Jorge Eliécer Laverde Vargas asumió la dirección de la Contraloría General de la República para el periodo 2026-2030, después de haber sido posesionado por el presidente Abelardo De La Espriella el pasado 25 de agosto. El nuevo contralor presentó los tres pilares que pretende convertir en sello de su administración: una entidad predictiva, tecnológica y descentralizada. Anunció recorridos por los departamentos, fortalecimiento de las gerencias territoriales y utilización de inteligencia artificial y analítica de datos para detectar riesgos sobre los recursos públicos antes de que se produzca el detrimento patrimonial.
Jorge Eliécer Laverde Vargas asumió desde este martes 1 de septiembre de 2026 la dirección del máximo organismo de control fiscal del país con una propuesta que pretende modificar la manera en que la entidad vigila billones de pesos de recursos públicos.
Su principal planteamiento consiste en que la Contraloría no llegue únicamente cuando el dinero ya se perdió, la obra quedó abandonada o el contrato terminó convertido en un problema fiscal.
La apuesta será intentar anticiparse al daño.
Para conseguirlo, Laverde anunció que la entidad utilizará herramientas de inteligencia artificial, analítica avanzada de datos y nuevas tecnologías con las que espera identificar tempranamente riesgos sobre los recursos públicos.
“Quiero una Contraloría cercana a la gente, conectada con los territorios y sensible a las necesidades reales de los ciudadanos”, afirmó al asumir la dirección del organismo.
Una Contraloría “predictiva, tecnológica y descentralizada”
Esas tres palabras resumen el modelo que Laverde presentó desde su candidatura y que ahora pretende implementar durante sus cuatro años al frente del organismo.
El primero de los conceptos es predictiva.
La intención es aprovechar la enorme cantidad de información contractual, presupuestal y financiera que maneja el Estado para detectar patrones y alertas que permitan establecer dónde puede existir riesgo para el patrimonio público.
El segundo componente será tecnológico.
La Contraloría anunció que incorporará inteligencia artificial, analítica de datos y nuevas herramientas digitales a sus procesos de vigilancia.
El propósito, según la nueva administración, será pasar progresivamente de un modelo predominantemente reactivo a uno con mayor capacidad preventiva.
Y el tercer elemento será la descentralización.
Laverde quiere que una parte importante del control fiscal se produzca directamente en las regiones y no únicamente desde Bogotá.
“La vigilancia fiscal debe sentirse donde están los ciudadanos”
Una de las primeras decisiones anunciadas por el nuevo contralor será fortalecer las gerencias departamentales de la Contraloría General.
La idea es entregarles mayor protagonismo y capacidad para actuar frente a problemas que afectan directamente a los territorios.
Laverde anunció además que comenzará un recorrido por los departamentos del país.
No pretende limitar esas visitas a encuentros institucionales. El objetivo anunciado es conocer directamente obras inconclusas, proyectos con dificultades, inversiones públicas cuestionadas y situaciones que requieran vigilancia fiscal prioritaria.
“La vigilancia fiscal debe sentirse donde están los ciudadanos”, afirmó.
El planteamiento supone que los equipos territoriales tendrán un papel central para identificar proyectos en riesgo y trasladar esa información a las dependencias responsables de adelantar las actuaciones correspondientes.
La lupa sobre las obras inconclusas «elefantes blancos»
Uno de los focos de la nueva administración serán precisamente las obras que consumieron recursos públicos pero permanecen inconclusas, abandonadas o presentan retrasos significativos.
Durante sus recorridos regionales, el contralor pretende conocer directamente este tipo de proyectos y establecer cuáles requieren intervención prioritaria del organismo de control.
La Contraloría dispone de herramientas de seguimiento sobre proyectos considerados críticos y obras inconclusas. La nueva dirección pretende combinar esa información con análisis tecnológicos y presencia territorial.
El objetivo será identificar tempranamente señales como retrasos, modificaciones contractuales reiteradas, problemas presupuestales, dificultades de ejecución o situaciones que eventualmente puedan representar riesgo para los recursos públicos.
Inteligencia artificial para vigilar el dinero público
La incorporación de inteligencia artificial aparece como uno de los anuncios más novedosos de Laverde.
La Contraloría maneja información procedente de contratos, entidades nacionales y territoriales, ejecución presupuestal, transferencias, regalías y diferentes sistemas públicos.
La propuesta consiste en utilizar herramientas tecnológicas para cruzar y analizar grandes volúmenes de esos datos y generar alertas.
