Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó este 1 de septiembre la solicitud para imputar a Laura Camila Sarabia Torres, excanciller, exdirectora del Dapre, exjefe de Gabinete y exembajadora de Colombia en Reino Unido. La Fiscalía la señala como presunta responsable de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado por los hechos relacionados con la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza después de la desaparición de una maleta con dinero y documentos de la residencia de Sarabia. La audiencia quedó programada para el próximo 14 de septiembre a las 9:00 de la mañana en Paloquemao.
El caso de Marelbys Meza, que durante más de tres años ha provocado investigaciones, condenas contra integrantes de la Policía y una de las crisis políticas del anterior gobierno de Gustavo Petro, llega ahora directamente a Laura Sarabia.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia para formular imputación contra Laura Camila Sarabia Torres, una de las funcionarias que mayor poder acumuló durante la administración Petro.
“Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acaba de radicar solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de Laura Camila Sarabia Torres como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado”, informó la Fiscalía.
El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao programó la diligencia para el lunes 14 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Ese día, ante un juez de control de garantías, la Fiscalía expondrá formalmente los hechos jurídicamente relevantes que atribuye a Sarabia y explicará por qué considera que habría participado en las actuaciones que terminaron con Marelbys Meza sometida a una prueba de polígrafo.
Dos delitos: abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado
Finalmente serán dos delitos que la Fiscalía pretende imputar: abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
La Fiscalía concentrará la imputación en lo ocurrido entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando desapareció una maleta de la residencia de la entonces jefa de Gabinete y comenzaron una serie de actuaciones para intentar determinar qué había ocurrido con el dinero.
“Los hechos están relacionados con lo acontecido entre el 27 y 29 de enero de 2023, cuando la señora Marelbys Meza habría sido constreñida a someterse a una prueba de polígrafo luego de la pérdida de una maleta de propiedad de Sarabia Torres, entonces jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, que contenía documentación y dinero”, explicó la Fiscalía.
¿Qué pasó con la maleta con dinero de Laura Sarabia?
El origen de todo el expediente se remonta a enero de 2023.
Laura Sarabia era entonces jefa de Gabinete de la Presidencia de la República y una de las personas más cercanas al entonces presidente Gustavo Petro.
En su residencia se reportó la desaparición de una maleta que contenía documentos y una cantidad de dinero.
Las versiones conocidas públicamente durante estos años han presentado diferencias sobre la suma exacta que había desaparecido.
Las sospechas terminaron concentrándose sobre personas que tenían acceso a la vivienda. Entre ellas estaba Marelbys Meza Buelvas, quien trabajaba como niñera del hijo de Sarabia. Meza negó haber tomado el dinero.
Lo que ocurrió después terminó convirtiendo un episodio inicialmente doméstico en un escándalo de Estado.
Marelbys Meza fue llevada a un edificio de seguridad presidencial
El 30 de enero de 2023, Marelbys Meza fue trasladada a dependencias relacionadas con la seguridad de la Presidencia, en el sector de Casa de Nariño.
Allí fue sometida a una prueba de polígrafo.
La discusión judicial que ha acompañado el expediente desde entonces no se limita a establecer que el examen efectivamente ocurrió —hecho que ha sido ampliamente documentado—, sino a determinar quién ordenó realizarlo, bajo qué facultades, de qué manera fue trasladada Meza, si podía negarse libremente y si funcionarios y recursos estatales fueron utilizados irregularmente para resolver la desaparición de dinero de una residencia particular.
Ese último punto es precisamente el que ahora alcanza directamente a Sarabia.
La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para llevarla ante un juez e imputarle los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
La tesis de la Fiscalía
El ente investigador pretende establecer que Marelbys Meza habría sido presionada para someterse al procedimiento.
La condición de Sarabia en ese momento resulta especialmente relevante: no era simplemente la empleadora de Meza, sino la jefa de Gabinete del presidente de la República, con acceso a funcionarios y estructuras de seguridad de la Presidencia.
La Fiscalía deberá explicar en la audiencia del 14 de septiembre cuáles fueron concretamente las actuaciones que atribuye a Sarabia y qué evidencia permite vincularla con la decisión de practicar el polígrafo.
Hasta ahora, Sarabia ha negado haber ordenado irregularmente el procedimiento.
Un testigo clave asegura: “Laura Sarabia dio la instrucción”
Uno de los acontecimientos que cambió recientemente el rumbo de la investigación fue la colaboración del capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica Cordón.
Mojica está involucrado en otro capítulo del mismo escándalo: las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas contra Marelbys Meza y Fabiola Perea.
