La excongresista del Pacto Histórico, María José Pizarro, rechazó los señalamientos que la vinculan con las denuncias sobre una presunta red de mujeres que habrían recibido contratos en entidades públicas a cambio de favores sexuales al expresidente Gustavo Petro. La dirigente política aseguró que se trata de una campaña de desprestigio y anunció acciones judiciales para defender su nombre.
La controversia alrededor de las denuncias sobre presuntos contratos irregulares y favores sexuales en el entorno del Gobierno Petro sigue creciendo. Esta vez, la exsenadora y precandidata presidencial María José Pizarro salió al paso de los señalamientos que la mencionan dentro de una denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia y aseguró que las acusaciones carecen de pruebas.
A través de un extenso pronunciamiento en redes sociales, la dirigente política afirmó que está siendo víctima de una estrategia para afectar su imagen pública y su futuro político. “Aquí estoy y aquí sigo, enfrentando con dignidad y sin miedo lo que hemos logrado”, expresó.
El origen de las denuncias
La polémica surgió tras las declaraciones de Deicy Jiménez, una mujer de 29 años que aseguró en una entrevista concedida a la revista Semana haber formado parte de una supuesta red de mujeres cercanas al entorno político del petrismo.
Según su relato, habría obtenido vinculaciones laborales en diferentes entidades públicas, entre ellas dependencias del Congreso de la República, presuntamente después de sostener relaciones con el entonces senador y posteriormente presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con información divulgada en medios nacionales, la denunciante habría tenido varios contratos en entidades estatales, incluidos contratos en el Congreso, el Ministerio del Interior y otras dependencias gubernamentales.
Las declaraciones llevaron a que organizaciones ciudadanas y veedurías solicitaran investigaciones para establecer si existió tráfico de influencias o utilización irregular de recursos públicos en procesos de contratación.
¿Por qué fue mencionada María José Pizarro?
El nombre de María José Pizarro apareció dentro de una denuncia presentada por la veeduría Colombia Transparente ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La acción judicial busca determinar si existieron irregularidades en algunos procesos de contratación adelantados dentro de dependencias legislativas durante la época en que Gustavo Petro ejercía funciones como senador.
Según los denunciantes, parte de los hechos relatados por Deicy Jiménez mencionan gestiones relacionadas con documentación y actividades desarrolladas en el Congreso cuando Pizarro integraba la mesa directiva de la corporación en calidad de vicepresidenta.
Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial que vincule formalmente a la excongresista con alguna conducta irregular.
La defensa de la excongresista
Pizarro calificó las acusaciones como infundadas y aseguró que hacen parte de una campaña orientada a destruir su reputación ante la opinión pública.
“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre”, manifestó la dirigente política en su cuenta de X.
La exsenadora sostuvo que su trayectoria pública ha estado ligada a la defensa de los derechos de las mujeres y negó cualquier participación en supuestos intercambios de contratos por favores personales.
“Jamás cohonestaré con una situación como la que se insinúa. He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida”, señaló.
Asimismo, cuestionó el tratamiento que algunos medios y usuarios en redes sociales han dado al caso y pidió que las acusaciones sean verificadas por las autoridades antes de emitir juicios de responsabilidad.
La investigación avanza en varias direcciones
Mientras se desarrollan estas controversias políticas, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una noticia criminal para verificar las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en contratación dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otros ámbitos del Gobierno Petro.
Los investigadores también buscan reconstruir la línea de tiempo de más de 40 contratos que habrían sido otorgados durante los primeros años de la administración y que, según las denuncias conocidas públicamente, podrían estar relacionados con posibles favorecimientos indebidos.
Dentro de las diligencias anunciadas se contempla la toma de declaraciones de funcionarios y exfuncionarios, así como la revisión de contratos, hojas de vida y documentación administrativa.
La Corte evaluará si abre una indagación
Por ahora, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia revisar los documentos aportados por los denunciantes y determinar si existen méritos suficientes para abrir una indagación preliminar frente a los hechos denunciados.
Mientras tanto, María José Pizarro insistió en que defenderá judicialmente su nombre frente a cualquier acusación que considere falsa o carente de sustento.
“De ser necesario, ante cada afirmación falsa o relación que se haga con mi nombre y mis actuaciones, sin sustento, acudiré a los estrados judiciales”, concluyó la dirigente política.
La investigación continúa en una fase preliminar y, hasta el momento, las autoridades no han formulado cargos ni establecido responsabilidades contra las personas mencionadas en las denuncias.