Eso podría permitir, por ejemplo, encontrar comportamientos atípicos o concentraciones que ameriten revisión humana y fiscal.
La inteligencia artificial, sin embargo, no sustituirá las actuaciones administrativas ni las decisiones de responsabilidad fiscal que deben cumplir las garantías del debido proceso. Su función estará principalmente relacionada con la identificación y priorización de riesgos.
Pasar “de la reacción a la prevención”
Ese será uno de los principales desafíos de la administración Laverde.
Tradicionalmente, buena parte del trabajo de los organismos de control ocurre cuando una irregularidad ya fue ejecutada y el objetivo consiste en determinar responsabilidades y recuperar recursos.
El nuevo contralor pretende reforzar la capacidad de advertir riesgos antes de que el daño sea irreversible.
El cambio puede ser particularmente importante en grandes proyectos de infraestructura, programas sociales y contratos financiados con recursos nacionales.
La premisa será sencilla: detectar el problema cuando todavía exista posibilidad de corregirlo y proteger el dinero público.
“Control, Libertad y Orden”, el lema de su administración
Laverde también presentó el lema que acompañará su periodo 2026-2030:
“Control, Libertad y Orden”.
El propio funcionario explicó el significado que quiere darle a esas tres palabras:
“Control, porque es nuestra misión y nuestra responsabilidad con el país; libertad, porque es lo que protegemos cuando garantizamos el buen uso de los recursos públicos; y orden, porque es lo que fortalecemos cuando las instituciones funcionan, las reglas se respetan y los ciudadanos recuperan la confianza”.
Con esa premisa pretende orientar una entidad que constitucionalmente tiene la responsabilidad de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos.
Independencia frente al poder político
Otro de los compromisos anunciados por Laverde será mantener el carácter técnico e independiente del organismo.
“Nuestra gestión será independiente, técnica y orientada a generar resultados que mejoren la vida de las personas”, sostuvo.
El mensaje tiene especial relevancia porque el contralor es elegido por el Congreso, pero una vez posesionado debe ejercer el control fiscal con autonomía frente al Ejecutivo, el Legislativo y las demás instituciones sujetas a vigilancia.
Laverde aseguró que el resultado de la labor de la Contraloría debe poder observarse más allá de las cifras de procesos abiertos.
“Queremos que el control fiscal deje huella, que las obras se terminen, que los programas sociales cumplan sus objetivos y que los recursos públicos lleguen a donde realmente se necesitan”, señaló.
Fue elegido con 269 votos en el Congreso
La llegada de Laverde a la Contraloría fue precedida por un proceso de selección que comenzó durante el primer semestre de 2026.
La convocatoria incluyó verificación de requisitos, evaluación de conocimientos, valoración de estudios y experiencia y audiencias públicas.
Laverde llegó a la lista de aspirantes después de obtener uno de los mejores resultados dentro del proceso técnico de selección.
Finalmente, el 12 de agosto, el Congreso de la República reunido en pleno lo eligió contralor general para el periodo constitucional 2026-2030.
Obtuvo 269 votos, distribuidos en 95 votos en el Senado y 174 en la Cámara de Representantes.
Su elección contó con un amplio respaldo de diferentes bancadas políticas.
En sus primeras palabras después de ser escogido dejó planteada la orientación que quería imprimirle al organismo:
“Seremos la casa de la transparencia y un templo técnico al servicio del pueblo colombiano”.
También aseguró que asumía el cargo con “la humildad del servidor provincial que nunca olvida sus raíces” y con la responsabilidad de convertirse en guardián del patrimonio público.
Laverde sucede en el cargo a Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien estuvo al frente de la Contraloría durante el periodo anterior.
Laverde tendrá además el desafío de mantener la independencia del organismo frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella, al Congreso que lo eligió y a los sectores políticos que respaldaron su candidatura.
De La Espriella lo posesionó en La Dorada
Aunque Laverde comenzó formalmente esta nueva etapa administrativa el 1 de septiembre, su posesión como contralor se produjo el 25 de agosto de 2026.
El presidente Abelardo De La Espriella encabezó la ceremonia en La Dorada, Caldas, territorio con el que Laverde mantiene una estrecha relación política y profesional.
La elección del lugar tuvo un componente simbólico debido a su extensa trayectoria pública en Caldas.
Durante el acto prestó juramento y quedó habilitado para ejercer como contralor general durante el periodo constitucional que termina en 2030.
¿Quién es Jorge Eliécer Laverde Vargas?
