentos de negociación, sometimiento o acercamiento promovidos por aquella administración.
Los contactos relacionados con Lemus generaron controversia debido a la naturaleza de su cargo y al tipo de información manejada por la DNI y posteriormente por la UIAF.
Podrían realizarle un nuevo estudio de riesgo
La suspensión del esquema de protección no necesariamente representa el cierre definitivo de la evaluación de seguridad alrededor del exfuncionario.
Según la información conocida, existe la posibilidad de que la UNP realice un nuevo estudio de riesgo para determinar el nivel de amenaza que enfrenta actualmente Lemus y establecer si existen razones para mantener, modificar o retirar definitivamente las medidas de protección.
Este procedimiento resulta especialmente relevante debido a los cargos que ocupó y al acceso que tuvo a información reservada relacionada con inteligencia estatal, organizaciones criminales y seguridad nacional.
Por ahora, la decisión comunicada contempla retirar el vehículo blindado, los dos hombres de protección y el chaleco antibalas.
Lemus dispone de diez días para recurrir la determinación. De hacerlo, la UNP tendrá que resolver el recurso y determinar si mantiene o modifica la decisión mientras continúa la revisión de los esquemas asignados a antiguos funcionarios del Estado.