Archivos cifrados, carpetas vacías, documentos ilegibles y dificultades para consultar parte de las extracciones digitales frenaron la audiencia preparatoria contra los dos exministros del gobierno Petro. La Corte Suprema ordenó a Fiscalía y defensas revisar conjuntamente el expediente antes de continuar con la definición de las pruebas que llegarán al juicio. El escándalo de la UNGRD mantiene abiertas investigaciones contra exfuncionarios y congresistas.
La controversia obligó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a suspender la audiencia preparatoria del juicio y conceder tres semanas para que Fiscalía y defensas revisen conjuntamente las inconsistencias encontradas en el descubrimiento probatorio.
La decisión fue adoptada por el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien conduce esta etapa del proceso contra los exministros de Hacienda y del Interior.
La audiencia preparatoria es fundamental porque allí se discute qué elementos podrán ser incorporados posteriormente al juicio y cuáles serán excluidos.
¿Qué encontró la defensa dentro del expediente?
El problema surgió al revisar la enorme cantidad de información recopilada durante la investigación.
Entre el material cuestionado aparecen archivos protegidos con contraseña, carpetas vacías, documentos que no pueden visualizarse correctamente y evidencia digital que aparentemente no pudo copiarse completamente.
La defensa de Bonilla también mencionó un Blu-ray relacionado con la extracción de un buzón cuyo contenido no habría podido ser copiado en su totalidad.
El abogado Alejandro Carranza, defensor de Bonilla, sostuvo durante la audiencia que recibir una copia idéntica de determinado soporte no significa necesariamente que se haya recibido toda la información que debería contener.
“¿Para qué descubría la Fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?”, cuestionó Carranza durante la diligencia.
Las dificultades no son menores debido al tamaño del expediente. La defensa de Velasco había solicitado anteriormente tiempo adicional para revisar más de cuatro terabytes de información y miles de folios entregados dentro del proceso.
Fiscalía niega haber escondido pruebas
La Fiscalía rechazó que las dificultades técnicas puedan interpretarse como un ocultamiento deliberado de evidencia.
La fiscal del caso aseguró ante la Corte que se entregó el material recopilado durante la investigación, incluso aquellos archivos que el propio organismo investigador no había podido abrir debido a mecanismos de seguridad.
“Ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa”, aseguró la fiscal.
Según explicó, dentro del descubrimiento fueron incluidos incluso archivos protegidos por mecanismos de seguridad precisamente para dejar constancia de que hacían parte del expediente.
La Fiscalía sostiene, por tanto, que existe una diferencia entre ocultar una prueba y no tener acceso técnico a su contenido.
Bonilla: “La Fiscalía está inundándonos de información”
Ricardo Bonilla intervino directamente durante la audiencia y cuestionó la forma como ha sido presentado el expediente.
“Siento a la Fiscalía inundándonos de información (…) mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa”, afirmó el exministro.
Su defensa considera que, antes de avanzar hacia el juicio, debe garantizarse que todos los documentos puedan ser consultados y que los archivos que resulten ilegibles sean entregados nuevamente en condiciones que permitan revisarlos.
Velasco pregunta qué contienen los archivos de Sneyder Pinilla
Luis Fernando Velasco también intervino y concentró parte de sus cuestionamientos en la información extraída de los dispositivos de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y uno de los principales protagonistas del expediente.
“¿Por qué están escondiendo las extracciones del celular de Sneyder? ¿Qué hay ahí?”, preguntó Velasco.
El exministro sostuvo como tesis de su defensa que conocer integralmente ese material podría revelar elementos sobre otras líneas del escándalo que, en su criterio, no fueron investigadas suficientemente.
La Fiscalía rechaza que esté ocultando esa evidencia y atribuye las dificultades a problemas técnicos y restricciones de acceso de algunos archivos.
La orden de la Corte Suprema
Ante el enfrentamiento entre Fiscalía y defensas, el magistrado Caldas decidió intervenir.
La Corte recordó que tiene el deber de comprobar que el descubrimiento probatorio sea completo antes de permitir que el proceso continúe.
“Solicito adelantar las gestiones necesarias para que las defensas puedan acceder a toda la información que le permitió estructurar su caso, en particular a aquellos documentos que no se pueden abrir”, ordenó el magistrado.
También pidió a fiscales y abogados establecer un canal directo para identificar cada una de las fallas.
Al finalizar el procedimiento deberán enviar a la Corte un acta en la que quede registrado el resultado de esa revisión.
“La Sala otorgará tres semanas” para completar ese trabajo, determinó el magistrado.
Por esa razón, la audiencia preparatoria quedó suspendida.
¿De qué acusa la Fiscalía a Bonilla y Velasco?
Los dos exministros enfrentan uno de los capítulos de mayor nivel político dentro del caso UNGRD.
La Fiscalía los acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
La hipótesis del ente investigador apunta a un supuesto mecanismo mediante el cual se habrían direccionado contratos públicos a cambio de conseguir respaldo de congresistas para iniciativas del entonces Gobierno.
Bonilla y Velasco han rechazado los señalamientos y el proceso todavía debe determinar su eventual responsabilidad penal.
La discusión que actualmente se desarrolla ante la Corte no corresponde todavía al juicio sobre su culpabilidad, sino a la fase en la que se establece qué pruebas podrán utilizar Fiscalía y defensas.
El expediente que comenzó con los carrotanques de La Guajira
El caso UNGRD se hizo público inicialmente por las irregularidades alrededor de la adquisición de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades de La Guajira.