El nuevo contralor llega al cargo después de más de dos décadas de actividad en el sector público, la academia y el Congreso.
Su trayectoria combina derecho, administración pública, actividad política territorial y trabajo legislativo.
Aunque diferentes publicaciones lo identifican como abogado caldense y algunas lo presentan como nacido u oriundo de La Dorada, la hoja de vida oficial que Laverde tenía registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público —SIGEP— de Función Pública señala como municipio de nacimiento Villeta, Cundinamarca.
Su trayectoria pública, sin embargo, ha estado profundamente ligada a Caldas, donde comenzó buena parte de su carrera política y administrativa.
Abogado, doctor y posdoctor en Derecho
Laverde cuenta con una extensa formación académica.
Es abogado y obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad Católica de Colombia.
Posteriormente adelantó formación posdoctoral en Derecho en la Universidad de Bolonia, Italia, una de las instituciones universitarias más antiguas de Europa.
También es magíster en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con formación de maestría en Administración de Negocios —MBA— de la Universidad Autónoma de Manizales.
Siete especializaciones
Su hoja académica incluye además estudios de especialización en diferentes áreas relacionadas con derecho, administración y gestión pública.
Entre ellas figuran Derecho Constitucional, Administración de la Salud, Alto Gobierno, Gestión y Planificación Territorial, Gerencia Financiera y Gerencia Empresarial, además de formación complementaria relacionada con sus áreas profesionales.
Su perfil combina así conocimientos jurídicos con administración financiera y funcionamiento territorial del Estado.
Auditor internacional y formación en defensa
Dentro de su formación complementaria también aparece una certificación como auditor internacional en Londres.
Además, es egresado del Curso de Información Militar y Defensa Nacional —CIDENAL— y ha sido identificado en su trayectoria pública como oficial de la Reserva Profesional de la Policía Nacional.
Más de dos décadas en el servicio público
Su carrera en el sector público comenzó en 2001.
Uno de sus primeros grandes escenarios políticos fue la Asamblea Departamental de Caldas.
Laverde fue diputado de esa corporación entre 2008 y 2011 y posteriormente llegó a ocupar su presidencia.
Esa experiencia consolidó su vínculo político con el departamento y le permitió desarrollar parte de su carrera alrededor de la administración territorial.
Su paso por la Procuraduría
Entre 2012 y 2013 se desempeñó como procurador judicial de la Procuraduría General de la Nación.
Ese cargo le permitió ampliar su experiencia en organismos de control antes de trasladarse posteriormente al Congreso de la República.
Más de una década en el Congreso
Desde 2014 desarrolló una parte sustancial de su trayectoria profesional en el Legislativo.
Ejerció como secretario general de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, espacio desde el cual adquirió experiencia en el funcionamiento del Congreso y en sectores como infraestructura, transporte, comunicaciones, servicios públicos y educación, entre otros asuntos de competencia de esa célula legislativa.
Precisamente desde ese cargo llegó al proceso de selección para convertirse en contralor general.
Docente e investigador
Laverde también ha desarrollado una trayectoria académica como docente e investigador.
Ha participado en escenarios nacionales e internacionales relacionados con gestión pública, innovación, seguridad, gobierno y transformación digital.
Ese componente académico es uno de los elementos que ahora pretende trasladar al modelo tecnológico de vigilancia fiscal que propone para la Contraloría.
El desafío: que la tecnología produzca resultados
La promesa de una Contraloría “predictiva, tecnológica y descentralizada” será puesta a prueba durante los próximos cuatro años.
La inteligencia artificial y la analítica de datos pueden generar alertas, pero el verdadero resultado dependerá de que esas advertencias conduzcan a actuaciones oportunas y respetuosas del debido proceso.
La descentralización, por su parte, dependerá de la capacidad que reciban efectivamente las gerencias departamentales y de la presencia que pueda ejercer la entidad en zonas alejadas de Bogotá.
Laverde asegura que quiere que el control fiscal tenga un efecto visible sobre la vida cotidiana.
Su mensaje al comenzar la administración resume la apuesta:
“Queremos que el control fiscal deje huella, que las obras se terminen, que los programas sociales cumplan sus objetivos y que los recursos públicos lleguen a donde realmente se necesitan”.
Desde este 1 de septiembre, Jorge Eliécer Laverde Vargas tendrá cuatro años para demostrar si esa propuesta consigue transformar la vigilancia fiscal del país y si la Contraloría logra anticiparse a los riesgos antes de que los recursos públicos se pierdan.