El pasado 29 de julio, un juez de control de garantías avaló un principio de oportunidad parcial otorgado al oficial. Mojica aceptó responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones y se comprometió a colaborar como testigo de la Fiscalía.
La acción penal por ese delito quedó parcialmente suspendida durante 12 meses mientras cumple sus compromisos con la justicia.
Pero el elemento de mayor trascendencia para Sarabia apareció en la matriz de colaboración presentada dentro de ese acuerdo.
Según lo conocido del expediente, Mojica se comprometió a declarar sobre el origen de la orden para practicar el polígrafo.
“Laura Sarabia dio la instrucción”, sostuvo el oficial sobre el procedimiento practicado a Marelbys Meza.
Ese señalamiento constituye la versión de un testigo que deberá ser contrastada dentro del proceso y no equivale, por sí solo, a una declaración judicial de responsabilidad contra la exfuncionaria.
El segundo capítulo: las “chuzadas” a Marelbys y Fabiola
Mientras avanzaba la investigación sobre el polígrafo, apareció otro hecho todavía más grave.
Los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, otra exempleada vinculada al entorno doméstico de Sarabia, fueron interceptados ilegalmente.
Para conseguir autorización judicial, integrantes de la Policía manipularon información y consiguieron que ambas mujeres fueran incorporadas irregularmente a una investigación contra el Clan del Golfo.
Meza fue presentada falsamente como una supuesta integrante de la organización criminal y Perea quedó igualmente vinculada a reportes utilizados para conseguir la interceptación de sus comunicaciones.
De esta manera, investigadores pudieron escuchar sus conversaciones mientras intentaban determinar qué había ocurrido con el dinero desaparecido.
Ese episodio abrió una investigación penal paralela que ya produjo condenas.
Es importante diferenciar ambos capítulos: la imputación anunciada este 1 de septiembre contra Laura Sarabia está directamente relacionada con el polígrafo y los hechos que la Fiscalía encuadra como abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. Las interceptaciones ilegales forman parte del contexto más amplio del caso Marelbys y han generado procesos contra otros funcionarios.
Ya hay policías condenados por las interceptaciones
El expediente de las “chuzadas” dejó de ser solamente una investigación.
La justicia ya ha proferido condenas contra integrantes de la Policía por haber utilizado información falsa para conseguir las interceptaciones.
Entre los condenados están el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredy Morales.
Un juzgado de Bogotá determinó que los uniformados utilizaron informes falsos para hacer pasar a Marelbys Meza y Fabiola Perea como supuestas integrantes del Clan del Golfo y conseguir así que sus líneas telefónicas fueran intervenidas.
Correa fue condenado a 11 años y cuatro meses de prisión, mientras Morales recibió una pena de 12 años y dos meses, de acuerdo con las decisiones judiciales conocidas en octubre de 2025.
Los delitos establecidos en esos procesos incluyeron falsedad en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
Estas condenas demostraron judicialmente que sí existió una operación ilegal para intervenir los teléfonos de las exempleadas.
Lo que cada proceso debe determinar separadamente es quién conocía, promovió u ordenó las diferentes actuaciones.
Óscar Mojica será testigo de la Fiscalía
La situación del capitán Óscar Leandro Mojica es diferente.
En lugar de llegar inmediatamente a juicio por la totalidad de los hechos investigados, obtuvo un principio de oportunidad parcial a cambio de entregar información y convertirse en testigo de cargo contra otras personas involucradas.
El oficial aceptó su responsabilidad por violación ilícita de comunicaciones.
Según la Fiscalía, su colaboración puede ayudar a reconstruir la cadena de decisiones que condujo tanto a las interceptaciones como a otros episodios alrededor del caso.
Precisamente por eso su declaración sobre la supuesta instrucción de Sarabia para realizar el polígrafo adquirió especial importancia en las últimas semanas.
El coronel Óscar Dávila y otro capítulo del expediente
Otro nombre que quedó vinculado al caso fue el del coronel Óscar Dávila, integrante del esquema de seguridad de la Presidencia y relacionado con las dependencias donde se realizaban pruebas de polígrafo.
Dávila murió en junio de 2023, cuando el escándalo estaba en plena investigación.
Durante años surgieron especulaciones alrededor de su muerte. Sin embargo, la Fiscalía cerró en marzo de 2026 la investigación penal correspondiente después de concluir que no encontró elementos que permitieran desvirtuar la hipótesis de suicidio.
Por esa razón, cualquier afirmación diferente sobre las circunstancias de su muerte debe distinguirse de la conclusión oficial alcanzada por el ente investigador.
Otros integrantes de la Policía han pasado por el expediente
La investigación sobre el caso Marelbys no se limita a Sarabia, Mojica, Correa y Morales.
