La Fiscalía General de la Nación avanza en la reconstrucción de una línea de tiempo de más de 40 contratos que habrían sido suscritos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro. La investigación también busca verificar denuncias públicas sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratación estatal, así como otras versiones divulgadas por exfuncionarias y personas cercanas al entorno presidencial.
Los contratos investigados por la Fiscalía en el Dapre se han convertido en uno de los ejes centrales de la noticia criminal abierta el pasado 23 de octubre, en medio de una creciente controversia política y judicial que involucra al expresidente Gustavo Petro y a varios exfuncionarios de la Casa de Nariño.
La investigación se encuentra en etapa preliminar y tiene como objetivo establecer si existieron irregularidades administrativas o posibles conductas penales en procesos de contratación realizados durante los primeros meses del gobierno.
La línea de tiempo que reconstruye la Fiscalía
De acuerdo con información revelada por medios nacionales, un equipo especializado de investigadores judiciales está reconstruyendo la cronología de más de 40 contratos que habrían sido otorgados a mujeres vinculadas de alguna manera al entorno presidencial.
Según las primeras verificaciones, la mayor concentración de esos contratos se habría presentado entre agosto de 2022 y abril de 2023, periodo en el que el Dapre era dirigido por Mauricio Lizcano.
Los investigadores buscan determinar quién autorizó los procesos contractuales, cuáles fueron los criterios de selección, si existió justificación técnica para las vinculaciones y si hubo intervención indebida de funcionarios de alto nivel.
La Fiscalía también revisa expedientes administrativos, estudios previos, hojas de vida, funciones asignadas y soportes de ejecución de los contratos.
Las declaraciones que detonaron el caso
La controversia tomó fuerza tras las declaraciones públicas de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien realizó señalamientos sobre supuestas situaciones ocurridas dentro de la administración.
Posteriormente, Deicy Jiménez entregó versiones ante medios de comunicación en las que aseguró que algunas mujeres habrían obtenido contratos públicos a cambio de favores de carácter sexual.
Estas afirmaciones han generado un fuerte debate político y llevaron a la apertura de la noticia criminal para verificar si existe evidencia que permita respaldar tales acusaciones.
¿Quiénes serán llamados a declarar?
La Fiscalía citará a funcionarios y exfuncionarios relacionados con los hechos investigados.
Entre las personas que podrían ser escuchadas en las próximas semanas se encuentran exdirectoras del Dapre y antiguos integrantes de la administración presidencial que tuvieron participación en procesos administrativos o de contratación durante el periodo bajo revisión.
Las diligencias buscan establecer responsabilidades individuales y aclarar cómo se tomaban las decisiones relacionadas con la vinculación de personal en la Presidencia de la República.
La hipótesis de las más de 38 mujeres vinculadas al entorno presidencial
Otra de las líneas de investigación surge de versiones conocidas públicamente en las que se menciona la presunta existencia de decenas de mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios o diferentes modalidades de contratación dentro de entidades estatales.
Los investigadores buscan verificar si esas vinculaciones realmente existieron, cuáles fueron sus funciones, en qué entidades prestaron servicios y si dichas contrataciones siguieron los procedimientos legales exigidos por la normativa colombiana.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de irregularidades y tampoco han formulado cargos contra ninguna de las personas mencionadas en el caso.
Las denuncias sobre presunto consumo de drogas
Paralelamente, otra controversia ha surgido por declaraciones públicas en las que se menciona un supuesto consumo de sustancias psicoactivas en momentos previos a reuniones de alto nivel del Gobierno, incluidos algunos consejos de ministros.
Estas manifestaciones también han sido objeto de amplio debate mediático y político.
No obstante, hasta ahora no se conoce que exista una investigación penal formal sustentada en pruebas concluyentes sobre esos señalamientos. Las afirmaciones permanecen en el terreno de las denuncias públicas y deberán ser verificadas por las autoridades competentes si llegaran a ser incorporadas oficialmente a alguna actuación judicial.
¿Qué delitos analiza la Fiscalía?
La noticia criminal fue abierta inicialmente por posibles conductas relacionadas con abuso de función pública, aunque fuentes cercanas al proceso han señalado que el panorama jurídico podría ampliarse si aparecen nuevos elementos de prueba.
Dependiendo de los hallazgos, la Fiscalía podría evaluar la posible existencia de otros delitos contra la administración pública, siempre que existan evidencias suficientes para ello.
Del mismo modo, si la investigación concluye que no hubo irregularidades, el proceso podría ser archivado.
Un caso que apenas comienza
La apertura de la investigación no significa que exista una responsabilidad penal establecida contra el expresidente Gustavo Petro ni contra los exfuncionarios mencionados en las denuncias.
La actuación actual corresponde a una fase de verificación en la que los investigadores deberán contrastar testimonios, revisar documentos y determinar si los hechos denunciados tienen respaldo probatorio.
Mientras avanzan las diligencias, el caso se perfila como una de las investigaciones más sensibles para la justicia colombiana, debido a las implicaciones políticas que tiene y al nivel de los funcionarios que podrían ser llamados a declarar en los próximos meses.
