La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para establecer si existieron irregularidades en procesos de contratación dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otros entornos del Gobierno del expresidente Gustavo Petro. La actuación surge tras denuncias públicas sobre presuntos beneficios laborales y contractuales a cambio de favores personales, señalamientos que están bajo verificación judicial.
La investigación a Gustavo Petro entró en una nueva fase luego de que la Fiscalía confirmara la apertura de una noticia criminal para determinar si se presentaron conductas irregulares en entidades del Estado durante la pasada administración presidencial.
La decisión se produce después de la controversia generada por las declaraciones de Deicy Jiménez, una mujer que aseguró en medios de comunicación haber conocido presuntas prácticas irregulares relacionadas con contratación pública y favorecimientos dentro de sectores cercanos al petrismo a cambio de favores sexuales.
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¿Qué investiga la Fiscalía?
La Fiscalía abrió una indagación preliminar para verificar posibles irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y en otros escenarios relacionados con la administración de gobierno.
La investigación busca establecer si algunos contratos estatales fueron utilizados de manera indebida para favorecer a determinadas personas, una hipótesis que aún se encuentra en etapa de verificación y sobre la cual no existen decisiones judiciales de fondo.
La noticia criminal fue abierta el pasado 23 de octubre y será asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de un equipo especializado que comenzará la práctica de pruebas y entrevistas.
Entre las primeras actuaciones figuran citaciones a personas que podrían aportar información relevante sobre los hechos denunciados.
Las denuncias que dieron origen al proceso
El caso tomó relevancia pública tras una entrevista concedida por Deicy Jiménez a la revista Semana, en la que afirmó que supuestamente algunas mujeres habrían recibido contratos estatales a cambio de favores personales.
La denunciante aseguró haber trabajado durante varios años con figuras políticas cercanas al petrismo y sostuvo que conoció situaciones que, en su concepto, ameritan investigación judicial.
Tras la difusión de esos señalamientos, distintos sectores políticos solicitaron el esclarecimiento de los hechos y la intervención de los organismos de control.
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Los contratos revisados
En las últimas horas, fueron identificados varios contratos estatales asociados a la denunciante.
Según esos reportes, se encontraron 10 contratos celebrados con entidades públicas:
- Siete contratos con el Congreso de la República.
- Dos contratos con el Ministerio del Interior.
- Un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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¿Qué delito se analiza inicialmente?
Fuentes cercanas al proceso señalaron que la conducta que inicialmente será objeto de verificación corresponde al posible delito de abuso de función pública, previsto en el Código Penal colombiano.
Este delito se configura cuando un servidor público utiliza sus facultades para realizar actos arbitrarios o contrarios a la ley en beneficio propio o de terceros.
Sin embargo, expertos explican que en esta etapa no existe una calificación definitiva. Dependiendo de los hallazgos, la investigación podría:
- Mantenerse en esa línea jurídica.
- Derivar en otros delitos si aparecen nuevos elementos.
- O ser archivada si no se encuentran pruebas suficientes.
La posición del expresidente Gustavo Petro
Hasta ahora no existe ninguna imputación ni acusación formal contra el expresidente Gustavo Petro dentro de esta actuación.
Horas antes de conocerse la apertura de la investigación, Petro rechazó públicamente los señalamientos y aseguró que jamás utilizó el poder público para obtener beneficios personales o relaciones de carácter íntimo, calificando las acusaciones como parte de una operación política en su contra. [focusnoticias.com]
Las autoridades judiciales serán las encargadas de determinar si las afirmaciones realizadas por la denunciante tienen respaldo probatorio o si carecen de sustento.
¿Qué sigue en el proceso?
Al tratarse de una indagación preliminar, la Fiscalía se encuentra en una fase de recolección de información.
Entre las diligencias previstas se encuentran:
- Entrevistas a testigos.
- Revisión de documentación contractual.
- Verificación de hojas de vida y procesos de vinculación.
- Análisis de posibles relaciones entre funcionarios y contratistas.
- Contraste de las declaraciones públicas realizadas por las personas involucradas.
El resultado de estas actuaciones definirá si existe mérito para avanzar hacia una investigación formal o si el expediente debe cerrarse.
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