La investigación comenzó a revelar posteriormente un entramado mucho más amplio.
Los nombres de Olmedo López, entonces director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, subdirector para el Manejo de Desastres, se convirtieron en piezas centrales del expediente.
Ambos empezaron a entregar información a la Fiscalía sobre contratos, funcionarios, intermediarios y congresistas que presuntamente habrían participado o tenido conocimiento de diferentes operaciones.
Las declaraciones de López y Pinilla abrieron múltiples líneas de investigación.
Olmedo López: una de las principales fuentes de la Fiscalía
Olmedo López pasó de dirigir la entidad a convertirse en uno de los principales colaboradores dentro de la investigación.
En 2026 se comprometió a declarar sobre 23 personas que, según su versión, habrían tenido participación o conocimiento de actuaciones relacionadas con el entramado investigado.
Precisamente por esa condición, los dispositivos, conversaciones, documentos y comunicaciones aportados por López y Pinilla tienen especial relevancia.
De ahí que las defensas de Bonilla y Velasco estén reclamando acceso integral a chats, extracciones de teléfonos y demás evidencia digital proveniente de ambos exdirectivos.
Carlos Ramón González, otro nombre central
Otra de las personas vinculadas judicialmente al caso es Carlos Ramón González, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia durante el gobierno Petro.
La Fiscalía lo ha señalado dentro de una de las líneas centrales del supuesto entramado.
Para febrero de 2026 González permanecía fuera del país y era requerido por la justicia colombiana, mientras se encontraba en Nicaragua.
Su situación representa otro frente distinto al juicio que actualmente se prepara contra Bonilla y Velasco.
Sandra Ortiz
La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz también quedó involucrada en el expediente.
La Fiscalía la ha investigado por su presunto papel como intermediaria en movimientos de dinero relacionados con el escándalo. Su nombre apareció particularmente dentro de la línea relacionada con los entonces presidentes del Senado y la Cámara.
Ortiz, Olmedo López y Sneyder Pinilla hacen parte del grupo de antiguos funcionarios alrededor de los cuales se construyeron varias de las primeras actuaciones judiciales del caso.
Iván Name y Andrés Calle
La investigación llegó además al Congreso.
Los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle quedaron bajo investigación de la Corte Suprema por presuntos hechos relacionados con recursos provenientes del entramado de la UNGRD.
La investigación contra ambos ha incluido los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Por tratarse de congresistas aforados, sus expedientes corresponden a la Corte Suprema y no a un juez penal ordinario.
Otros congresistas investigados
Desde julio de 2024, la Corte Suprema recibió de la Fiscalía compulsas de copias relacionadas con otros aforados.
Entre los nombres que aparecieron inicialmente estaban Wadith Manzur, Julio Elías Chagüi, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.
La Corte explicó entonces que varias de esas actuaciones serían investigadas conjuntamente por razones de conexidad, ante la posible existencia de un mismo fenómeno de corrupción administrativa.
El avance y situación procesal de cada persona es diferente, por lo que aparecer dentro de esas investigaciones no equivale a una condena ni permite atribuirles responsabilidad penal.
Martha Peralta y nuevas líneas en la Corte
El expediente continuó creciendo durante 2026.
En junio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la captura de la senadora Martha Peralta durante una diligencia relacionada con el caso UNGRD, después de que previamente se hubiera ordenado su conducción para comparecer ante el tribunal.
Este y otros procesos muestran cómo el caso dejó de estar concentrado únicamente en la contratación de la Unidad y terminó dividido en numerosos expedientes que avanzan simultáneamente ante la Fiscalía y la Corte Suprema.
Fiscalía y Corte: ¿por qué existen investigaciones diferentes?
El tamaño del caso explica por qué no existe un único expediente contra todos los involucrados.
La Fiscalía General de la Nación investiga a exfuncionarios y particulares que no cuentan con fuero constitucional.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, investiga a congresistas cuando conservan el fuero correspondiente.
Y cuando un caso contra determinados aforados llega a juicio, interviene la Sala Especial de Primera Instancia, como ocurre actualmente con el proceso contra Bonilla y Velasco.
De esta manera, el denominado “caso UNGRD” es en realidad un conjunto de procesos derivados de diferentes contratos, movimientos de recursos, presuntos pagos y actuaciones administrativas.
¿Qué viene ahora?
Durante las próximas tres semanas, Fiscalía y defensas deberán concentrarse en revisar el material que generó la controversia.
Tendrán que determinar qué contienen las carpetas reportadas como vacías, intentar solucionar el acceso a los archivos cifrados, verificar documentos ilegibles y establecer qué ocurrió con las extracciones digitales que no pueden consultarse.
Una vez terminado ese procedimiento, las partes deberán informar a la Corte sobre los resultados.
Después podrá reanudarse la audiencia preparatoria.
Allí comenzará otra discusión decisiva: qué pruebas serán admitidas, cuáles serán excluidas y cuáles podrán efectivamente presentarse durante el juicio contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Por ahora, la Corte no ha determinado responsabilidad penal alguna de los dos exministros. Ambos continúan ejerciendo su derecho a la defensa frente a una acusación de la Fiscalía que deberá ser probada en juicio.
El nuevo episodio demuestra además que, más de dos años después de que el país conociera las primeras irregularidades de los carrotanques de La Guajira, el caso UNGRD continúa abierto en múltiples frentes y sigue produciendo investigaciones contra antiguos altos funcionarios, particulares y miembros del Congreso.