Durante estos años diferentes funcionarios de la Policía y miembros relacionados con la seguridad presidencial han sido investigados para determinar su eventual participación en el traslado de Meza, la práctica del polígrafo, la elaboración de documentos y las interceptaciones.
Algunos han enfrentado imputaciones, otros llegaron a juicio y varios capítulos continúan abiertos.
La complejidad del expediente radica precisamente en que no existe un único hecho: comenzó con una maleta desaparecida, continuó con un polígrafo y posteriormente permitió descubrir interceptaciones telefónicas obtenidas mediante información falsa.
La investigación contra Sarabia cambió varias veces de despacho
El proceso contra Laura Sarabia también atravesó una particular situación jurídica debido a los diferentes cargos que ocupó durante el gobierno Petro.
Después de salir inicialmente de la Casa de Nariño, regresó al Ejecutivo como directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Posteriormente fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), llegó a ser ministra de Relaciones Exteriores y más adelante fue designada embajadora de Colombia ante el Reino Unido.
Algunos de esos cargos modificaron las reglas de competencia para investigarla y llevaron el expediente a despachos de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Ahora es precisamente una fiscal delegada ante la Corte Suprema la que tomó la decisión de solicitar formalmente la audiencia de imputación.
La Fiscalía no había informado públicamente, al momento del anuncio, el nombre de la fiscal que comparecerá a la diligencia del 14 de septiembre; por ello, lo confirmado oficialmente hasta ahora es su condición de fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
De poderosa funcionaria del Gobierno Petro a una audiencia penal
Laura Camila Sarabia Torres fue una de las figuras de mayor confianza del expresidente Gustavo Petro.
Su ascenso dentro del Gobierno fue particularmente rápido.
Comenzó como jefa de Gabinete y salió de la Casa de Nariño en junio de 2023 precisamente en medio del escándalo relacionado con Marelbys Meza y la crisis política que también involucró al entonces embajador Armando Benedetti.
Meses después regresó al Gobierno.
Dirigió Prosperidad Social, posteriormente asumió el Dapre y en enero de 2025 fue nombrada canciller de Colombia. Más adelante ocupó la Embajada de Colombia en Reino Unido.
Ahora, más de tres años después de los acontecimientos de enero de 2023, deberá comparecer ante un juez para escuchar formalmente los cargos que pretende formularle la Fiscalía.
Sarabia ya había reaccionado ante la posibilidad de una imputación
Cuando durante el fin de semana comenzó a conocerse que la Fiscalía preparaba una decisión en su contra, Sarabia publicó un mensaje en el que manifestó respeto por las autoridades.
“Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones”, señaló.
También se refirió directamente a Marelbys Meza:
“Deseo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”.
La exfuncionaria tendrá ahora la posibilidad de ejercer su defensa dentro del proceso penal.
¿Qué ocurrirá el 14 de septiembre?
La diligencia está prevista para las 9:00 de la mañana en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá.
Un juez de control de garantías escuchará a la Fiscalía.
El ente acusador deberá individualizar a Sarabia, exponer los hechos jurídicamente relevantes y comunicarle formalmente que la investiga como presunta responsable de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
La imputación no significa que Sarabia tenga que aceptar los cargos ni implica automáticamente una condena.
Tampoco es todavía un escrito de acusación.
Después de la imputación, la Fiscalía podrá continuar la investigación y posteriormente deberá decidir, dentro de los términos legales, si presenta una acusación formal para llevarla a juicio o adopta otra determinación jurídicamente procedente.
Un caso que comenzó con una maleta y terminó sacudiendo al poder presidencial
El expediente comenzó con la desaparición de una maleta con documentos y dinero de una residencia particular.
Pero lo ocurrido posteriormente terminó involucrando estructuras estatales.
Una exempleada fue llevada a una dependencia relacionada con la seguridad presidencial y sometida a un polígrafo; después se descubrió que ella y otra mujer habían sido convertidas falsamente en supuestas integrantes del Clan del Golfo para interceptar sus teléfonos.
Esas interceptaciones ya produjeron condenas contra policías.
Un capitán aceptó responsabilidad y se convirtió en testigo de la Fiscalía.
Y ahora, por primera vez, Laura Sarabia deberá comparecer ante un juez para ser formalmente imputada por su presunta participación en uno de los episodios centrales del escándalo.
La cita será el próximo 14 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
Ese día se conocerá con mayor precisión la evidencia y la teoría jurídica con las que la Fiscalía pretende sostener que la entonces jefa de Gabinete abusó presuntamente de su función y participó en el constreñimiento de Marelbys Meza para someterla a la prueba de polígrafo.
