Por estos días, los integrantes de las comisiones económicas del Congreso de la República, en un plazo que no puede superar el 15 de septiembre según lo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, debemos determinar el monto del Presupuesto General de la Nación para el 2025.
No se trata de una decisión light o cualquiera que se pueda omar a las carreras, pues si el monto del Presupuesto de Gastos o Ley de apropiaciones, se aprueba por encima de los ingresos proyectados, automáticamente tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes le estarían enviando un mensaje muy grave al País, en el sentido de que aprobaremos a renglón seguido, una Reforma Tributaria llamada con fino maquillaje, “Ley de Financiamiento”, que en términos contantes y sonantes, no es otra cosa que más impuestos para los Colombianos, con todo y lo que ello significa, en materia de incertidumbre, desesperanza, pérdida de empleos y fuga de capitales, que podríamos resumir básicamente en decrecimiento de la economía como ocurrió en 2023 cuando nos asomamos a la debacle de la recesión como producto de la Reforma Tributaria de 2022 a la que nos opusimos.
Es por ello que frente al Presupuesto de Gastos propuesto por el Gobierno en un monto de 523 Billones de pesos, algunos congresistas han sugerido reducirlo a 511 Billones, es decir, 12 Billones menos, pues los ingresos proyectados por el Gobierno para el 2025 son justamente de 511 Billones de pesos.
Algunos pensamos que además de tener el deber patriótico de eliminar cualquier fantasma que anuncie el advenimiento de reformas tributarias, tenemos incluso una responsabilidad mayor, cual es la de no hacer cuentas alegres con los potenciales ingresos del Estado en 2025, los cuales a nuestro juicio, y apoyados en lo sostenido por el COMITÉ AUTÓNOMO DE LA REGLA FISCAL, no estarían en el orden de 511 Billones de Pesos, sino a lo sumo en el orden de 483.5 Billones de pesos. Recordemos que el Presupuesto de 2024 ya fue objeto de un recorte en suma de 20 Billones de pesos, y se estima que habrá que aplazar y/o reducir otros 26 Billones, situación está que nos indica y sugiere que la proyección del Presupuesto de 2025, no puede tener como punto de partida el Presupuesto originalmente aprobado para el año 2024 en cuantía de 502.6 Billones, sino dicho monto, descontándole los 46 Billones que durante la presente vigencia no ingresarán a las arcas del Estado, por el pésimo desempeño de la economía.
Por estas razones, lidero en compañía de algunos Senadores una proposición que ya fue radicada, que busca reducir el Presupuesto de Ingresos a sus justas proporciones, esto es, no a 511 Billones, sino a 483.5 Billones.
Y es que el Congreso de la República no puede ser un convidado de piedra en estas lides. Vale recordar, que la Constitución definió reglas en materia presupuestal que podríamos clasificar en a) reglas de competencia, que asignan funciones concretas a las autoridades en el proceso presupuestal; b) reglas de procedimiento que definen el trámite a seguir en relación con algunas de las etapas y operaciones sobre el presupuesto; y c) disposiciones materiales, que definen los contenidos del presupuesto.
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Según las reglas de competencia, el Gobierno propone, pero el Congreso dispone, pues claramente “NO HAY GASTO SIN REPRESENTACIÓN”, expresión está que hemos adaptado de aquel famoso grito revolucionario estadounidense que también hoy replicamos: “NO HAY IMPUESTOS SIN REPRESENTACIÓN”.
Y es que este principio de que “NO HAY GASTO SIN REPRESENTACIÓN” se queda simplemente en una ilusión y en el discurso, cuando se aprueban Presupuestos con ingresos inflados, pues a la hora de hacer los aplazamientos y/o reducciones del gasto, es el Gobierno Nacional el que goza de dicha competencia, determinando y priorizando en últimas el ejecutivo y no el legislativo a través de la corporación de elección popular, en que se gasta el dinero que se recauda como producto de los impuestos de los Colombianos.
La jurisprudencia constitucional ha explicado que el principio de legalidad del presupuesto, con énfasis en la legalidad del gasto, constituye uno de los principales rasgos de los Estados democráticos.
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El presupuesto debe ser debatido y aprobado en un espacio de democracia representativa. Cuando el Presupuesto se debate y se aprueba como en este caso por el Congreso de la República, pero se hace estimando ingresos fantasiosos e irreales, el Congreso implícitamente está renunciando a tan importante competencia, pues en últimas está dejando en manos del Gobierno la potestad de definir en qué se gasta los ingresos reales que efectivamente entrarán a las arcas del Estado, cuando a través de Decretos defina qué gastos aplaza o suprime como consecuencia de lo que ya era previsible, y es que los ingresos estimados, durante la vigencia fiscal nunca llegarían.
Con respecto a las reglas de procedimiento, aunque intentamos antes del 15 de agosto, devolver el Presupuesto para que el mismo Gobierno con sensatez y ponderación lo ajustara, nuestra proposición aunque gozo de más votos afirmativos que negativos, no logró producir el efecto esperado, pues el Gobierno hizo de las suyas para promover una práctica que generalmente critica, pero que ahora incoherentemente puso en práctica, como fue desbaratar el quorum. Esas mismas reglas de procedimiento indican que el monto debe ser aprobado antes del 15 de septiembre, para cuyo efecto no creo que el Gobierno logre persuadir en esta oportunidad a los Congresistas de las comisiones económicas, por cuanto aprobar el monto pretendido por el Gobierno es tanto como mostrar complacencia, con la aprobación de más impuestos a través de una futura pero no muy lejana reforma tributaria. Por lo menos con mi voto y con el de los Congresistas del Centro Democrático el gobierno el gobierno si sabe contar, no podrá contar con nosotros.
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Finalmente, con respeto a los límites materiales sobre el contenido de la ley anual del presupuesto, la Constitución en su artículo 346 precisa que esa ley debe elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y debe corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. Justamente, para cumplir la regla fiscal en el 2024, el Gobierno Nacional tendrá que aplazar y/o reducir gastos en los próximos días, en un monto aproximado de 26 Billones de pesos que no tienen cómo ser financiados, dada la caída vertiginosa de los ingresos.
Aprobar el presupuesto de 2025 dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, implica, no hacer cuentas alegres, irreales ni fantasiosas. Debe proyectarlo como suele hacerse, teniendo en cuenta el Presupuesto General de la Nacion anterior, en este caso el de 2024, que si bien fue aforado en 502.6 Billones inicialmente, tendrá que ser reducido como mínimo en 46 Billones, 20 que ya se aplazaron y 26 Billones que seguramente serán aplazados en los próximos días conforme a las recomendaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal; por ello, hablando justamente en términos de sostenibilidad fiscal, es que la iniciativa con la que cuenta el Gobierno Nacional para proponerle al Congreso un Presupuesto de Rentas y una ley de apropiaciones no es absoluta, tiene sus límites en la propia Constitución y en la ley.
