La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos contra dos personas que supuestamente formaban parte de una red de corrupción que influyó de manera indebida en procesos contractuales en varias regiones del país.
La investigación se centra en contratos realizados entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa estatal ‘Proyecta Quindío’ en Tolima y Quindío, con un valor total de 9.376 millones de pesos. Según la Fiscalía, ‘Proyecta Quindío’ habría utilizado su régimen de contratación exceptuada de manera indebida para seleccionar contratistas e interventores que previamente habrían sido recomendados por los líderes de la red criminal.
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Los acusados son Katherine Rivera Bohórquez, quien trabajaba en la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Ciro Ramírez , y el contratista Anderson González González, a quienés se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, los cuales no fueron aceptados.
Rivera Bohórquez, en su papel como enlace de un senador, habría comunicado con funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para influir y direccionar la asignación de 15 contratos de obra e interventoría, en donde 11 de estos contratos fueron otorgados directamente e irregularmente a Anderson González González y algunas empresas en las que tenía participación.
A través de las actividades investigativas, se encontró que el contratista recibió información privilegiada anticipadamente sobre los procesos de licitación, lo que le permitió ajustar sus propuestas para asegurarse de ganar los contratos; ademas de un presunto pago de 1.000 millones de pesos como parte del favorecimiento, dirigido a los líderes de la red de corrupción.
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Los contratos se realizaron en varios municipios de Tolima y comprenden la construcción de vías con placa huella, pavimentación en concreto rígido, y otros proyectos, los cuales ascienden en total a 9.376 millones de pesos, es por esto que la Fiscalía ha enviado las pruebas a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para que se investigue la posible implicación del congresista Ciro Ramírez.
